Tras cinco años de investigación y un vaivén de medidas cautelares que incluyó tres pasos por prisión preventiva, la exalcaldesa de Maipú enfrentará un megajuicio de aproximadamente seis meses. Mientras el Ministerio Público solicita más de 23 años de cárcel y el Consejo de Defensa del Estado eleva la petición a 37, su defensa insiste en que los cuestionamientos apuntan a decisiones de gestión municipal y no a delitos.

El lunes 16 de noviembre de 2026 marcó un nuevo hito procesal en una de las investigaciones de corrupción municipal más mediáticas de la última década en Chile. La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de la defensa de Cathy Barriga y sustituyó su arresto domiciliario nocturno por una medida cautelar de firma semanal, manteniendo el arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con la otra imputada que enfrentará el proceso.

La resolución de alzada llegó apenas tres días después de que la jueza Constanza Estay, del 9º Juzgado de Garantía de Santiago, cerrara formalmente la audiencia de preparación de juicio oral y remitiera un auto de apertura de casi dos mil páginas al tribunal oral en lo penal correspondiente. Con ello, la causa ingresó en su etapa decisiva.Durante los próximos 15 a 60 días deberá fijarse la fecha de inicio de un juicio que se proyecta extenso —estimado en cerca de seis meses— debido al volumen probatorio admitido: casi 16.000 documentos, alrededor de 300 testigos civiles y más de una veintena de funcionarios policiales.

Aunque ningún tribunal ha dictado sentencia condenatoria en su contra y rige plenamente la presunción de inocencia, la exjefa comunal (2016-2021) enfrenta un escenario jurídico complejo en el que el ente persecutor y los querellantes buscarán acreditar un perjuicio fiscal superior a los $32.884 millones (cifra que algunos reportes sitúan en $33.515 millones).

La anatomía de la acusación: cuatro delitos y cinco ejes financieros

El 30 de diciembre de 2025, la Fiscalía Metropolitana Oriente —a cargo de la fiscal Constanza Encina, quien asumió la causa tras su traslado desde la Fiscalía Occidente en agosto de 2023— cerró la investigación y presentó una acusación de 1.921 páginas. En ella se imputan cuatro ilícitos: fraude al fisco reiterado (12 hechos), falsificación y uso de instrumento público falso, malversación de caudales públicos reiterada y negociación incompatible.

Según la tesis del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado (CDE) —que resume la imputación en el ocultamiento de obligaciones, la eliminación de deudas de la contabilidad oficial y el uso irregular de instrumentos presupuestarios—, los hechos se articulan en cinco grandes áreas:

Eje de la imputación Tesis del Ministerio Público y querellantes Montos involucrados
Sobreejecución del gasto

Rebaja fraudulenta de certificados de disponibilidad presupuestaria entre 2017 y 2021 para comprometer gastos por encima de los recursos reales, generando millonarias deudas con proveedores. Parte de estos fondos financió eventos masivos como «Maipeluza», «Año Nuevo Chino», «Casa de Jengibre» y «Maipú Enamorado».

Al menos $26.003 millones

Presupuestos e informes falsos

Firma y envío de documentación que ocultaba el déficit real de caja, incluyendo el presupuesto municipal de 2020, las cuentas públicas entre 2017 y 2020, y respuestas formales tanto al Consejo para la Transparencia como a la Contraloría General de la República (2018-2021).

Déficit oculto en presupuesto 2020 estimado en al menos $10.851 millones

Pagos indebidos de remuneraciones

Contratación de una funcionaria (Andrea Monsalve) bajo el cargo de periodista utilizando un título profesional falso, quien percibió remuneraciones municipales de forma continua pese a presentar licencias médicas durante casi cuatro años.

$110,7 millones

Compra de regalos y especies

Adquisición de mil collares de cristal y 260 piezas con cristales Swarovski con fondos municipales.A ello se suma la compra, mediante la Corporación Municipal de Educación (Codeduc), de más de 22.000 mochilas, 30.000 peluches y kits escolares respaldados con facturas calificadas como falsas por la Fiscalía.

$17,85 millones (solo en collares)

Beneficio personal y desvíos

Inscripción de la marca «Fuerza de Mujer» a título personal utilizando recursos del municipio; destinación de una trabajadora de aseo municipal para realizar labores domésticas particulares; y contratación del estudio jurídico Legalcorp con fondos públicos para tramitar causas judiciales particulares de Barriga y de su cónyuge, el exdiputado Joaquín Lavín León.

$33,5 millones (honorarios jurídicos en disputa)

La brecha en las penas solicitadas

Tanto la Fiscalía como el CDE solicitan penas de cumplimiento efectivo, multas superiores a los $3.000 millones, la restitución de más de $32.000 millones y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Sin embargo, existe una diferencia de 14 años en el cómputo total de presidio requerido entre ambos organismos:

  • Fiscalía Metropolitana Oriente (más de 23 años): Solicita 10 años y 1 día por fraude al fisco reiterado, 7 años por falsificación y uso de instrumento público falso, 5 años y 1 día por malversación de caudales públicos y 541 días por negociación incompatible.

  • Consejo de Defensa del Estado (37 años): Aunque coincide en las imputaciones principales (sin incluir negociación incompatible en el desglose informado), eleva la solicitud por malversación de caudales públicos a 15 años de presidio, invocando la agravante de haber actuado en grupo y reconociendo únicamente la atenuante de irreprochable conducta anterior.

La Municipalidad de Maipú, encabezada desde 2021 por el alcalde Tomás Vodanovic —quien dio origen penal al caso con una querella en diciembre de ese año—, también actúa como parte querellante en el proceso.

La estrategia de la defensa: «Gestión discutible no es delito»

A lo largo de la investigación, la representación legal de Barriga experimentó un giro relevante.Tras ser defendida inicialmente por abogados privados (Marcelo Hadwa, José Miguel Barahona y Cristóbal Bonacic), la renuncia de Bonacic a fines de marzo de 2026 llevó a que la Defensoría Regional Metropolitana Sur asumiera su patrocinio en abril, con un equipo integrado por Renato González, Eduardo Camus, Pablo Sanzana y Fernanda Figueroa.

Pese al cambio de juristas, el núcleo argumental de la exalcaldesa se ha mantenido inalterable:

  1. Ausencia de enriquecimiento ilícito: Desde la formalización de enero de 2024, sus abogados han enfatizado que la Fiscalía no imputa que los recursos municipales cuestionados hayan ingresado al patrimonio personal de Barriga o de su grupo familiar. Sostienen que los fondos se destinaron a programas y actividades en beneficio de los vecinos de Maipú, por lo que una administración financieramente cuestionable no configura un delito penal.

  2. Disputa contable y lectura de Contraloría: La defensa sostiene que el informe de la Contraloría de agosto de 2022 —que detectó un saldo por percibir superior a los $31.643 millones al cierre de 2020— daba cuenta de un «riesgo financiero» y de cuentas por cobrar, pero no acreditaba un fraude. Además, han cuestionado que dicho informe se elaboró con insumos entregados por la nueva administración municipal, a la que acusan de actuar con motivación y sesgo político. Para contrarrestar los cálculos oficiales, encargaron un peritaje contable propio y defendieron gastos específicos, como un evento de $300 millones, comparándolo con actividades similares de otras comunas.

  3. Controversia por la cuidadora y rechazo a salidas alternativas: Respecto al uso de personal municipal para fines domésticos, la defensa afirma que los servicios de cuidado fueron costeados directamente por Barriga. Asimismo, en diciembre de 2025, la exalcaldesa publicó un video asegurando haber rechazado una oferta de procedimiento abreviado por considerarse «completamente inocente», versión que fue desmentida por la Fiscalía, que aseguró que el acercamiento provino de la propia defensa sin llegar a puerto.

  4. Ofensiva probatoria: Durante la preparación del juicio, la Defensoría Penal Pública intentó excluir al municipio como querellante, a testigos que no declararon en la etapa investigativa, correos vinculados a Joaquín Lavín León y, fundamentalmente, a los peritos de la Contraloría (invocando un dictamen de 2005 del propio organismo). Aunque el Juzgado de Garantía rechazó estas solicitudes el 20 de octubre y el 2 de noviembre de 2026, el defensor Eduardo Camus ya adelantó que volverán a impugnar la validez de dichos peritajes durante el juicio oral.

El efecto dominó: siete condenados y el rol del entorno cercano

Uno de los mayores desafíos que enfrentará Barriga en el estrado es el precedente judicial sentado por su antiguo círculo de confianza. Siete exfuncionarios municipales aceptaron los hechos contenidos en la acusación fiscal para acceder a procedimientos abreviados, resultando todos condenados a penas sustitutivas en libertad:

  • María Isabel Palma (exdirectora subrogante de Administración y Finanzas): 5 años de libertad vigilada intensiva por falsificación reiterada de instrumento público.

  • Matías Silva (exsecretario de Planificación), Ana María Cortés (exdirectora municipal) y Juan Carlos Quezada (exdirector de Administración y Finanzas): 4 años de pena sustitutiva cada uno por fraude al fisco.

  • Andrea Monsalve (funcionaria contratada como periodista): 4 años de libertad vigilada intensiva (condenada el 29 de septiembre de 2026).

  • Luis Japaz (excoordinador general de la alcaldía): 3 años y 1 día de libertad vigilada intensiva por fraude al fisco.

  • Andrea Díaz (exdirectora de Secpla y administradora municipal): 800 días de pena sustitutiva por fraude al fisco.

Junto a Barriga, en el banquillo de los acusados se sentará una segunda imputada cuya identidad no ha sido detallada en los reportes públicos de las últimas audiencias, pero con quien la exalcaldesa tiene prohibición judicial de comunicarse. Por su parte, su esposo, el exdiputado Joaquín Lavín León, no figura como acusado en esta causa —ya que enfrenta una arista investigativa separada— y el tribunal lo eximió de declarar como testigo, aunque sí admitió como prueba correos electrónicos y comunicaciones vinculadas a él.

Cinco años de vaivén judicial

El tránsito hacia el juicio oral ha estado marcado por constantes incidencias procesales, reformalizaciones y cambios en las medidas cautelares de la exalcaldesa:

  • 8 de diciembre de 2021: El alcalde Tomás Vodanovic anuncia la presentación de la primera querella por fraude al fisco.

  • Agosto de 2022 – Agosto de 2023: Contraloría emite su informe de auditoría financiera y, un año después, el Fiscal Nacional traslada la causa de la Fiscalía Occidente a la Fiscalía Oriente.

  • 16-18 de enero de 2024: Primera formalización por fraude al fisco y falsificación; se decreta arresto domiciliario total y arraigo nacional.

  • 13 de septiembre de 2024: Reformalización por presunta falsificación de estados financieros remitidos a Contraloría.

  • Noviembre de 2024 – Abril de 2025: Periodo de máxima intensidad cautelar. Barriga ingresa por primera vez a prisión preventiva el 12 de noviembre de 2024. Tras obtener arresto domiciliario total en diciembre, la Corte de Apelaciones revoca el beneficio el 26 de diciembre y ordena su reingreso a la cárcel.En febrero de 2025 se repite el ciclo: el juzgado le otorga arresto total el día 17 y la Corte la devuelve a prisión preventiva el día 25. Recién el 9 de abril de 2025 la Corte revoca la medida gravosa y fija arresto domiciliario nocturno, días antes de una nueva formalización (15 de abril) que sumó los cargos de malversación y negociación incompatible.

  • Octubre – Noviembre de 2026: Tras dos postergaciones solicitadas por la defensa en febrero y junio, y luego de que dos jueces se inhabilitaran en octubre (uno por cercanía con exabogados de la imputada), se desarrolla la audiencia de preparación. El 13 de noviembre se cierra el auto de apertura y el 16 de noviembre la Corte rebaja su cautelar a firma semanal.

El estándar probatorio que definirá el veredicto

Con el auto de apertura ya despachado, la definición del caso queda en manos de un tribunal oral en lo penal integrado por tres jueces.En esa instancia, la carga de la prueba recaerá íntegramente sobre el Ministerio Público, el CDE y la Municipalidad de Maipú, quienes deberán demostrar más allá de toda duda razonable tanto la existencia efectiva del perjuicio fiscal como la participación directa y dolosa de Cathy Barriga en cada uno de los hechos imputados. La defensa, liberada de la obligación legal de probar su inocencia, apostará a desarticular la validez técnica de las pericias contables y a convencer al tribunal de que los desajustes presupuestarios de Maipú responden al ámbito de la responsabilidad administrativa o política, pero no al derecho penal.