Natalia Reyes Inostroza |Abogada
En los conflictos familiares, una denuncia puede ser interpretada a partir de la historia de la relación entre los progenitores. Una separación conflictiva, las disputas por el cuidado de los hijos o las diferencias entre los adultos pueden influir en la forma en que se examinan los antecedentes. El riesgo aparece cuando ese contexto deja de ser un elemento que debe considerarse y termina convirtiéndose en la explicación anticipada de lo denunciado.
Esta tensión adquiere relevancia en la discusión sobre el proyecto de ley que busca sancionar las acusaciones, denuncias o querellas falsas. Proteger a quien enfrenta una imputación deliberadamente inventada es necesario, pero esa finalidad exige distinguir entre una denuncia maliciosa y una situación en que los hechos no logran acreditarse. En los tribunales de familia, donde las relaciones entre los involucrados suelen continuar después de una resolución, esa diferencia puede tener consecuencias que van más allá del proceso judicial.
Que una denuncia se presente durante una separación no significa que busque perjudicar al otro progenitor. Tampoco basta con invocar la protección de los hijos para dar por ciertos los hechos. Corresponde examinar los antecedentes, evaluar las pruebas y adoptar decisiones fundadas, sin reemplazar ese análisis por suposiciones sobre las motivaciones de quien denuncia.
La cautela es especialmente importante cuando se comunican sospechas de abuso o violencia contra niños, niñas y adolescentes. Quien advierte cambios de conducta, recibe un relato o identifica señales preocupantes puede necesitar acudir a las instituciones antes de contar con todos los antecedentes para esclarecer lo ocurrido. Esa información debe evaluarse con seriedad, mediante procedimientos adecuados que protejan a los niños y eviten intervenciones innecesarias o reiteradas.
Esto no significa desconocer el daño que pueden causar las denuncias deliberadamente falsas ni los derechos de las personas denunciadas. Si existen antecedentes de una imputación maliciosa, corresponde investigarla. Pero el conflicto entre los progenitores, por sí solo, no demuestra que una denuncia sea falsa, del mismo modo que la preocupación por un hijo no acredita automáticamente los hechos denunciados.
La justicia de familia debe resolver situaciones complejas, en las que sus decisiones pueden incidir en el cuidado personal, la relación directa y regular y los vínculos familiares. Precisamente por esas consecuencias, el contexto debe contribuir a comprender los antecedentes, no sustituir la prueba ni anticipar conclusiones sobre la conducta de los adultos.
Una legislación que busque sancionar las denuncias falsas debe establecer criterios claros para acreditar la intención de engañar y evitar que una disputa familiar se convierta, por sí misma, en indicio de mala fe. La protección de los niños exige atender las alertas y actuar frente a las imputaciones maliciosas cuando se demuestren. Para cumplir ambas obligaciones, la sospecha no puede ocupar el lugar de la prueba.
