En medio de una creciente tormenta política y judicial, el Ejecutivo confirmó la remoción inmediata del Subsecretario de Justicia, Luis Silva. La decisión se tomó tras la revelación de graves irregularidades en los procesos de rebaja de condenas a imputados y condenados por delitos de alta connotación social, sumado a la reciente difusión de un controvertido video institucional emitido sin previa autorización del Ministerio ni de Presidencia.

El hito que terminó por lapidar la gestión de Silva fue la filtración y posterior publicación de un registro audiovisual grabado dentro de dependencias oficiales. En el video, la exautoridad abordaba aspectos reservados de la política penitenciaria y justificaba la revisión de penas para ciertos reclusos, sin haber notificado ni coordinado los vocerías con la ministra del área ni con el comité político de La Moneda.

Reducción de penas bajo la lupa

La salida de Silva no responde únicamente a un error de comunicación. Durante las últimas semanas, la Subsecretaría de Justicia enfrentaba duras críticas por parte del Congreso y de agrupaciones de víctimas, tras detectarse una serie de resoluciones administrativas que beneficiaban con rebajas de condenas y libertad condicional a personas procesadas por delitos graves.

Diversos parlamentarios de oposición e independientes venían exigiendo la renuncia del subsecretario, acusando una «falta de criterio alarmante» en la aplicación de los beneficios carcelarios y una posible vulneración de las normativas vigentes.

«La continuidad del subsecretario Silva se hacía insostenible. No solo se tomaron decisiones sumamente cuestionables en materia de beneficios penitenciarios, sino que la publicación de un video no informado demuestra una falta de alineación y lealtad institucional inaceptable,» señalaron fuentes parlamentarias tras conocerse la noticia.

Reacciones e investigación en marcha

Desde el Gobierno, se limitaron a informar que la salida de Luis Silva busca «resguardar el normal funcionamiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos» y renovar la confianza en una cartera clave para la seguridad públicas y la gestión penitenciaria. En las próximas horas se dará a conocer el nombre de la autoridad interina que asumirá el cargo.

Por su parte, Contraloría y la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados ya alistan citaciones y requerimientos de información para auditar la totalidad de los expedientes de rebaja de condenas aprobados durante el mandato de Silva, con el fin de determinar eventuales responsabilidades administrativas o legales.