Reducir las penas a agresores sexuales no es una mera discusión técnica; es una falta de criterio que revictimiza a los afectados y envía un mensaje devastador a la sociedad chilena.

El debate público sobre la justicia en Chile suele naufragar en tecnicismos legales, argumentos sobre la sobrepoblación penal y abstractas discusiones sobre la reinserción social. Sin embargo, cuando estos argumentos se pretenden aplicar a personas condenadas por delitos sexuales, la discusión deja de ser teórica para convertirse en un problema ético e institucional profundo. Plantea o aplicar decisiones que busquen rebajar condenas a este tipo de delincuentes no solo resulta ser una preocupante falta de criterio; representa una mala jugada en contra de las víctimas y una vulneración flagrante a su derecho a la justicia y reparación.

Afrontar un proceso penal por abuso o agresión sexual exige a las víctimas —y de manera dramática cuando se trata de niños, niñas y adolescentes— un esfuerzo desproporcionado. Significa revivir el trauma, someterse a peritajes violentos y exponerse al escrutinio público y familiar. Cuando el Estado finalmente emite una sentencia condenatoria, la víctima encuentra un mínimo resquicio de reparación y paz: la certeza de que la sociedad reconoció la gravedad del daño sufrido y que el agresor pagará una sanción proporcional.

Por lo mismo, recortar o morigerar arbitrariamente esas penas rompe el pacto de confianza entre la ciudadanía y el sistema judicial. La rebaja de condenas no es una medida neutra: es una profunda falta de empatía que revictimiza a quienes ya sufrieron el abuso, transmitiéndoles el amargo mensaje de que el castigo a sus agresores es transable y que su dolor pierde valor con el paso del tiempo.

Más grave aún es el impacto social de este tipo de medidas en la infancia. En un país donde la protección de la niñez debiese ser una prioridad nacional intransigente, flexibilizar la mano dura contra agresores de menores de edad bordea la complicidad institucional. Atenuar las consecuencias de este tipo de crímenes termina por avalar y minimizar el impacto del abuso en Chile contra niños y niñas, enviando una señal devastadora a la sociedad: que la integridad física y psicológica de los más vulnerables no es tan intocable como el discurso político sostiene.

La justicia que no protege ni repara de forma efectiva deja de ser justicia. Los delitos sexuales destruyen proyectos de vida, quiebran la confianza básica de la infancia y dejan secuelas permanentes. Ceder ante propuestas o criterios que ablanden las penas a estos condenados es dar la espalda a las víctimas y retroceder años en la lucha por los derechos humanos de la niñez. Antes de pensar en aliviar las condiciones de quienes vulneraron a otros, el Estado debe recordar que su primera y principal obligación es estar del lado de las víctimas.

Humberto García Díaz | Director La Conexión