La diplomacia contemporánea suele sustentarse sobre una premisa tan noble como frágil: la buena fe de los Estados y el irrestricto respeto al derecho internacional. Sin embargo, cuando los tratados limítrofes, los laudos arbitrales y los acuerdos bilaterales se subordinan al vaivén de la conveniencia política interna del país vecino, la convivencia pacífica se transforma en una peligrosa ficción. Lo que hemos presenciado recientemente con Argentina no es un desacuerdo administrativo menor; es la reiteración preocupante de una conducta que erosiona los cimientos de la confianza recíproca y pone a prueba, de manera innecesaria, la paciencia estratégica de nuestra nación.
El derecho internacional no es un menú a la carta del que se pueden elegir preceptos según el humor político de turno o las urgencias electorales del gobernante en la Casa Rosada. Es el marco ordenador que garantiza que la soberanía de los países no dependa del tamaño de sus fuerzas ni de la estridencia de sus discursos, sino de la fuerza vinculante de la palabra empeñada y de los tratados suscritos solemnemente. Cada vez que se relativizan los límites, se resucitan pretensiones anacrónicas o se busca avivar nacionalismos de trinchera para desviar la atención de crisis internas, se comete una agresión sorda pero persistente contra la estabilidad regional.
Lo más grave de este escenario no es solo el agravio puntual, sino la peligrosa normalización de la deslealtad diplomática. Durante demasiado tiempo se ha apostado por la prudencia institucional, interpretando el silencio y la mesura como debilidad o como una invitación tácita a seguir empujando los márgenes de la provocación. Se confunde sistemáticamente la vocación de paz con la sumisión, y el diálogo constructivo con la resignación ante hechos consumados o declaraciones altisonantes que buscan menoscabar nuestra posición soberana.
Frente a esta dinámica, la pregunta que urge instalar en el centro del debate público y político deja de ser una especulación teórica para convertirse en un imperativo de dignidad nacional: ¿Hasta cuándo debemos aguantar los agravios sistemáticos del país vecino?
La respuesta no puede seguir siendo el esquive diplomático ni el cálculo mezquino de evitar asperezas a cualquier costo. La soberanía no se negocia por la comodidad de mantener un falso clima de hermandad forzada. Exigir respeto no es un acto hostil; es la obligación intransable de cualquier Estado que se respete a sí mismo. Ya es hora de trazar líneas claras, donde la reciprocidad y el apego estricto al derecho internacional dejen de ser opciones diplomáticas y pasen a ser condiciones no negociables de nuestra relación bilateral. La paciencia tiene un límite, y ese límite lo marca la dignidad de la patria.
Humberto García Díaz | Director La Conexión | Contador Auditor