Antecedentes de Transparencia confirman que Marjorie Vásquez Acuña acumula más de $121 millones brutos en la Municipalidad de Santiago desde diciembre de 2024, sumándose a la dieta parlamentaria del diputado Eduardo Durán, en medio del escrutinio por pagos de horas extra y cuestionamientos pasados sobre el origen de sus fondos familiares.

El escrutinio sobre el uso de los recursos públicos vuelve a situar en el centro del debate político al matrimonio compuesto por el diputado de Renovación Nacional (RN) Eduardo Durán Salinas y la psicóloga y exconcejala Marjorie Vásquez Acuña. De acuerdo con antecedentes oficiales extraídos del Portal de Transparencia e investigaciones periodísticas, ambos perciben simultáneamente remuneraciones financiadas por el Estado —entre el Congreso Nacional y la Municipalidad de Santiago—, reabriendo la discusión pública sobre los estándares de probidad y la gestión de fondos fiscales.

Más de $121 millones en la Municipalidad de Santiago

Marjorie Vásquez Acuña, militante de Renovación Nacional, asumió como Encargada de Servicios Sociales en la Subdirección de Servicios Sociales de la Municipalidad de Santiago el 6 de diciembre de 2024, el mismo día en que Mario Desbordes (RN) inició su mandato como alcalde y en la misma fecha en que concluyó su periodo como concejala de La Cisterna, tras postular sin éxito a la alcaldía de dicha comuna.

Según las planillas oficiales de personal a contrata (grado 6) revisadas hasta octubre de 2026, en 23 meses de desempeño Vásquez ha recibido un total de $121.379.339 brutos ($99.319.663 líquidos), lo que representa un promedio de $5,3 millones brutos al mes. El desglose de sus haberes presenta cifras que han motivado reparos sobre los controles administrativos:

  • Horas extraordinarias: Entre enero de 2025 y octubre de 2026 acumuló $21.685.175 por concepto de 198 horas extra (694 diurnas, 20 nocturnas y 484 festivas), promediando $985.690 mensuales, equivalentes al 18,4% de su remuneración bruta en ese periodo.
  • Oscilación y récord de pagos: Durante 2025 promedió 34 horas extra festivas al mes hasta octubre, cuando una publicación de Fast Check CL expuso estos montos. Tras esa revisión, sus horas festivas disminuyeron a un promedio de 9 mensuales entre noviembre de 2025 y septiembre de No obstante, en octubre de 2026 repuntaron a 47 horas festivas y 40 diurnas (alcanzando el tope normativo diurno), lo que redundó en un pago de $1.652.017 por horas extra y una remuneración bruta récord de $8.096.940 ($6.670.404 líquidos), impulsada además por un bono de $2.456.910.
  • Cuestionamientos al registro horario: El registro de asistencia de Vásquez no es de acceso público directo y debe requerirse mediante la Ley de En paralelo, el Informe N° 215/2025 de la Contraloría General de la República calificó de “no fiable” el libro manual de asistencia del municipio durante 2024 y detectó pagos de horas extra sin acreditar en la repartición, instruyendo un sistema biométrico que se implementó de manera paulatina hacia 2026. Por su parte, la administración edilicia ha defendido los pagos argumentando que las jefaturas sociales coordinan emergencias permanentes —como incendios, albergues y el programa «Código Azul»— y que los desembolsos cuentan con informes de respaldo.

El historial de controversias del diputado Eduardo Durán

Los ingresos municipales de Vásquez se suman a la dieta parlamentaria permanente que percibe su cónyuge, el diputado por el Distrito 13 Eduardo Durán Salinas (RN). Si bien el monto actual exacto de su dieta no se detalla en los reportes analizados, la trayectoria pública del legislador ha estado marcada por episodios de alta tensión ética y financiera en la última década:

  • La controversia por los diezmos y sanción de Ética (2019):En abril de 2019, un reportaje de Informe Especial (TVN) reveló que Durán recibía mensualmente cerca de $4,2 millones por parte de su padre, el entonces obispo Eduardo Durán Castro, a raíz de recursos provenientes de los diezmos de la Catedral Evangélica de Santiago, en un contexto de indagatorias del Ministerio Público y el SII por presunto lavado de activos, omitir dichos ingresos en su Declaración de Patrimonio e Intereses, la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados lo sancionó en agosto de 2019 con una amonestación y una multa del 2,5% de su dieta parlamentaria.
  • Asesorías parlamentarias sin respaldo (2019): Ese mismo año, registros de transparencia de la corporación evidenciaron pagos por $7.739.000 con cargo a asignaciones públicas a favor de Mónica Vargas Garriga — madre de la secretaria del legislador— por concepto de «asesorías verbales» sin informes escritos que documentaran las labores

Legal, pero reprochable

Cabe precisar que nada de lo expuesto constituye, por sí mismo, una ilegalidad. No existe norma que impida al cónyuge de un parlamentario desempeñarse en un municipio, y el pago de horas extraordinarias está permitido siempre que sean autorizadas y se acrediten efectivamente realizadas, algo que solo podrá verificarse con el registro de asistencia de la funcionaria. Sin embargo, que no sea ilegal no significa que esté exento de reproche. En un momento en que el país exige austeridad en el gasto público y miles de familias enfrentan dificultades económicas, que un mismo hogar concentre una dieta parlamentaria y una remuneración municipal que promedia más de $5 millones brutos mensuales —abultada además por horas extra en días festivos y obtenida por una militante del mismo partido del alcalde que la contrató—resulta, al menos, éticamente cuestionable. La probidad no se agota en el cumplimiento de la ley: también exige a quienes viven de recursos públicos un estándar de sobriedad acorde con la realidad del país que los financia.

La sucesión temporal entre el fin de los cuestionados aportes eclesiásticos en 2019 y la posterior consolidación de ambos cónyuges en cargos remunerados por el Congreso Nacional y la Municipalidad de Santiago mantiene abierto el debate público en torno a la transparencia, los controles de asistencia y el uso de los recursos del Estado.