• La exvocera de Gobierno acusó al Ejecutivo de mentir sobre la aplicación de beneficios carcelarios y advirtió sobre la desconfianza que esta medida genera en el sistema de justicia.

  • Exigió asumir responsabilidades políticas y revertir las reducciones de penas concedidas a condenados por abuso y violación de niñas, niños y adolescentes.

En una dura declaración pública emitidos a través de sus canales oficiales, la exministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reaccionó con firmeza ante la controversia generada por las 56 rebajas de condena otorgadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a personas condenadas por abuso sexual y violación de menores de edad.

Vallejo tildó la situación como un hecho de la máxima gravedad que debilita el sistema institucional y envía un mensaje desolador a las víctimas y sus familias.

«Siento angustia y rabia. Creo que esto es gravísimo. ¿Esta es la señal que quieren darle a la sociedad? ¿Este es el país que quieren construir? ¿Esta es la sensación de impunidad que quieren generar? ¿Qué pasa con las víctimas y con los menores de edad? Se genera una desconfianza en el sistema tremenda», aseveró la exautoridad.

Cuestionamiento a la versión oficial y exclusión legal

Frente a la defensa del Gobierno, que argumentó que la ley obligaba a conceder dichos beneficios carcelarios, Vallejo desmintió tajantemente dicha interpretación:

  • Marco legal vigente: Señaló que la legislación aprobada en febrero de 2022 excluye explícitamente de la rebaja de penas a quienes hayan cometido delitos de abuso sexual y violación contra menores de edad.

  • Voluntad del Ejecutivo: Enfatizó que no existe una doctrina automática que obligue al Ministerio a ceder en todos los casos, recalcando que la administración anterior rechazaba este tipo de solicitudes para proteger a la infancia.

  • Acusación de falsedad: «Lo peor es que mienten o no manejan la información. Dicen que la ley los obliga, pero no los obliga», enfatizó.

Exigencia de responsabilidades políticas

Finalmente, la exministra instó al Ejecutivo a revisar los criterios aplicados y revertir las rebajas de condena otorgadas, señalando que los avances en materia de protección de la infancia no pueden retroceder.

«Yo espero que esto se revierta y que se hagan valer las responsabilidades políticas del caso. Ya es demasiado. Ha costado mucho tiempo construir y lograr justicia para las víctimas de los delitos más graves y delicados, como son los abusos contra menores», concluyó.