Por Humberto García Díaz | Director La Conexión.

En cualquier Estado de Derecho que aspire a proteger a sus ciudadanos, la justicia debe responder a un principio fundamental: situar la dignidad, integridad y reparación de las víctimas en el centro de toda decisión institucional. Sin embargo, en el escenario político chileno actual, asistimos con preocupación a un fenómeno recurrente donde las lógicas partidistas y las agendas de trinchera parecen sobreponerse a la responsabilidad primaria del Estado: brindar seguridad y garantías mínimas a quienes sufrieron la violencia de un delito.

El cuestionamiento es inevitable e ineludible: ¿Qué está primero en la escala de valores de nuestra dirigencia: los intereses ideológicos y de partido, o el deber moral de cuidar y reparar a las víctimas de abuso sexual y delitos graves?

La reciente decisión de otorgar beneficios carcelarios, rebajas de condenas o liberaciones anticipadas a condenados por delitos de alta connotación social representa un punto de quiebre alarmante. Lejos de constituir un gesto de modernización penal o una solución técnica al hacinamiento, estas medidas actúan como un proceso explícito de revictimización.

Para una víctima de abuso sexual, el camino hacia la justicia es un proceso doloroso, revictimizante en sí mismo y lleno de barreras institucionales. Conseguir una condena no solo exige valentía, sino el desgaste emocional de someterse a peritajes, declaraciones y exposición. Cuando el Estado, tiempo después, decide acortar voluntariamente el cumplimiento de esa pena, desmantela el débil sentido de justicia alcanzado. Le transmite a la víctima un mensaje desolador: el daño sufrido es negociable y la sentencia penal es solo un trámite maleable según la coyuntura política del momento.

Asimismo, esta flexibilidad frente al cumplimiento efectivo de las penas constituye una verdadera bofetada a la seguridad pública. En un momento donde el país exige señales de firmeza, predictibilidad y control frente al crimen y la violencia, flexibilizar la ejecución penal debilita la eficacia preventiva de la ley. La seguridad pública no se construye únicamente con mayor presencia policial en las calles; se sostiene en la certeza de que el quebrantamiento de la norma penal conlleva consecuencias proporcionales y efectivas.

La política partidista tiene la obligación de medirse por sus resultados en la vida cotidiana de las personas, no por la consecución de consignas o equilibrios de poder interno. Administrar el sistema de justicia penal con sesgo o cálculo político daña la confianza institucional y deja en la desprotección a quienes más ayuda necesitan.

Chile no puede permitirse que la retórica o los pactos de trinchera estén por encima del dolor de una víctima. Es hora de restituir el foco: la prioridad absoluta debe ser siempre la protección, reparación y garantía de no repetición para quienes sufrieron abusos, dejando en claro que la justicia no se negocia ni se rebaja.