El diputado Jaime Bassa, del Frente Amplio, manifestó reparos a la reforma constitucional en seguridad que impulsa el Ejecutivo, cuyo borrador contempla 11 modificaciones a la Carta Fundamental para ampliar las facultades del Estado frente al crimen organizado, narcotráfico y terrorismo. El parlamentario cuestionó especialmente la propuesta de establecer regímenes penitenciarios diferenciados y restricciones prolongadas al acceso a prestaciones públicas.
Una de las modificaciones del proyecto considera incorporar un nuevo artículo 9 bis que establecería que personas condenadas por determinados delitos queden impedidas, mientras cumplen condena y durante 15 años posteriores, de acceder a prestaciones financiadas con recursos públicos en áreas como salud, educación, trabajo y seguridad social.
Según Bassa, le preocupa que el Gobierno pretenda convertir la Constitución en un catálogo de exclusiones y que confunda una política de seguridad con la acumulación de castigos. El diputado afirmó que excluir durante 15 años de prestaciones vinculadas a derechos sociales a una persona que ya cumplió su condena significa extender los efectos punitivos del Estado más allá de la pena impuesta por los tribunales.
El parlamentario planteó que las medidas de seguridad deben contemplar mecanismos que eviten la reincidencia y favorezcan la reinserción. Sostuvo que una política de seguridad debe perseguir y sancionar, pero también prevenir, rehabilitar y evitar que el delito se reproduzca. La propuesta del Ejecutivo incluye además un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública que podría ser decretado frente a la actuación de organizaciones criminales.
Bassa indicó que el debate en el Congreso deberá analizar el alcance de las modificaciones planteadas. Según el diputado, si bien es necesario dotar al Estado de herramientas para combatir al crimen organizado, aquello debe hacerse resguardando los límites constitucionales y las garantías fundamentales. Fuente: BioBio.