Una investigación periodística que estalló en 22 días desemboca hoy en el inicio formal de la acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat.Documentos oficiales revelan que la cartera rebajó penas por vía administrativa a agresores sexuales de niños —pese a alertas de sus propias Seremis y fallos de la Corte Suprema que avalaban el rechazo—, además de beneficiar a narcotraficantes extranjeros y criminales de lesa humanidad de la dictadura.

Una crisis política, jurídica y moral sin precedentes sacude al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tras quedar al descubierto una trama de decretos exentos firmados durante la actual administración que redujeron significativamente las condenas de decenas de delincuentes de alta peligrosidad. Lo que comenzó como una revelación de prensa sobre beneficios penitenciarios a pedófilos y violadores terminó escalando a un escándalo transversal al comprobarse que las rebajas alcanzaron también a narcotraficantes detenidos en la frontera norte, homicidas y exagentes de la dictadura condenados por secuestros y torturas.

Este lunes 16 de noviembre, la Cámara de Diputadas y Diputados da cuenta formal de la acusación constitucional ingresada el pasado 12 de noviembre por diez parlamentarios de oposición —con respaldo de bancadas del PS, FA, PC, DC, PPD y PL—, sorteo de la comisión revisora incluido, mientras el diputado Vlado Mirosevic oficia al Consejo para la Transparencia para intentar levantar el manto de reserva con el que el Ejecutivo mantiene ocultos 308 decretos entregados al Senado.

El origen de la trama: 56 rebajas a agresores sexuales de menores

El caso estalló el 21 de octubre de 2026, cuando el medio Interferencia reveló el contenido del oficio ORD. N° 7067 de la Subsecretaría de Justicia.Dicho documento confirmó que, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, el ministerio firmó 56 decretos exentos que rebajaron las penas a condenados por delitos sexuales contra menores de edad: 27 por abuso sexual y 29 por violación.

Lo más grave del hallazgo radica en que la Ley 21.421, vigente desde febrero de 2022, excluye expresamente de este beneficio de reducción de condena (Ley 19.856) a los condenados por ciertos delitos sexuales graves contra menores. Pese a ello, las firmas estamparon reducciones de hasta casi dos años de cárcel efectiva para criminales con prontuarios estremecedores:

  • Waldo Gómez Mondaca: Condenado por el abuso sexual de una joven de 16 años con discapacidad intelectual.Mediante el Decreto Exento N° 2520, firmado el 31 de julio de 2026 por el ministro Fernando Rabat con el visado de Luis Silva, se le rebajaron 21 meses de condena.

  • Héctor Orellana Araya: Condenado por la violación de un niño de 10 años. El 24 de junio de 2026, Luis Silva, actuando como ministro subrogante, firmó el decreto que redujo su pena en 18 meses.

  • Luis Caamaño y Sergio Becerra: Ambos condenados por delitos sexuales contra menores, beneficiados el 8 de julio y el 13 de agosto de 2026 respectivamente, a pesar de las advertencias formales previas de las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis) de Justicia.

No solo abusadores: narcotraficantes y criminales de lesa humanidad

A medida que avanzaron las investigaciones periodísticas, se comprobó que el criterio permisivo del Ministerio de Justicia no se limitó a delitos sexuales, sino que operó como una puerta giratoria para otras categorías de criminales:

  • Criminales de la dictadura (Lesa Humanidad): El 26 de octubre se confirmó que al menos tres exagentes condenados por crímenes de lesa humanidad recibieron rebajas de pena, hecho que llevó al Presidente José Antonio Kast a admitir públicamente un error del Gobierno:

    • César Luis Acuña Luengo (exagente CNI): Condenado por cinco secuestros de 1987 y un homicidio en el marco de la Operación Albania. Recibió una rebaja de 19 meses el 20 de mayo de 2026, decreto firmado por Pablo Mira como ministro subrogante.

    • Miguel Arias Navarrete (excarabinero): Condenado por secuestro calificado de 1973. El ministro Fernando Rabat firmó una rebaja de 9 meses a su favor.

    • Manuel Cabezas Pérez: Condenado por torturas cometidas en la Base Aérea El Bosque. Obtuvo 8 meses de reducción bajo la firma de Fernando Rabat.

  • Narcotráfico en la frontera norte: Interferencia publicó 13 decretos en formato PDF que acreditan rebajas de entre 3 y 11 meses de cárcel para al menos 13 extranjeros condenados por tráfico de drogas detenidos en el norte del país —entre ellos José Luis Liscano, Edixon Escobar y Víctor Mora Araya—, firmados alternadamente por Rabat y por Silva como subrogante entre abril y septiembre de 2026.

  • Homicidio calificado en medio de la crisis: Pese a haber anunciado el 23 de octubre la suspensión de estos decretos, el 5 de noviembre de 2026 —cuando el escándalo ya estaba desatado— Fernando Rabat y la subsecretaria Josefina Soto firmaron una rebaja de 10 meses para Peter Rojas Gallardo, condenado por el homicidio de un adulto mayor en Catemu ocurrido en 2022. Posteriormente, la cartera intentó justificar el acto señalando que la suspensión de octubre solo aplicaba a delitos sexuales contra menores, viéndose obligada recién el 9 de noviembre a decretar la suspensión total de todas las rebajas sin importar el delito.

El desmentido documental a la defensa del ministro Rabat

Para contener la crisis en sus comparecencias ante el Senado y la Cámara los días 27 y 28 de octubre, el ministro Fernando Rabat sostuvo que su cartera no tenía margen de acción, argumentando que los decretos eran un mero «cumplimiento de sentencias de la Corte Suprema» y que el ministerio solo formalizaba lo resuelto por las comisiones de reducción de condenas.

Sin embargo, el contraste con los registros públicos y judiciales desmorona la tesis ministerial:

  1. Sin orden judicial: Las 56 rebajas a agresores sexuales de menores de 2026 se otorgaron por vía puramente administrativa, sin que existiera un fallo judicial individual que obligara al Ejecutivo a firmarlas. De hecho, la propia presidenta de la Corte Suprema tomó distancia pública de la interpretación esgrimida por Rabat.

  2. El giro inexplicable de junio: En febrero de 2026, semanas antes del cambio de mando, el Ministerio de Justicia había instruido expresamente a sus Seremis negar este tipo de rebajas. Durante los primeros meses de la nueva administración (marzo a mayo de 2026), el propio ministerio aplicó ese criterio y firmó al menos cinco decretos rechazando solicitudes de agresores sexuales. Más aún, entre marzo y junio, la Corte Suprema respaldó seis rechazos dictados por Justicia, validando que el Ejecutivo sí tenía facultades para denegar el beneficio. No obstante, a partir de junio, la cartera cambió abruptamente de criterio sin que hasta hoy exista un informe jurídico público que explique qué motivó el giro ni quién lo autorizó.

  3. Desoír alertas internas: El ministerio sí ejerció discrecionalidad cuando quiso: Rabat rechazó más de 20 postulaciones que venían visadas por las comisiones regionales, pero simultáneamente aprobó casos que sus propias Seremis habían objetado por escrito. Ejemplo de ello son el oficio 252 de la Seremi del Biobío (que advirtió el 24 y 26 de junio que dos postulaciones podían estar legalmente prohibidas, incluida la de Luis Caamaño) y la objeción de la Seremi Metropolitana del 4 de agosto en el caso de Sergio Becerra.

El manto de secreto y las cifras que no cuadran

La opacidad con la que el Ministerio de Justicia ha manejado el caso ha encendido las alarmas sobre una posible obstrucción al escrutinio público.El pasado 11 de noviembre, Justicia entregó a la Comisión de Constitución del Senado un paquete de 308 decretos dictados entre 2022 y 2026 por delitos sexuales contra menores (46 en 2022; 54 en 2023; 66 en 2024; 76 en 2025; y 66 en lo que va de 2026).

Sin embargo, el Ejecutivo impuso sobre ellos una estricta cláusula de reserva, impidiendo su copia o difusión bajo el argumento de proteger la vida privada (artículo 19 N° 4 de la Constitución). Esta maniobra fue duramente cuestionada por el expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, y por parlamentarios que invocan el principio de publicidad de los actos de la Administración consagrado en el artículo 8 de la Constitución.

A la reserva se suman graves inconsistencias matemáticas en los reportes oficiales:

  • Mientras la cartera asegura que el 95% de los 308 decretos históricos (291 casos) obedecen a órdenes judiciales y solo 17 (5%) fueron tramitados por vía exclusivamente administrativa en todo el quinquenio, esa cifra resulta incompatible con los 56 decretos administrativos reconocidos solo entre marzo y septiembre de 2026.

  • El propio ministro Rabat declaró ante la Cámara que fueron 54 decretos entre mayo y octubre, contradiciendo tanto el oficio de su Subsecretaría (56 entre marzo y septiembre) como el libelo acusatorio (56 entre junio y septiembre).

  • El paquete entregado al Senado omite por completo los decretos dictados por narcotráfico, crimen organizado y delitos de lesa humanidad, cuya magnitud real sigue oculta.

Cerco judicial, administrativo y político

Con el inicio de la tramitación de la acusación constitucional de tres capítulos en la Cámara este 16 de noviembre —libelo de 189 páginas que individualiza otros 22 decretos cuestionados—, el ministro Fernando Rabat enfrenta un triple frente de investigación:

  1. Frente Penal: Desde el 30 de octubre, la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte mantiene abierta una investigación penal por presunta prevaricación administrativa contra el ministro Fernando Rabat y el exfirmante Luis Silva. El 10 de noviembre, el propio titular de Justicia confirmó que el Ministerio Público le dio un plazo perentorio de siete días para entregar la totalidad de los decretos.

  2. Frente Administrativo: La Contraloría General de la República confirmó el 5 de noviembre que mantiene en curso una fiscalización formal sobre la legalidad de los actos administrativos emitidos por la cartera.

  3. Frente Político y de Transparencia: Mientras La Moneda y el oficialismo mantienen su respaldo político al ministro alegando que no existen responsabilidades penales acreditadas en esta etapa inicial, la oposición y organizaciones civiles preparan una batería de solicitudes por Ley de Transparencia (Ley 20.285) para forzar la entrega de todos los decretos exentos con el único resguardo de tarjar la identidad de las víctimas, despejando así cuántas personas condenadas por delitos graves ya recuperaron su libertad y cuántas contaban con informes de Gendarmería que advertían alto riesgo de reincidencia.