Por Cristián Nieto G.
Periodista
Cualquier ciudadano que haya sido testigo del Chile de los años 90, y que recuerde las coaliciones, los rostros y las formas de hacer política de la época, contestaría sin vacilar: sí, Chile cambió. Y cambió para mal.
Quienes vivimos esa década fuimos testigos de un país que, saliendo de una fractura profunda, entendió que la política era el arte de construir. No era una ingenuidad. Era una decisión consciente. Lo que Andrés Allamand, entonces Presidente de Renovación Nacional, bautizó con acierto como «la democracia de los acuerdos», fue mucho más que una frase feliz. Fue un método. Un método que permitió a adversarios históricos sentarse a una misma mesa y entender que el país estaba por sobre las trincheras.
Esa democracia tenía reglas no escritas: se reconocía al adversario, se concedía, se cedía para avanzar. Se discutía con dureza en el Parlamento y se tomaba un café después. Había coaliciones sólidas, con liderazgos que no necesitaban gritar para ser escuchados.
Hoy, ese país parece una postal amarillenta. Aquella democracia de los acuerdos desapareció. En su lugar se instaló, sin plebiscito y sin aviso, lo que hoy padecemos: la partitocracia.
No es la democracia de partidos que fortalece la representación. Es su deformación. Una estructura donde no se construyen alianzas, ni siquiera entre aliados. Donde cada colectividad se atrinchera en su porcentaje, en su nicho, en su cálculo electoral pequeño. Donde es imposible ponerse de acuerdo sobre mínimos comunes que entiendan y atiendan las necesidades reales de los ciudadanos: seguridad, crecimiento, salud, educación.
La clase política actual vive instalada en una polarización radical, indispuesta no solo a buscar acuerdos, sino incluso a conceder al adversario un reconocimiento básico. El insulto reemplazó al argumento. La funa al debate. El veto permanente a la negociación. Se legisla pensando en la cuña de la tarde y no en la década que viene.
Las consecuencias no son teóricas. Están en las cifras y en la calle.
Reconocidos economistas han sido categóricos: Chile ha perdido siete años irrecuperables para el crecimiento. Siete años en que el país se detuvo, se distrajo de lo esencial y se consumió en sus propias urgencias fabricadas.
El punto de inflexión tiene fecha. Comenzó con el tristemente recordado estallido social de octubre de 2019. Una expresión legítima de malestar que derivó, sin embargo, en una espiral de destrozos, incendios y saqueos de propiedad pública y privada que no respetó nada. No se respetó la universidad, espacio del pensamiento libre. No se respetaron los lugares de culto. No se respetó el pequeño comercio que es sustento de miles de familias. Se normalizó la violencia como forma de interlocución política.
A ese quiebre le siguió la pandemia del COVID-19, que tensionó al Estado al límite y profundizó las brechas sociales y emocionales. Y cuando el país necesitaba certezas, nos adentramos en un laberinto constitucional de dos procesos fallidos, dos referéndums que costaron millones, que polarizaron aún más y que terminaron en dos rechazos contundentes. El ciudadano común lo dijo dos veces: no es por ahí.
En medio de ese vértigo, llegó al poder un gobierno sin experiencia política, sin cuadros con experticia probada en los cargos más importantes del Estado, aferrado a un modelo que pronto mostró sus límites. Vino entonces la inevitable claudicación de ese modelo original, el cambio de gabinete y la entrada, por la puerta de atrás, de políticos de los partidos tradicionales que habían sido denostados. Un giro pragmático que confirmó lo que la democracia de los acuerdos ya sabía: gobernar exige más que consignas.
¿Y ahora qué?
El cambio que Chile necesita con urgencia no vendrá de una nueva ley ni de un nuevo proceso refundacional. No vendrá de una nueva coalición con otro nombre de fantasía.
El cambio solo llegará si existe la voluntad explícita y valiente de anteponer al país por sobre las ideologías. De poner los grandes acuerdos nacionales por delante de los intereses partidistas. De entender que el patriotismo debe prevalecer sobre el personalismo y que la voluntad de diálogo debe imponerse sobre la imposición.
Necesitamos volver a mirarnos como conciudadanos, no como enemigos. Necesitamos volver a creer que es posible acordar.
Porque la pregunta ya no es si Chile cambió. La pregunta es si seremos capaces de cambiarlo de vuelta.

