• La magistrada de la Corte de Apelaciones del puerto mantuvo esta práctica por cerca de 20 años, abonando un monto mensual de $300 mil pesos a la profesional.

  • El caso escaló hasta la justicia laboral de Santiago, donde finalmente se alcanzó un acuerdo confidencial por una millonaria suma.

Una grave controversia en torno a la función judicial e integridad del Poder Judicial ha salido a la luz tras conocerse que una ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso pagó de manera particular a una abogada externa para que confeccionara y redactara sus resoluciones judiciales durante casi dos décadas.

De acuerdo con los antecedentes del caso, la magistrada encomendó de forma continuada la elaboración de proyectos de fallos y sentencias a una profesional del derecho. Por esta labor, que se extendió por cerca de 20 años —mantenida con especial regularidad por más de una década—, la jueza le depositaba mensualmente la suma de $300.000 (trescientos mil pesos).

Judicialización y acuerdo bajo reserva

La situación trascendió el ámbito privado cuando la abogada prestadora de servicios decidió judicializar el vínculo. La acción fue interpuesta ante un Tribunal del Trabajo de Santiago, exigiendo el reconocimiento de la relación laboral y el pago de prestaciones e indemnizaciones adeudadas por los años de servicio prestados.

El litigio llegó a su fin en la instancia laboral mediante una solución legal bajo estricta reserva y confidencialidad, la cual contempló un millonario acuerdo económico compensatorio para la demandante, cerrando así la arista judicial sin un pronunciamiento público de fondo sobre las implicancias disciplinarias del encargo.

Cuestionamientos a la labor jurisdiccional

El hecho genera profunda preocupación en el foro legal y la opinión pública, dado que la redacción de sentencias es una facultad indelegable del rol jurisdiccional y un pilar del debido proceso. La externalización no oficial de decisiones judiciales mediante pagos particulares abre cuestionamientos sobre la independencia, probidad y transparencia en el ejercicio del cargo.

Hasta el momento, las partes involucradas se han mantenido bajo los términos del acuerdo de confidencialidad suscrito ante los tribunales laborales.