La autoridad regional fijó un plazo perentorio para liberar las calzadas en los puntos críticos de la red vial, argumentando la necesidad de garantizar el libre tránsito, el orden público y la cadena de abastecimiento.
Ante el escenario de interrupciones parciales y totales registradas en diversos tramos de las carreteras del país debido al paro convocado por sectores del transporte de carga, el representante regional Arrau entregó una declaración oficial en la que estableció un ultimátum a los manifestantes. La autoridad advirtió que, de mantenerse los cortes de ruta más allá del plazo estipulado, se instruirá a Carabineros de Chile para proceder con el despeje inmediato de las vías y restablecer la normalidad del flujo vehicular.
Durante su intervención, Arrau subrayó que el Gobierno y las autoridades territoriales han mantenido abiertos los canales de comunicación para abordar las inquietudes del gremio, pero recalcó que el derecho a la protesta tiene como límite el respeto a la ley y los derechos fundamentales del resto de la ciudadanía. En esa línea, señaló que la ocupación de las pistas de circulación constituye una infracción grave que pone en riesgo la seguridad vial y afecta directamente el traslado de personas, servicios de emergencia y suministros básicos.
«Hemos sido claros y categóricos: existe total disposición para dialogar dentro del marco institucional, pero no podemos permitir que se vulnere el libre tránsito ni que se mantenga aislada a la población. Se ha dado un plazo definitivo para que los vehículos que obstruyen la calzada sean retirados de manera voluntaria. Si este llamado no es acatado, Carabineros actuará conforme a las atribuciones que le confiere la ley para despejar las rutas», enfatizó Arrau.
Impacto en la cadena logística y seguridad vial
Desde la autoridad regional se detalló que la prolongación de los bloqueos genera consecuencias críticas en el abastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos, además de provocar pérdidas económicas significativas para los sectores productivos, agrícolas y comerciales de la zona. Asimismo, se advirtió sobre el peligro que representa el estacionamiento de maquinaria pesada en sectores de alta velocidad o baja visibilidad, lo que incrementa exponencialmente el riesgo de accidentes de tránsito.
Para hacer frente a la contingencia, se ha dispuesto un despliegue preventivo de fuerzas policiales en los principales accesos, enlaces y plazas de peaje, en coordinación con las concesionarias viales y los equipos de emergencia. El objetivo, según se explicó, es monitorear el comportamiento de las movilizaciones en tiempo real y ejecutar los protocolos de control de orden público en caso de ser necesario, procurando resguardar tanto la integridad de los funcionarios policiales como la de los propios conductores y usuarios de la carretera.
Postura del gremio y llamados al diálogo
Por su parte, los dirigentes de los transportistas movilizados han manifestado en las últimas horas que la paralización responde a demandas vinculadas con la seguridad en las rutas, el alza en los costos operacionales —especialmente el valor de los combustibles y peajes— y la necesidad de mayores garantías para el ejercicio de su labor. Los representantes del sector han insistido en que mantendrán las medidas de presión hasta contar con compromisos concretos y plazos definidos por parte de las autoridades competentes.
Frente a este escenario, Arrau reiteró que las mesas de trabajo siguen disponibles para recibir a los dirigentes que depongan las medidas de fuerza, insistiendo en que las soluciones deben construirse mediante el diálogo y no a través de acciones que perjudiquen el funcionamiento del país. Las autoridades continuarán evaluando minuto a minuto la evolución del tránsito en las distintas rutas y no descartaron la aplicación de las herramientas legales correspondientes contra quienes resulten responsables de bloquear el paso vehicular.
