Concejales a Honorarios: La Red Invisible que Sobrevive a una Década de Advertencias
Durante más de diez años, distintos municipios del país han repetido una práctica que Contraloría ha declarado incompatible con la ley, pero que sigue operando como si nada: concejales que, mientras ejercen su rol fiscalizador en una comuna, son contratados como asesores, funcionarios u honorarios en otra.
La historia es conocida, los dictámenes son públicos, los reportajes abundan. Sin embargo, el fenómeno persiste.
Y lo más inquietante es que, lejos de ser un conjunto de casos aislados, se trata de una red silenciosa, extendida y normalizada en el sistema municipal chileno.
El origen: 2010, cuando el patrón comenzó a asomar
En 2010, las primeras denuncias parecían episodios menores: concejales que aparecían en planillas de honorarios de municipios vecinos, algunos con funciones difusas, otros con asesorías que nadie sabía explicar.
Los alcaldes defendían los contratos como “aportes técnicos”, mientras los concejales aseguraban que se trataba de “trabajos puntuales”.
Pero los documentos contaban otra historia:
* Boletas mensuales,
* Funciones permanentes,
* Y vínculos laborales que implicaban subordinación directa.
Contraloría intervino temprano. Emitió dictámenes recordando que un concejal no puede recibir remuneraciones de otro municipio, salvo excepciones muy acotadas.
La advertencia quedó registrada.
Pero no frenó nada.
2016: el fenómeno deja de ser rumor y se vuelve sistema
Seis años después, en 2016, la prensa nacional comenzó a detectar un patrón.
En el norte, centro y sur del país aparecían concejales con contratos paralelos en otras municipalidades. Algunos trabajaban en comunas vecinas; otros, en regiones distintas.
Las cifras eran elocuentes:
* Concejales que ganaban más como asesores externos que en su propio cargo.
* Contratos que se renovaban año tras año.
* Funciones que, según testimonios internos, nunca se ejercían presencialmente.
Los reportajes hablaban de una “práctica extendida”, una suerte de economía política municipal donde los cargos se intercambiaban como favores.
Contraloría volvió a pronunciarse.
Pero la red ya estaba instalada.
2018: las investigaciones revelan la profundidad del problema
En 2018, nuevas investigaciones periodísticas destaparon la dimensión real del fenómeno.
No se trataba solo de concejales aislados, sino de estructuras políticas completas que utilizaban los municipios como plataformas de empleo cruzado.
Los documentos mostraban que:
* Concejales eran contratados por municipios gobernados por alcaldes de su mismo partido.
* Algunos tenían doble o triple ingreso municipal.
* Las asesorías se justificaban con informes genéricos, repetidos o inexistentes.
Las entrevistas con funcionarios municipales revelaban un patrón incómodo:
Contraloría abrió nuevos sumarios.
Los municipios prometieron revisar sus prácticas.
Nada cambió.
2020: una década después, la práctica sigue intacta
En 2020, cuando el país enfrentaba una crisis sanitaria y económica, el tema reapareció.
Nuevos casos, nuevas boletas, nuevos contratos.
Los dictámenes de Contraloría se repetían casi calcados a los de 2010:
Pero la advertencia, una vez más, no tuvo efecto.
Los municipios seguían contratando concejales como asesores externos.
Los concejales seguían aceptando.
Y el sistema seguía funcionando como si la incompatibilidad no existiera.
La pregunta incómoda: ¿por qué no se detiene?
La respuesta, según expertos en administración pública, es estructural.
- Falta de fiscalización real
Contraloría puede dictaminar, pero no sancionar directamente.
Los municipios deben ejecutar las sanciones, y muchas veces no lo hacen.
- Redes políticas que se protegen entre sí
Los contratos cruzados suelen darse entre comunas gobernadas por autoridades del mismo sector político.
Son favores que se pagan con favores.
- Ambigüedad deliberada en las funciones
Las asesorías se describen con términos amplios: “apoyo técnico”, “coordinación”, “gestión territorial”.
Es difícil probar que no se realizaron.
- Un sistema municipal fragmentado y débil
La autonomía municipal permite que cada comuna administre sus contratos sin un control centralizado.
Una práctica que sobrevive porque conviene
La persistencia del fenómeno no se explica por desconocimiento de la ley.
Todos los actores involucrados —concejales, alcaldes, directores jurídicos, administradores municipales— conocen los dictámenes.
Lo que existe es una tolerancia institucionalizada, una aceptación tácita de que los municipios pueden funcionar como redes de empleo político.
Para algunos concejales, estos contratos representan ingresos adicionales significativos.
Para algunos alcaldes, representan lealtades políticas aseguradas.
Para el sistema, representan un problema que nadie parece dispuesto a enfrentar.
Conclusión: una década de advertencias ignoradas
Desde 2010 hasta hoy, la historia se repite con precisión casi quirúrgica:
* Se denuncia.
* Contraloría advierte.
* Los medios investigan.
* Los municipios prometen cambios.
* Y la práctica continúa.
Lo que comenzó como una irregularidad aislada terminó convirtiéndose en un síntoma estructural del sistema municipal chileno, un recordatorio de que, en ciertos espacios del Estado, las reglas existen, pero no siempre se cumplen.