Una profunda crisis financiera y judicial golpea el patrimonio de la comuna de San Bernardo. A través de acciones legales derivadas de deudas acumuladas por años —principalmente de carácter laboral—, diversos inmuebles de uso comunitario, fondos destinados a la atención médica primaria y establecimientos educacionales enfrentan una compleja cadena de embargos.

Una crisis patrimonial que arrincona a los barrios

Lo que comenzó como demandas aisladas por incumplimientos laborales se ha transformado en una verdadera tormenta judicial para la administración local de San Bernardo. De acuerdo con antecedentes revelados por reportes de investigación periodística, la acumulación de más de 25 causas judiciales y deudas que rondan los $3.000 millones de pesos ha puesto en la mira directa bienes esenciales para la cohesión social y la prestación de servicios básicos a la ciudadanía.

Entre los bienes más golpeados se encuentran:

  • Sedes sociales y comunitarias: Inmuebles pertenecientes o administrados en el circuito municipal, utilizados históricamente por juntas de vecinos y organizaciones territoriales, han sido objeto de órdenes de embargo. Dirigentes vecinales han manifestado su profunda preocupación, recordando que muchos de estos espacios fueron levantados con el esfuerzo directo de los vecinos y subsidios habitacionales, por lo que su eventual remate fracturaría la vida comunitaria de los barrios.

  • Cuentas y fondos de salud: Las restricciones y retenciones judiciales han alcanzado a cuentas corrientes vinculadas a la gestión de salud. Esto pone en jaque la operatividad diaria de los centros de atención primaria, dificultando la compra de medicamentos, insumos médicos esenciales, el pago de combustible para ambulancias y las remuneraciones del personal clínico y administrativo.

  • Establecimientos educacionales (Liceos y colegios): La crisis también ha salpicado al sector de la educación pública. Diversos recintos escolares, incluyendo establecimientos que concentran decenas de causas judiciales en su contra, enfrentan medidas cautelares que amenazan la estabilidad del sistema educacional comunal.

El debate legal: ¿Bienes públicos inembargables?

El núcleo de la disputa en los tribunales radica en la colisión entre el derecho de los extrabajadores y acreedores a cobrar lo adeudado —respaldado por sentencias judiciales firmes— y el principio de inembargabilidad de los bienes municipales destinados a un servicio o función pública.

Mientras los representantes legales de los acreedores avanzan en las diligencias de embargo para asegurar el pago de indemnizaciones y remuneraciones pendientes, la municipalidad ha sostenido que las sedes comunitarias y recintos educacionales o de salud forman parte indivisible del aparato de servicio público local, argumentando que su enajenación vulnera el fin último de la institución edilicia.

“Permitir el embargo y un eventual remate de estas sedes equivale a matar el alma de nuestras comunidades y de nuestros barrios”, han advertido de forma reiterada actores locales y concejales ante el avance de las ejecuciones judiciales.

Un panorama incierto

Hasta el cierre de los antecedentes revisados, si bien las órdenes de retención y embargo se han decretado formalmente en distintas causas,ninguno de los inmuebles críticos ha llegado a ser rematado. No obstante, la presión financiera continúa incrementándose mes a mes debido a reajustes, intereses y costas procesales, dejando a la comunidad de San Bernardo en un escenario de extrema vulnerabilidad a la espera de soluciones administrativas y judiciales definitivas