Hoy se cumplen siete años del 18 de octubre de 2019, cuando Chile vivió su reventón social. El país que se exhibía como modelo en América Latina quedó en shock, entre incertidumbre y desorientación política. Lo explicamos entonces con la ley del gradiente.
La derecha no entendía lo que pasaba y culpaba a la izquierda. La izquierda, igual de desorientada, intentaba con oportunismo adjudicarse el protagonismo y la capacidad de convocatoria. Ni unos ni otros acertaban. No era un asunto local, sino un episodio de un proceso global: el repudio a la política, los políticos y el modelo de desarrollo.
La estabilidad democrática depende de un equilibrio frágil entre las expectativas legítimas de la ciudadanía y la capacidad del sistema político para encauzarlas y responderlas. Cuando esa capacidad se degrada o se interrumpe, el sistema sufre fricción estructural. Eso es lo que llamamos la ley del gradiente socioeconómico y político. La idea viene de la física clásica: los fluidos van de las zonas de alta presión a las de baja presión. En lo social, la movilización nace en un centro de alta presión – donde se acumulan la frustración, el estancamiento, las promesas incumplidas y la asfixia cotidiana – y fluye hacia los espacios institucionales de menor presión.
La regla es clara: a mayor distancia entre lo que una sociedad espera en progreso, justicia y equidad, y lo que la política entrega, mayor es el potencial de combustión social. La violencia política y las insurrecciones no nacen de la miseria, sino de la brecha entre lo que las personas creen merecer y lo que el sistema les da. Los reventones sociales no surgen del vacío. Son la manifestación explícita de un sistema con su válvula de seguridad obturada, y una crítica – o desprecio – al sistema político en su conjunto, por igual a derecha e izquierda.
Servicios básicos deficientes, movilidad social estancada y participación democrática débil revelan la rigidez de un sistema incapaz de absorber los cambios demográficos y culturales. Ante esa asimetría, la movilización deja de ser una anomalía y se convierte en un intento radical, casi desesperado, del cuerpo social por recuperar su homeostasis, es decir, su equilibrio.
Tenemos quince años de evidencia. La ley del gradiente es una constante empírica. Desde 2010 se repite el patrón: las expectativas insatisfechas se acumulan hasta quebrar la contención institucional, y estallan olas de indignación en geografías y culturas muy distintas. El primer catalizador global fue la Primavera Árabe, en 2010. Iniciada en Túnez y extendida a Egipto y la región, fue un grito urgente contra décadas de autocracia, corrupción endémica y falta de futuro económico para los jóvenes.
Casi en paralelo, en 2011, Occupy Wall Street demostró que el malestar no era exclusivo de las dictaduras. En el corazón del capitalismo, se cuestionó la concentración del poder financiero y la desigualdad agravada por el modelo de desarrollo global.
Entre 2018 y 2019 los brotes se multiplicaron. En Francia, los Chalecos Amarillos reaccionaron ante medidas fiscales percibidas como regresivas y expusieron la fractura entre una periferia precarizada y una élite desconectada del costo real de la vida. Luego Chile, emblemático en éxito económico, se paralizó por la mala calidad de los servicios públicos, la privatización de los derechos sociales y un progreso prometido que nunca llegó a las mayorías. Hubo fenómenos similares en Perú, Sri Lanka, Irán e Irak, con demandas desde los derechos civiles y el fin de la represión hasta reformas profundas al sistema político ante la crisis de gobernabilidad.
En todos, la calle fue la única vía para un descontento que no encontraba cauce en las urnas ni en el diálogo formal. Cuando el modelo de desarrollo no responde a las necesidades fundamentales, el gradiente acumulado rompe los diques de la contención pública. Si el gradiente es la presión y la protesta su descarga, el motor de fondo es el descrédito de la gestión política y la crisis de la gobernanza. La gente no sale a la calle solo por bienes materiales, sino, sobre todo, para repudiar la forma en que se ejerce el poder y la desconexión ética de la clase dirigente.
Peter Mair lo explicó al estudiar la crisis de representación: los partidos abandonaron su función de puente entre las demandas sociales y las decisiones del Estado. Replegados en el aparato estatal, se volvieron estructuras endogámicas, al servicio de sus propias burocracias. Colin Crouch lo llama posdemocracia. Las formas siguen intactas – hay elecciones, debates y leyes -, pero la política real se reduce a un espectáculo performativo, vacío de sustancia. Las decisiones clave se toman en círculos cerrados de élites políticas y tecno-económicas que operan al margen de las mayorías. Chantal Mouffe, desde las teorías del populismo, advierte que ese consenso de centro o bloque cerrado invisibiliza el conflicto social, deja a amplios sectores sin vocería política y alimenta la desafección y el rencor.
Vilfredo Pareto y Gaetano Mosca, con sus teorías de la élite, mostraron que, sea cual sea la ideología, el poder tiende a concentrarse en una minoría organizada que usa las instituciones para perpetuar su estatus y sus recursos. Llevado al extremo, esto es la «captura del Estado»: intereses privados de ciertos grupos o redes dominan las políticas públicas en desmedro del interés general.
El núcleo es una profunda corrupción ideológica y una falta de coherencia ética. Cuando la ciudadanía comprueba que la equidad y el bien común son meros recursos retóricos, mientras las decisiones de gobierno protegen privilegios de grupo, la legitimidad se quiebra. La clase política es eficiente para autopreservarse, pero, vaciada de compromiso social, acelera la desconfianza pública.
Los estallidos, desde la Primavera Árabe hasta hoy, son la consecuencia de la ley del gradiente aplicada a la vida pública. Mientras siga abierta la brecha entre expectativas ciudadanas y respuestas políticas, la presión seguirá buscando salidas.
El equilibrio social no se recuperará con más represión ni con más discursos. Exige una reconstrucción ética de la representación, que supere la captura del Estado y devuelva el bien común al centro de la acción pública. De lo contrario, una clase política incapaz de reajustar sus prioridades seguirá alimentando un gradiente cuya única vía de escape será la convulsión en las calles. Sin respuesta, la ciudadanía pronto cargará contra la política y los políticos.
Siete años después de aquel 18 de octubre en Chile, la pregunta ya no es quién tuvo la culpa, sino si aprendimos a leer la presión del gradiente antes de que vuelva a estallar.
