-
Con cerca de 989 mil personas desocupadas y la pérdida absoluta de 81 mil empleos en doce meses, la economía chilena transita desde un problema de absorción hacia una contracción estructural de la fuerza de trabajo asalariada privada.
-
El estancamiento del PIB, la caída de la inversión pública, el aumento acumulado de costos laborales y el auge de la automatización dibujan un panorama complejo que proyecta tasas sobre el 8% hasta al menos 2031, según estimaciones del FMI.
El mercado de trabajo en Chile atraviesa uno de sus momentos más críticos desde el periodo de emergencia sanitaria.Con una tasa de desocupación nacional que alcanzó el 9,6% en el trimestre móvil junio-agosto de 2026 —1,0 punto porcentual superior a la cifra del año anterior—, la cesantía escaló a su nivel más alto desde mayo de 2021, acumulando aproximadamente 989 mil personas sin empleo en el país.
A diferencia del primer semestre de 2026, cuando el alza del indicador respondía principalmente a un mayor ingreso de personas al mercado en búsqueda de trabajo, las cifras recientes confirman un giro cualitativo: la economía comenzó a destruir puestos de trabajo en términos absolutos. En doce meses se contabiliza una pérdida neta de 81.352 empleos (−0,9%), siendo el sector asalariado privado formal el más golpeado (−3,5%).
Factores detrás del fenómeno: Un cruce entre ciclo e inflexión estructural
El deterioro responde a una combinación de factores coyunturales y transformaciones de fondo en la estructura productiva:
-
Inflexión cíclica y shocks de 2026: La actividad económica registra proyecciones de crecimiento del PIB ajustadas a un rango de entre 0,2% y 0,7% para 2026. A esto se suma el shock en los precios de los combustibles —que según Víctor Silva (FAE Usach) llevó el petróleo cerca de los US$100 por barril y disparó el diésel más de 42%—, la caída en la producción minera y una importante subejecución en la inversión pública.
-
Presión en costos laborales y automatización: Análisis del Banco Central señalan que el incremento acumulado en los costos de contratación (alza del salario mínimo a $553.553, la reducción paulatina de la jornada laboral a 40 horas y los mayores aportes previsionales) ha acelerado procesos de automatización. Víctor Silva acota que medidas como el aumento de la cotización patronal «encarecen el costo de contratar», mientras que el economista Felipe Ramírez (Coopeuch) advierte que «el mercado laboral volvió a decepcionar». Como resultado, diversas empresas han ajustado sus dotaciones hacia equilibrios operativos más reducidos.
«No puede descartarse que la debilidad sea más persistente que lo previsto», advirtió el Consejo del Banco Central en su Informe de Política Monetaria (IPoM).
Impacto inmediato y las «cicatrices» de largo plazo
Las repercusiones de este escenario se propagan hacia distintas esferas económicas y sociales:
-
Morosidad y activación del Seguro de Cesantía: La morosidad financiera sobrepasó los 4 millones de personas. Alejandro Weber, decano de la Universidad San Sebastián, atribuye el alza de la deuda morosa a la «fragilidad en el nivel de ingresos del hogar». En paralelo, la Superintendencia de Pensiones ordenó por primera vez desde julio de 2021 la activación de giros adicionales del Fondo de Cesantía Solidario.
-
Emergencia en el empleo juvenil: La desocupación en el segmento de 15 a 24 años alcanza niveles alarmantes, situándose entre el 22,8% y el 24,6%. David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC, sentencia que «ya pocos dudan de que estemos en una emergencia laboral».Por su parte, Juan Bravo, director del OCEC-UDP, explica que cuando las empresas ajustan personal desvinculan primero a los jóvenes por su menor costo de despido, e indica que la meta gubernamental de desempleo es «virtualmente imposible». Asimismo, la tasa de jóvenes que no estudian ni trabajan (Ninis) se elevó al 21,6%.
-
Cesantía prolongada y brechas de género: Cerca de 184 mil personas llevan más de doce meses buscando empleo.Leonardo González, subdirector técnico del INE, advierte un «cambio estructural del año 2014 hasta el año 2026», donde la cesantía de larga duración pasó del 10% a cerca del 20% de los desocupados. En tanto, Benjamín Villena (UNAB) apunta a «condiciones persistentemente desfavorables para las mujeres», mientras que Carmen Cifuentes (Clapes UC) recalca que «todavía es prematuro hablar de un punto de inflexión».
Disparidad regional
El impacto territorial muestra brechas significativas en el país, registrándose seis regiones con tasas de desocupación en dos dígitos.Frente a la situación en la Macrozona Sur, el economista Carlos Smith (UDD) explica que responde a «un shock común en economías intensivas en bienes transables primarios», mientras que el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, calificó el panorama señalando que «es el peor de los últimos años de la historia de nuestra región».

