Una crisis política, financiera y laboral sin precedentes mantiene completamente paralizada a la Municipalidad de Quilpué.Con el edificio consistorial encadenado, la atención al público suspendida y cuatro renuncias en el círculo más íntimo de la alcaldesa Carolina Corti (RN), la casa edilicia cierra el año sin fondos aprobados para pagar las remuneraciones de diciembre de 183 trabajadores a contrata.

El detonante final ocurrió el pasado 18 de noviembre, cuando un bloque transversal de seis concejales rechazó por quinta vez en dos meses —en una votación de 6 contra 3— la Modificación Presupuestaria N° 25 por $333 millones. Los ediles acusan a la administración de haber incurrido en contrataciones fuera de presupuesto, otorgar alzas salariales «descriteriadas» a asesores de confianza y sobrepasar con creces el límite legal de gasto en personal, dejando a la comuna al borde de una eventual ilegalidad administrativa.

El trasfondo financiero: ¿Falta de caja o desorden administrativo?

Pese a la gravedad de la crisis, las cifras indican que la Municipalidad de Quilpué no enfrenta un déficit financiero global.Las proyecciones oficiales al 31 de diciembre estiman ingresos por $70.076 millones frente a gastos por $68.834 millones, lo que arroja un saldo positivo de $1.242 millones.

Sin embargo, el colapso radica en el agotamiento anticipado de las cuentas destinadas a remuneraciones.Para cubrir el forado financiero, la administración intentó desde fines de septiembre reasignar cerca de $1.000 millones originalmente destinados a obras civiles, proyectos urbanos, consultorías y servicios comunitarios.

Los concejales opositores —Renzo Aranda (DC), Paula Castro (Ind.-FA), Mónica Neira (Ind.), Francisco Villegas, Marco Aguirre y Laura González— denunciaron la existencia de 25 contrataciones a contrata fuera de presupuesto, las cuales generaron un gasto no proyectado superior a los $320,7 millones. A esto se suman fuertes distorsiones salariales por funciones idénticas dentro del municipio:

  • Seguridad Pública: Sueldos que oscilan entre los $935.673 y los $1.871.346.

  • Secretaría Comunal de Planificación (Secpla): Remuneraciones que van desde $1.000.000 hasta $2.176.842.

  • Deporte y Recreación: Pagos que fluctúan entre los $967.824 y los $1.716.684.

El nudo legal del 40% y los sueldos del «círculo de hierro»

El principal argumento del bloque opositor para frenar las inyecciones de recursos es el artículo 2° de la Ley 18.883 (Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales), normativa que prohíbe que el gasto en personal a contrata supere el 40% del gasto destinado a la planta municipal.

Considerando un gasto de planta informado cercano a los $8.804 millones, el techo legal de Quilpué asciende a unos $3.522 millones anuales.No obstante, según los antecedentes expuestos por el Concejo, el gasto actual ya bordea el 47% (aproximadamente $4.138 millones, es decir, unos $616 millones por encima de la ley), y aprobar la Modificación N° 25 habría elevado el indicador hasta un 51,5% ($4.534 millones). Incluso se ha cuestionado una posible sobreestimación de $1.500 millones en la cuenta de planta, lo que haría que la infracción legal sea aún mayor.

Mientras los trabajadores enfrentaban la incertidumbre, la revisión de los registros de Transparencia encendió los ánimos políticos al revelar las altas remuneraciones del círculo cercano de la alcaldesa, ingresados bajo la modalidad de honorarios durante la actual gestión:

  • Jefe de Gabinete (Alexis Tadres): $3.308.800 mensuales (con formación declarada de enseñanza media completa).

  • Encargado de Contratos y Compras Públicas: $2.481.600 mensuales (abogado).

  • Asesoría en Problemas Sociales: $2.318.840 mensuales (psicóloga).

  • Asesoría Jurídica: $2.076.784 mensuales (abogado).

Fuego cruzado entre la Alcaldía y el Concejo

La crisis desató una fractura política total en la comuna.La alcaldesa Carolina Corti, respaldada únicamente por los concejales Paola Toledo (Republicano) y Javier Cortés (Ind.-RN), realizó una tibia autocrítica admitiendo que debió solicitar los ajustes a mitad de año, pero defendió las contrataciones argumentando el crecimiento demográfico de una comuna que, según sus cifras, supera los 170 mil habitantes (aunque el Censo 2024 registró 162.559 personas). Asimismo, acusó a los ediles de intentar «coadministrar» el municipio y de utilizar el presupuesto como una «medición de fuerzas políticas».

Por su parte, los seis concejales opositores —entre quienes figura Mónica Neira, exrival de Corti en las primarias de Chile Vamos de 2024— acudieron a la Contraloría Regional de Valparaíso para denunciar una «gestión temeraria» y exigir que se determinen responsabilidades administrativas. El bloque insiste en que no serán «cómplices de una ilegalidad» y propuso un plan alternativo de saneamiento que exige eliminar las 25 contrataciones fuera de presupuesto, nivelar los sueldos bajo el principio de «misma función, misma remuneración» y utilizar remanentes de la subvención de la Corporación Municipal para cubrir déficits sin tocar la inversión urbana.

El costo humano: Paros, despidos y edificio encadenado

Los grandes perjudicados de la pugna han sido los trabajadores municipales y la comunidad quilpueína:

  1. Conflicto con Honorarios: Los 406 prestadores a honorarios —agrupados en el sindicato SITTHOMQ— sostuvieron una paralización de 17 días.Aunque lograron un acuerdo parcial por cerca de $405 millones (destinado solo a quienes tienen más de un año de antigüedad), el cierre del conflicto dejó un saldo amargo: el anuncio de entre 11 y 30 desvinculaciones para diciembre y una eventual rebaja salarial del 3%, además de acusaciones de haber sido excluidos de las mesas de negociación.

  2. Toma del Municipio por Contrata: Tras el rechazo de los $333 millones el 18 de noviembre, las cuatro asociaciones de funcionarios (Funcionarios Municipales, Auxiliares, Unitaria y Técnicos y Profesionales) encadenaron el acceso principal del edificio consistorial y declararon un paro total e indefinido al que se sumaron trabajadores de planta y honorarios.

Actualmente, la Municipalidad de Quilpué mantiene cerradas sus puertas al público, operando únicamente con turnos éticos para la distribución de agua potable y emergencias graves como incendios o fallecimientos. Si bien los gremios anunciaron que depondrán la toma física del inmueble este viernes 20 de noviembre, advirtieron que la paralización de funciones continuará de manera indefinida hasta que las autoridades garanticen el pago íntegro de los sueldos de diciembre.

Cronología de la crisis presupuestaria en Quilpué (2026)

  • Enero de 2026: Ingresan al municipio diversas contrataciones de personal que, según denuncias posteriores en el Concejo Municipal, no contaban con respaldo presupuestario original.

  • Fines de septiembre: La administración de la alcaldesa Carolina Corti solicita formalmente reasignar cerca de $1.000 millones desde cuentas de obras y servicios hacia el pago de remuneraciones.

  • 29 de septiembre: En sesión de Concejo, la concejala Laura González advierte públicamente que el límite legal del 40% para personal a contrata podría obligar a ejecutar despidos masivos; su postura es contradicha en ese momento por otros ediles.

  • 13 de octubre: Primer revés en el Concejo.Por 6 votos contra 3, los ediles rechazan las Modificaciones Presupuestarias N° 19 ($539,6 millones para honorarios) y N° 21 ($459,6 millones para contratas, que restaba fondos a proyectos urbanos y consultorías). La concejala Mónica Neira declara que las confianzas con la alcaldesa están «absolutamente quebradas».

  • 15 de octubre: Se hacen públicos los registros de Transparencia activa, revelando que el jefe de gabinete de la alcaldía percibe un sueldo mensual de $3.308.800 bajo modalidad a honorarios, lo que desata fuertes críticas políticas.

  • 26 – 27 de octubre: En la antesala de una nueva votación, Corti advierte que el rechazo sería una «medición de fuerzas políticas». El 27 de octubre, el Concejo rechaza por 6-3 la Modificación Presupuestaria N° 22 ($491 millones para honorarios).Acto seguido, los seis concejales opositores denuncian a la alcaldesa ante la Contraloría Regional de Valparaíso, mientras el municipio anuncia que solicitará su propio pronunciamiento al ente contralor y acusa a los ediles de «coadministrar».

  • 28 de octubre: Los seis concejales presentan un «Plan Extraordinario de Saneamiento Presupuestario» exigiendo recortar las 25 contrataciones fuera de presupuesto y nivelar sueldos.Paralelamente, la alcaldesa admite en declaraciones públicas que cometió un error al no solicitar la modificación presupuestaria a mitad de año, aunque defiende la necesidad de las contrataciones.

  • 29 de octubre: Presenta su renuncia el jefe de gabinete, Alexis Tadres, pidiendo que los funcionarios no sean utilizados como «rehenes de las diferencias políticas».

  • 4 de noviembre: En medio de una prolongada huelga de trabajadores a honorarios, la Alcaldía y los concejales anuncian un acuerdo para inyectar cerca de $405 millones destinados exclusivamente a prestadores con más de un año de antigüedad, reconociendo oficialmente la «insuficiencia presupuestaria».

  • 10 de noviembre: Se confirma una crisis interna en el equipo de confianza de la alcaldesa tras conocerse cuatro renuncias clave: el ya dimitido jefe de gabinete (Alexis Tadres), la directora jurídica (Ximena Olivares), el administrador municipal (Patricio Herrera) y un asesor de Secpla (Sebastián Olivos).

  • 11 de noviembre: El Sindicato de Trabajadores a Honorarios (SITTHOMQ) depone su paro tras 17 días de movilización, aunque se confirman desvinculaciones proyectadas para diciembre.

  • 17 de noviembre: Los concejales Francisco Villegas y Paula Castro, acompañados por el diputado Nelson Venegas, sostienen una reunión presencial con la Contralora Regional de Valparaíso para acelerar la resolución sobre la crisis financiera del municipio.

  • 18 de noviembre: El Concejo Municipal rechaza por 6 votos contra 3 la Modificación Presupuestaria N° 25 por $333 millones, dejando sin financiamiento los sueldos de diciembre de 183 funcionarios a contrata. En respuesta inmediata, las cuatro asociaciones de funcionarios encadenan y se toman el edificio consistorial, iniciando un paro total e indefinido.

  • 19 de noviembre: El municipio amanece cerrado y sin atención de público, operando solo con turnos de emergencia y reparto de agua.Las asociaciones gremiales anuncian que entregarán el edificio tomado el viernes 20 de noviembre, pero ratifican que el paro indefinido continuará hasta obtener una solución definitiva.