El gremio periodístico y la sociedad costarricense se encuentran consternados tras el asesinato a balazos del comunicador y escritor Camilo Rodríguez, ocurrido la tarde de este lunes 16 de noviembre mientras se desplazaba en su vehículo por la Ruta 32, a la altura de San Miguel de Santo Domingo, en la provincia de Heredia.
De acuerdo con los reportes preliminares de la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el ataque se produjo cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el automóvil tipopick-up que conducía el comunicador y efectuaron entre nueve y diez disparos. Socorristas de la Cruz Roja Costarricense acudieron al sitio y confirmaron el fallecimiento del periodista en el lugar debido a múltiples heridas de arma de fuego.
Perfil y denuncias previasRodríguez, de 50 años, había dedicado los últimos años a publicar investigaciones y denuncias a través de sus plataformas digitales, donde señalaba presuntos vínculos entre el crimen organizado, el narcotráfico y figuras del ámbito político y empresarial, llegando incluso a mencionar a personas con nombres y apellidos. En reiteradas ocasiones, el comunicador advirtió públicamente haber recibido amenazas de muerte y afirmó haber entregado informes sobre estas redes a la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA).
Reacciones oficiales y del gremioTras conocerse el crimen, la presidenta de la República, Laura Fernández, condenó el hecho calificándolo como«una mancha contra la libertad de expresión» e instruyó a los cuerpos policiales a brindar total colaboración para esclarecer el caso y capturar a los responsables.
Por su parte, el Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper) emitió un pronunciamiento repudiando el homicidio y exigiendo a las autoridades judiciales«una investigación con celeridad».
ContextoCon la muerte de Rodríguez, Costa Rica registra el tercer asesinato de un periodista en su historia reciente, sumándose a los casos de Parmenio Medina (2001) e Ivannia Mora (2003). El crimen ocurre en medio de un complejo panorama de seguridad en el país centroamericano, donde las autoridades judiciales atribuyen cerca del 70 % de los homicidios a disputas vinculadas al narcotráfico.
Hasta el momento no se reportan personas detenidas, mientras agentes del OIJ mantienen acordonada la zona y revisan cámaras de seguridad cercanas para identificar la ruta de escape de los atacantes.

