La Fiscalía formalizará el próximo 30 de julio ante el Cuarto Juzgado de Garantía a 11 imputados vinculados al colapso del holding financiero Sartor, intervenido por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en diciembre de 2024. El fiscal Juan Araya presentará cargos por negociación incompatible, estafa, administración desleal y entrega de información falsa al mercado contra Pedro Pablo Larraín Mery, Carlos Larraín Mery, Alfredo Harz Castro, Óscar Ebel Sepúlveda, Mauro Valdés Raczynski, Miguel León Núñez, Rodrigo Bustamante García, Hugo Baranda Peralta, Sergio Yáñez Astete, Juan Carlos Jorquera Salhus y Michael Clark.
Según declaraciones de afectados ante la Policía de Investigaciones, la captación de capital se realizó principalmente a través de redes de confianza. Ejecutivos y directores del grupo contactaron a excompañeros de colegio, apoderados, familiares y amigos para atraer inversiones. La CMF determinó que una parte de los fondos terminó en negocios de los accionistas de la firma.
Varios inversionistas señalaron que la entrada de Sartor como controlador de eCapital en marzo de 2021 aumentó su confianza en la operación. El ingeniero civil Eugenio Cruz Novoa declaró que consideró la incorporación como una oportunidad para el crecimiento. El ingeniero René Subiabre realizó una inversión de 200 millones de pesos en junio de 2021 tras conocer la participación de Sartor, sumando un total de 735 millones retenidos, según su testimonio.
Los afectados coincidieron en que se enteraron de los problemas de Sartor por medios de prensa y no por canales oficiales. El ingeniero forestal Camilo González, quien invirtió más de 1.000 millones de pesos, sostuvo que tomó conocimiento del caso cuando este se hizo público y comenzó a ser difundido en distintos medios de comunicación. La orientadora familiar Paulina Fores, con 150 millones retenidos, relató que descubrió por la prensa que la empresa había cambiado su figura de inversionista a prestamista sin informarle.
El ingeniero Sandro Garimani, residente en Brasil, reclama 276 millones de pesos que tenía destinados para pagar la universidad de sus hijos. En su declaración ante la PDI manifestó que los ahorros de su vida se esfumaron, según consta en el material de investigación judicial.