• Un informe del órgano contralor reveló desembolsos por más de $3.500 millones a proveedores por servicios no prestados, promediando un costo insólito superior a los $12 millones por ración de comida entregada.

  • La investigación dio pie a un sumario administrativo y al traspaso de antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al Ministerio Público.

La Contraloría General de la República expuso serias anomalías y fallas de control administrativo en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), tras constatar cuantiosos desembolsos a empresas proveedoras por raciones de alimentos que nunca llegaron a las salas de clases.

Entre los hallazgos del ente fiscalizador destaca la fiscalización a los contratos vigentes durante 2022 en la Región de O’Higgins, donde la institución desembolsó la suma de$3.554.518.283 al proveedor Soser S.A. para la entrega estimada de casi 800 mil raciones de once. No obstante, el examen documental confirmó que la empresasolo entregó 284 raciones efectivas. Esta brecha provocó que el costo fiscal promedio por cada comida entregada alcanzara la cifra récord de$12,5 millones de pesos.

Además del descalce entre los montos pagados y la cobertura real, la auditoría identificó:

  • Falta de Toma de Razón: Modificaciones contractuales ejecutadas por la Junaeb que alteraron las estructuras de precios sin ser remitidas previamente al control preventivo de la Contraloría.

  • Falta de transparencia en el programa: Omisión en la publicación de las actualizaciones del Programa Referencial de Alimentos (PRPA), mecanismo base para calcular las porciones fijas contratadas.

  • Pagos sin contraprestación de servicios: Adjudicaciones e incrementos presupuestarios que derivaron en millonarias pérdidas patrimoniales.

Medidas y acciones legales

Frente a la gravedad de los hechos, la Contraloría instruyó la apertura de un sumario administrativo para determinar las responsabilidades funcionarias y derivó la totalidad de las carpetas al Consejo de Defensa del Estado (CDE) con el objeto de iniciar las acciones judiciales dirigidas a restituir los fondos públicos. De forma paralela, los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía ante la eventual existencia de delitos de fraude al Fisco.

Por su parte, la directiva de la Junaeb señaló haber implementado ajustes en los procesos de licitación —incluyendo bandas de precio y restricciones operativas— para evitar distorsiones similares, mientras avanzan las querellas e investigaciones en el Ministerio Público.