Contraloría objetó casi $35 millones pagados en honorarios al hoy alcalde de Recoleta, Fares Jadue. Los pagos los firmó el alcalde de La Cisterna contra el reparo de su propia unidad fiscalizadora. Funcionarios denuncian además acoso, despidos políticos y un presunto abuso sexual que, según la afectada, nunca llegó a Fiscalía.

El 21 de diciembre de 2023, la Dirección de Control de la Municipalidad de La Cisterna envió al alcalde Joel Olmos un memorándum con 16 argumentos. La conclusión era tajante: el asesor contratado no había podido acreditar que hiciera el trabajo por el que se le pagaba.

Ocho días después, el 29 de diciembre, Olmos firmó un decreto y ordenó pagar igual.

El asesor era Fares Jadue (PC), entonces concejal de Recoleta y sucesor político de Daniel Jadue. Un año más tarde, Contraloría le dio la razón a la Dirección de Control: las tareas encargadas no eran específicas, los informes llegaron con hasta 204 días de atraso y quien los aprobaba tenía una sociedad con el propio Jadue.

El caso es la pieza mejor documentada de una gestión que, entre 2021 y 2026, acumula reproches de Contraloría, una querella por fraude al fisco y una seguidilla de denuncias de sus propios funcionarios. Olmos fue reelecto en octubre de 2024 con el 33,67% de los votos y no ha sido formalizado ni condenado por ningún delito.

Un asesor que «no estaba nunca»

Fares Jadue llegó a La Cisterna en noviembre de 2021, primero ligado a la Secretaría Comunal de Planificación y luego, desde 2022, como prestador a honorarios de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco). En 2023 firmó un contrato por todo el año a cambio de $1.595.559 brutos mensuales.

La Dirección de Control observó sus informes una y otra vez. Su entonces directora, la abogada Maribel Figueroa Bravo, dijo a Mega que cuando lo buscaba en el municipio, Jadue «no estaba nunca». Desde abril de 2023 no entregó informes; los presentó todos juntos en noviembre.

Jadue dio su propia versión a Mega Investiga: los atrasos en los pagos y la anulación de boletas lo llevaron a seguir trabajando sin cobrar hasta que se le pagara lo adeudado, y aseguró haber cumplido su labor por completo.

Para el municipio no hubo irregularidad. En su respuesta a Contraloría sostuvo que el contrato no fijaba plazo para los informes, por lo que podían entregarse «al término de cada mes o siete meses después». Y acusó a su propia Dirección de Control de entorpecer la gestión.

El 6 de diciembre de 2024, con Olmos ya reelecto, Contraloría publicó su investigación especial. Concluyó que las tareas encomendadas a Jadue no fueron «específicas, puntuales ni circunscritas a un objetivo determinado», formuló reparo por los $34.938.642 pagados y ordenó un procedimiento disciplinario en el municipio.

El informe agregó otros hallazgos:

  • Jadue no presentó la declaración jurada que exige la ley sobre su trabajo paralelo en la Municipalidad de Macul.
  • Entregó en La Cisterna documentos idénticos a los presentados en Macul, incluidos estatutos copiados de una corporación de Recoleta.
  • Un proyecto suyo sobre personas en situación de calle en La Cisterna contenía datos de Recoleta, sin que nadie lo advirtiera.

La socia que visaba los informes

Quien daba conformidad al trabajo de Jadue era la directora de Dideco, Marcela Chávez Olguín. Según Contraloría, ambos tenían participación, de 12,5% cada uno, en el Centro de Estudios y Desarrollo Social Construye Limitada, que operó desde 2011 hasta 2022. Chávez no se inhabilitó ni informó el posible conflicto de interés.

No era el único vínculo. Entre 2015 y 2018 Chávez había sido asesora de la Dideco de Recoleta, cuando Fares Jadue dirigía esa unidad y Daniel Jadue era alcalde. En abril de 2022 ya figuraba como directora de Dideco en La Cisterna, y en diciembre de 2024 seguía siendo funcionaria municipal.

El puente entre ambas comunas se formalizó en 2021, cuando La Cisterna y Recoleta firmaron un convenio que permitía enviar funcionarios en comisión de servicio. Los propios trabajadores de La Cisterna lo cuestionaron por escrito en mayo de 2022: reprocharon al alcalde haber dicho en el concejo que el municipio no contaba con personal adecuado.

En octubre de 2024, Contraloría declaró contrario a derecho, por su redacción genérica, un convenio de Recoleta con Estación Central y le ordenó a Recoleta dejar de firmar acuerdos en esos términos. Si el convenio con La Cisterna tiene el mismo texto es algo que el municipio no ha aclarado públicamente.

Las denuncias desde adentro

Hasta octubre de 2024, funcionarios y exfuncionarios habían presentado 11 denuncias en Contraloría y 6 demandas ante el Juzgado de Letras por despidos y acoso, según el programa «¿Hasta Cuándo?» de Mega. No hay registro público de cómo terminaron.

La más grave la relató una exfuncionaria que pidió reserva de identidad. Contó que, tras una fiesta del Departamento de la Mujer, su jefe se subió sin motivo aparente al vehículo que la llevaba a casa y bajó con ella; presionada, lo dejó entrar a su domicilio, donde habría ocurrido el abuso.

Según su relato, intentó hablar con el alcalde y otras autoridades, que le aseguraron que el hecho se denunciaría a Fiscalía. Nadie la llamó. Terminó renunciando y se fue de Santiago. Ella atribuye la inacción a la cercanía entre el alcalde y el acusado, cuyo nombre no ha sido revelado.

La ley obliga a los funcionarios públicos a denunciar los delitos de que tomen conocimiento en el ejercicio de su cargo. Esta redacción no encontró constancia de denuncia penal ni de sumario por ese hecho.

Otros testimonios apuntan a castigos laborales. Una funcionaria en ejercicio denunció haber sido trasladada al Departamento de Abastecimiento, un destino que dentro del municipio se percibe como sanción. Exfuncionarios despedidos sostienen que su salida respondió a motivos políticos.

La propia Dirección de Control terminó en la línea de fuego. En enero de 2022, a petición del alcalde, el concejo aprobó por unanimidad trasladar a una de sus directivas a Finanzas; Olmos argumentó que la unidad concentraba demasiados grados altos. En octubre de 2024, su directora, Maribel Figueroa Bravo, la misma que objetó los pagos a Jadue, figuraba suspendida del cargo. El motivo no se ha informado.

Más honorarios que funcionarios

Según el Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), en 2025 la Municipalidad de La Cisterna tenía 170 funcionarios de planta y 127 a contrata. A honorarios había 539 personas: 275 en funciones municipales y 264 en programas comunitarios.

Vínculo Personas Gasto 2025
Planta 170 $5.621 millones
Contrata 127 $2.682 millones
Honorarios 275 $659 millones
Honorarios en programas comunitarios 264 $2.597 millones

El nivel de profesionalización del personal llega a 29,29%, frente a un promedio nacional de 40,82%.

El peso de la planilla ya había encendido alarmas al inicio de la gestión. En abril de 2022, la concejala Ximena Tobar leyó en el concejo un informe de la Dirección de Control: el gasto en personal había alcanzado 49,60% en el último trimestre de 2021, cuando la ley fija un tope de 42%. Un memorándum de Finanzas lo situaba en 53,36% en febrero de 2022.

Olmos respondió entonces que el problema venía de la administración anterior, de Santiago Rebolledo, que habría creado plantas y subido grados hasta dejar más del 90% de los recursos de personal amarrados a la planta. En esa misma sesión, la concejala Marjorie Vásquez (RN) reclamó que seguía sin recibir la información sobre honorarios que había pedido por escrito.

No hay cifras públicas de ese indicador para los años siguientes.

La querella y otros reproches

A días de la elección de 2024, el entonces candidato a alcalde de Recoleta Mauricio Smok (UDI) presentó ante el 11° Juzgado de Garantía de Santiago una querella por fraude al fisco contra Fares Jadue y contra Joel Olmos, en su calidad de jefe superior del municipio que autorizó la contratación. No hay información pública sobre su admisibilidad ni sobre diligencias posteriores.

Contraloría ha observado a la gestión en otros frentes:

  • Bandera palestina (2026): objetó que se izara en el edificio consistorial el 24 de junio de 2025, por tratarse de un bien municipal usado sin fin institucional, e instruyó no repetirlo. Olmos defendió el gesto en video: «Fue un acto solidario por Palestina», dijo, y afirmó que no costó recursos municipales.
  • Celebraciones (2026): en su consolidado CIC N°22, la incluyó entre los más de cien municipios que superaron el promedio nacional de gasto en celebraciones sin justificación normativa, con $94.151.915 en 2024.
  • Lienzo del 11 de septiembre (2022): el alcalde informó al concejo un oficio que acusaba proselitismo por un lienzo colgado en el municipio en 2021. Sostuvo que lo financiaron privados.

La gestión también cargó con conflictos heredados. En noviembre de 2023 el concejo aprobó por unanimidad pagar $2.000 millones a Enel para cerrar tres juicios por el contrato de luminarias firmado en 2016, bajo Rebolledo. La empresa pedía $2.700 millones.

Las preguntas pendientes

A casi dos años del informe de Contraloría, varias respuestas siguen sin hacerse públicas:

  • ¿Concluyó el procedimiento disciplinario ordenado por Contraloría y hubo sanciones?
  • ¿Recuperó el municipio algo de los $34,9 millones observados?
  • ¿Se denunció a Fiscalía el presunto abuso sexual, como exige la ley?
  • ¿Por qué fue suspendida la directora de Control que objetó los pagos?
  • ¿Cómo terminaron las 17 denuncias y demandas de funcionarios?
  • ¿En qué estado está la querella por fraude al fisco?

Mientras tanto, Olmos amplía su proyección nacional: en 2025 dejó Acción Humanista y hoy encabeza, junto al gobernador Rodrigo Mundaca, la senadora Fabiola Campillai y el alcalde Matías Toledo, el movimiento Voluntad para Chile, que busca constituirse en partido.

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