Las 16 organizaciones gremiales presentaron un petitorio unificado solicitando compensación real del poder adquisitivo, la extensión del teletrabajo a 2030, la reducción de la jornada laboral a 40 horas y mejoras sustanciales en bonificaciones de fin de año.

En el marco del inicio formal de las negociaciones de la Mesa del Sector Público (MSP) con el Ejecutivo, los representantes sindicales y gremiales de los trabajadores del Estado presentaron formalmente sus exigencias de cara al proceso de reajuste salarial. Las 16 organizaciones coordinadas bajo la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) solicitaron un incremento nominal del 6,3% para remuneraciones, apuntando de forma directa a la gestión económica del Gobierno por el encarecimiento del costo de vida y el desgaste inflacionario en los hogares.

La dirigencia laboral cuestionó las proyecciones inflacionarias actuales —que bordean el 4,3% para el año fiscal— argumentando que el incremento acumulado en los precios de productos de primera necesidad, tarifas energéticas y bienes básicos responde en gran parte a decisiones de política económica desacertadas tomadas por las propias autoridades gubernamentales.

Exigencias clave del Petitorio del Sector Público

El documento entregado a los ministerios de Hacienda y del Trabajo abarca remuneraciones, condiciones laborales y proyección institucional para los sectores centralizados, descentralizados, autónomos, municipalidades, gobiernos regionales, universidades del Estado y salud pública:

  1. Reajuste Nominal del 6,3%: La propuesta busca asegurar una recuperación real del salario ajustada por sobre las cifras proyectadas de la inflación del periodo, superando la brecha registrada tras los acuerdos parciales de vigencia anterior.

  2. Elevación de Sueldos Mínimos y Bonificaciones: Se solicita un escalonamiento especial de incremento para los tramos salariales de menores ingresos, además de fijar un Bono de Término de Negociación diferenciado, alcanzando hasta$250.000 para quienes mantengan sueldos líquidos inferiores a $1.030.474 y de $125.000 para rentas superiores a dicho umbral.

  3. Teletrabajo Prolongado hasta 2030: Consolidación y extensión formal de los regímenes de modalidad a distancia en los servicios donde la función pública lo permita.

  4. Implementación de las 40 Horas y Estabilidad Laboral: Agilización del paso gradual a la jornada de 40 horas en el aparato estatal, acompañada del resguardo de la “confianza legítima” y la contención de desvinculaciones injustificadas.

Cuestionamiento al Presupuesto y al costo de la vida

Durante la presentación del Pliego de Peticiones, los voceros expresaron su profunda preocupación por las asignaciones contempladas en el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público presentado por el Ejecutivo. Señalaron que los marcos presupuestarios previstos resultan estrechos e insuficientes para enfrentar la realidad de la pérdida del poder comprador.

«No se trata únicamente de ajustar un guarismo según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), sino de asumir la responsabilidad por el impacto que han tenido las decisiones económicas en el bolsillo de las familias trabajadoras», enfatizaron dirigentes durante la entrega del documento.

Comparativa de la Propuesta vs. Reajuste Anterior

Detalle / Concepto Reajuste Anterior (Acuerdo previo) Exigencia Mesa del Sector Público
Porcentaje de Reajuste Nominal 3,4% acumulado (2,0% retroactivo a dic-2025 + 1,4% en jun-2026) 6,3% nominal unificado
Bono Término de Negociación Montos fijados por tramos de renta de años previos $250.000 (rentas < $1.030.474) / $125.000 (rentas > $1.030.474)
Jornada Laboral y Teletrabajo Avances parciales en la ley de 40 Horas y marcos temporales de teletrabajo Reducción efectiva a 40 horas y teletrabajo asegurado hasta 2030

Próximos pasos e inicio de mesas técnicas

Las 16 organizaciones gremiales advirtieron que mantendrán a sus bases en estado de alerta de cara a las primeras reuniones formales con la comisión negociadora del Gobierno. Hicieron un llamado a las autoridades del Ministerio de Hacienda a mostrar disposición real al diálogo social sin escudarse exclusivamente en argumentos de estrechez fiscal, subrayando que la paz laboral en los servicios estatales dependerá de la acogida que tengan estas demandas en la redacción final del proyecto de ley de reajuste.