Fiscalía, servicios de inteligencia y una comisión de la Cámara buscaron durante siete años a quienes organizaron y pagaron la violencia del estallido social. Ninguno lo acreditó. Lo que sí quedó en los expedientes es un Estado que no supo prevenir ni investigar, y una clase política que usó la crisis a su favor desde ambos lados.
La noche del 18 de octubre de 2019 se incendiaron estaciones del Metro de Santiago y el país entró en la crisis más grave desde el retorno a la democracia. Desde entonces, una pregunta recorre la política chilena: ¿quién estuvo detrás?
La Conexión revisó informes oficiales, fallos judiciales, el reporte de la comisión investigadora de 2026 y la cobertura de siete años. La conclusión es incómoda para todos. No existe hasta hoy una prueba judicial de financiamiento organizado ni de un mando central, ni nacional ni extranjero. Las tesis que lo afirmaban se cayeron una a una al ser verificadas.
Pero la ausencia de prueba no cierra el caso. La Fiscalía reconoció ante el Congreso que sus fiscales nunca intercambiaron información con la Agencia Nacional de Inteligencia. Y hoy, en el séptimo aniversario, El Mercurio informó que el Ministerio Público indaga si hubo financiamiento a grupos violentos, una diligencia que hasta ahora no ha establecido responsabilidades.
La tesis del complot, pieza por pieza
La primera versión oficial llegó en menos de 48 horas. El 20 de octubre de 2019, la Dirección de Inteligencia del Ejército entregó al presidente Sebastián Piñera un informe según el cual 600 agentes clandestinos venezolanos y cubanos se habían infiltrado en Chile. Esa misma noche, Piñera declaró: «Estamos en guerra contra un enemigo poderoso».
La hipótesis tuvo eco fuera del país. Luis Almagro, secretario general de la OEA, sostuvo que los ataques simultáneos no podían ser espontáneos y atribuyó la coordinación a Cuba y Venezuela. Desde Caracas, Diosdado Cabello celebró la «brisa bolivariana» que, a su juicio, recorría la región.
La inteligencia de Carabineros tomó la pista en serio: revisó los antecedentes de 23.221 venezolanos que habían entrado o salido del país entre septiembre y octubre. A mediados de noviembre, la tesis quedó descartada. El entonces director de la ANI la calificó después de descabellada.
El informe del K-pop
En diciembre, el Gobierno entregó a la Fiscalía un informe de 112 páginas sobre redes sociales que analizaba a unos 5 millones de autores y 60 millones de comentarios. Entre los supuestos articuladores del discurso contra Piñera figuraban fanáticos del K-pop, la cantante Mon Laferte y futbolistas de la selección.
El documento no tenía firma. La Tercera reveló que lo había elaborado la empresa española Alto Data Analytics, y Contraloría estableció después que fue entregado gratis, como muestra comercial. Académicos del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos contaron que La Moneda les había pedido antes un estudio para probar la intervención extranjera, y que se negaron por falta de evidencia.
El fiscal regional Manuel Guerra, a cargo de las causas del Metro, resumió el resultado: el informe «fue solo humo».
La comisión de 2026 y el embajador
El debate volvió este año. En abril, la Cámara aprobó, por 65 votos contra 39, una comisión investigadora impulsada por el Partido Nacional Libertario para esclarecer financiamiento, organización y logística de la violencia.
Tras 11 sesiones, 32 invitados de los cuales asistieron 17, y 65 oficios con apenas 10 respuestas utilizables, la comisión cerró en agosto sin identificar instigadores ni acreditar financiamiento. Su informe, aprobado 8 a 4, terminó apuntando a otro lado: a los «excesivos incumplimientos» del propio gobierno de Piñera en el resguardo del orden público. RN, la UDI y Evópoli rechazaron esa conclusión.
En septiembre, el embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, afirmó en CNN Chile que la inteligencia de su país atribuía categóricamente el estallido a organizaciones de izquierda. Citado por Cancillería al día siguiente, se retractó: dijo que la Embajada «no tiene ninguna investigación ni tiene documentos» sobre el tema y que la conclusión venía de fuentes abiertas. Tres diputados de oposición lo denunciaron ante la Fiscalía por una posible filtración de inteligencia chilena.
El Metro: 20 estaciones incendiadas, muy pocas condenas
El ataque al Metro es el hecho que más alimenta la idea de una operación planificada. De las 136 estaciones de la red, 77 sufrieron daños y 20 fueron incendiadas, seis de ellas por completo. Las pérdidas se estimaron en al menos US$200 millones.
El fiscal Guerra ofreció en 2020 otra explicación para la simultaneidad. Según él, el cierre anticipado de la red y el abandono policial de las estaciones dejaron el camino libre a grupos que no tenían coordinación entre sí; afirmó que no existía a la fecha una organización transversal. La gerencia de Metro, en cambio, informó a la Cámara que todos los incendios se originaron con elementos externos y acelerantes.
Los tribunales han dado respuestas parciales. En 2021, de 27 causas por incendios en estaciones, la Fiscalía solo tenía una condena: la de un adolescente por la estación Pedrero. Ese caso dejó una pista de coordinación local: la tarde del 18-O, el imputado recibió una convocatoria de un grupo antifascista ligado a una barra brava para reunirse en esa estación.
Otros juicios terminaron en absolución, como el de la estación La Granja. En abril de 2026, el Tribunal Oral condenó a 12 años a Elías Bustos por el incendio de la estación San Pablo, ocurrido el 19 de octubre de 2019.
La investigación periodística y forense de Josefa Barraza y Carlos Gutiérrez, publicada por LOM, concluyó que la mayoría de las causas se cerró sin responsables pese a la existencia de documentos e imágenes disponibles para la justicia.
Lo que sí está documentado: quiénes validaron y quiénes capitalizaron
Que no haya un financista probado no significa que no haya responsabilidades políticas. Los registros muestran tres conductas distintas que conviene no mezclar: apoyar las demandas, justificar la evasión o la violencia, y organizarla. La primera fue mayoritaria; la segunda está documentada en dirigentes concretos; la tercera no ha sido probada contra nadie.
En la izquierda. La semana previa al 18-O, diputados del Frente Amplio calificaron la evasión masiva de «desobediencia civil», lo que les valió críticas transversales. El senador socialista Juan Pablo Letelier la presentó como expresión de indignación por la carestía y los abusos.
El Partido Comunista anunció en octubre una acusación constitucional contra Piñera y se restó del Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre. La CUT, dirigida por militantes comunistas, encabezó la Mesa de Unidad Social, cuyo paro nacional del 12 de noviembre fue una de las jornadas más violentas del período. En enero de 2020, un foro coorganizado por la senadora Adriana Muñoz (PPD) rindió homenaje a la «primera línea» en el salón de honor del excongreso.
Ya en el poder, el gobierno de Gabriel Boric retiró 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado en su primer día e indultó, en diciembre de 2022, a 12 condenados por delitos del estallido y al exfrentista Jorge Mateluna. Gendarmería había advertido alto riesgo de reincidencia en seis de esos casos; la ministra de Justicia y el jefe de gabinete presidencial renunciaron.
En el gobierno de entonces. La administración Piñera presentó 306 querellas por Ley de Seguridad del Estado; según el propio Ministerio del Interior, 95% correspondía a imputados por delitos comunes. Un análisis del Consejo para la Transparencia concluyó que la mayoría de este tipo de causas terminó sobreseída.
El Senado aprobó, por 23 votos contra 18, la acusación constitucional contra el exministro del Interior Andrés Chadwick por violaciones a los derechos humanos durante el estado de emergencia; quedó inhabilitado cinco años. La acusación contra Piñera no prosperó en la Cámara, por 79 votos contra 73.
En la calle. La «primera línea» funcionó como una red de «clanes» sin autoridad central, apoyados por organizaciones afines que les proveían comida y asesoría legal. El fiscal Guerra describió a los participantes de la violencia como secundarios, universitarios, trabajadores, pobladores, barristas y delincuentes sin coordinación entre sí.
La otra cuenta: violencia del Estado y una justicia a medias
La búsqueda del financista ha ocupado más espacio político que la otra mitad del expediente. Según el balance que la Fiscalía Nacional publicó en octubre de 2025, entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020 se registraron 32.901 casos, 35.146 delitos y 20.727 víctimas.
Uno de cada tres delitos fue cometido por agentes del Estado: 12.002 casos de violencia institucional, entre ellos 8.451 apremios ilegítimos y 211 torturas. Hubo 464 víctimas de trauma ocular, 230 con pérdida parcial o total de la visión, y 30 muertos, siete de ellos en investigaciones por acción u omisión de agentes estatales. Del otro lado, se contabilizaron más de 3 mil delitos contra policías y 37 funcionarios con lesiones gravísimas.
El 70% de las causas por violencia institucional se archivó y solo 14,3% de los imputados fue condenado. La propia Fiscalía admite que en 2019 no tenía protocolos para investigar estos delitos.
Los dos casos más emblemáticos terminaron en direcciones opuestas. El excapitán Patricio Maturana fue condenado a 12 años y 183 días por cegar a Fabiola Campillai, hoy senadora; el 16 de octubre, la Corte de Talca le concedió libertad condicional a partir del 2 de diciembre. El exteniente coronel Claudio Crespo fue absuelto por las lesiones de Gustavo Gatica, hoy diputado: el tribunal aplicó la legítima defensa y la Corte de Apelaciones confirmó el fallo en agosto.
La reparación también tuvo fallas. En enero de 2024, Contraloría detectó que 58 de los 419 beneficiarios de pensiones de gracia del estallido tenían condenas, algunas por delitos violentos, y expedientes sin respaldo médico. En junio de este año, la Cámara pidió al Gobierno revisar y revocar esos beneficios.
Las causas: un malestar que las cifras ya registraban
El detonante fue mínimo: un alza de $30 en el pasaje de Metro en hora punta, de $800 a $830, anunciada el 4 de octubre. El 7 de octubre, estudiantes secundarios protagonizaron la primera evasión masiva en la estación Universidad de Chile. Once días después, el país estaba bajo estado de emergencia.
Los datos previos explican por qué una chispa tan pequeña encontró tanto combustible:
- El 1% más rico captaba 33% del ingreso, según el informe Desiguales del PNUD de 2017.
- La mitad de quienes se jubilaron en 2018 logró financiar con sus ahorros una pensión menor a $48 mil.
- La deuda de los hogares cerró 2019 en 74,9% del ingreso disponible, un récord.
- Tras el estallido, la confianza en los partidos cayó a 2%, en el Congreso a 3% y en el Gobierno a 5%.
La encuesta CEP de diciembre de 2019 registró que 55% apoyaba las manifestaciones y que las causas más citadas eran la desigualdad de ingresos, las bajas pensiones y el alto costo de la vida. La aprobación de Piñera llegó a 6%, la más baja desde 1990.
No todos leen esas cifras igual. Libertad y Desarrollo ha subrayado que la desigualdad de ingresos medida venía bajando y que la brecha estaba sobre todo en las percepciones; el propio PNUD registra que el Gini cayó de 54% a fines de los noventa a 48% en 2015. Ambos datos conviven: la desigualdad medida caía mientras la deuda y la desconfianza subían.
Siete años después: se rechaza el método, no el diagnóstico
La opinión pública ha cambiado de manera drástica. En diciembre de 2019, 55% decía apoyar las manifestaciones; en 2024, solo 23% recordaba haberlas apoyado y la mitad del país calificaba el estallido como malo o muy malo.
La encuesta Criteria publicada hoy matiza ese giro. Un 59% considera que el estallido fue negativo para Chile, pero la valoración positiva subió por primera vez desde 2020, a 41%. Y 68% cree que las demandas que lo originaron siguen sin resolverse.
La salida institucional que se pactó en noviembre de 2019 no llegó a puerto. El plebiscito de 2020 aprobó redactar una nueva Constitución con 78,27%, pero los dos textos que siguieron fueron rechazados en las urnas en 2022 y 2023.
El presidente José Antonio Kast optó por no realizar ningún acto oficial en este aniversario. «Esperamos que eso no se vuelva a repetir nunca más», dijo el jueves, y evitó responder si indultará a uniformados condenados, algo que prometió en su campaña de 2025. Su aliado, el Partido Nacional Libertario, le reprocha no conmemorar lo que llama un golpe de Estado.
En la vereda opuesta, el dirigente comunista Lautaro Carmona advirtió que las demandas sin respuesta mantienen una «olla a presión».
Mientras, la pregunta original sigue abierta en la Fiscalía. Las nuevas diligencias buscan determinar si hubo acciones coordinadas y recursos destinados a facilitarlas, pero no han acreditado una estructura de financiamiento. Siete años después, la respuesta más sólida sigue siendo la del expediente: no hay pruebas de un complot, y sí de un Estado que no tuvo cómo buscarlas.
Recuadro: lo probado, lo no probado y lo que sigue en disputa
| Estado | Afirmación | Respaldo |
|---|---|---|
| Probado | Hubo un malestar social masivo: 55% apoyó las protestas en diciembre de 2019. | Encuesta CEP |
| Probado | 12.002 delitos de violencia institucional y 464 víctimas de trauma ocular. | Fiscalía Nacional, 2025 |
| Probado | Hubo coordinación local en casos puntuales, como la convocatoria previa al ataque a Metro Pedrero. | Expediente judicial |
| Probado | Dirigentes de izquierda justificaron la evasión; el gobierno de Boric indultó a 12 condenados del estallido. | Registros de prensa y decretos |
| No probado | Que Venezuela o Cuba infiltraran agentes en Chile. | Descartado por inteligencia de Carabineros en 2019 |
| No probado | Que una operación en redes sociales dirigiera las protestas. | Fiscalía calificó el informe Big Data de «humo» |
| No probado | Que un partido o una organización financiara la violencia. | Comisión de la Cámara 2026, sin hallazgos |
| En disputa | Si la simultaneidad de los incendios del Metro respondió a un plan. | Fiscalía lo atribuye al cierre de la red; la mayoría de las causas sigue sin responsables |
| En disputa | Si hubo financiamiento a grupos violentos. | Indagatoria fiscal abierta en 2026 |
