El uso de aviones militares y comerciales para exhibir la expulsión masiva de ciudadanos extranjeros se ha transformado en la puesta en escena favorita de la administración de José Antonio Kast. Con una cobertura mediática calculada milimétricamente, overoles blancos que despojan de identidad a los deportados y un despliegue policial digno de un operativo antiterrorista, el Gobierno intenta venderle al país una ilusión: que la compleja crisis migratoria se soluciona a golpe de pasajes de avión y mano dura. Sin embargo, detrás del ruido de las turbinas y el discurso del “orden”, se esconde una política ineficaz, profundamente violenta y violatoria de los derechos humanos básicos.
Mirar estos vuelos con ojo crítico no es defender la irregularidad migratoria ni restar importancia a las demandas de seguridad de la ciudadanía; es, por el contrario, denunciar un costoso engaño propagandístico. Expulsar a un centenar de personas en un avión —en procesos exprés que muchas veces rozan la ilegalidad al no permitir el debido proceso ni la revisión individualizada de cada caso— es una gota de agua en el océano. Mientras el Ejecutivo gasta millones de dólares del erario público en fletar estas naves para alimentar el clamor de sus bases más radicales, las fronteras terrestres siguen careciendo de una gestión inteligente, humanitaria y coordinada con los países de la región.
El verdadero problema de la estrategia aérea del Gobierno de Kast es su profunda carga de deshumanización. Tratar la migración exclusivamente bajo un prisma criminalizante y convertir la expulsión en un espectáculo televisivo no reduce los índices de delincuencia ni detiene los flujos migratorios causados por crisis humanitarias transcontinentales. Lo único que logra es profundizar la xenofobia institucional, rompiendo familias, dejando a niños en la indefensión y vulnerando el principio internacional de no devolución. Se utiliza el dolor ajeno como un insumo de marketing político para elevar los niveles de aprobación en las encuestas de cada semana.
Además, cabe preguntarse por la sostenibilidad técnica de esta medida. Las expulsiones masivas en bloque han sido cuestionadas internacionalmente y tensionan de forma innecesaria las relaciones diplomáticas con los países receptores, los cuales a menudo cierran sus espacios aéreos o dilatan los procesos debido a las formas unilaterales adoptadas por Santiago. Al final del día, el avión despega, la televisión transmite la nota, el Gobierno celebra un falso triunfo en sus redes sociales, pero las causas estructurales del fenómeno migratorio siguen intactas en la frontera.
Chile merece una política migratoria seria, con un control fronterizo efectivo pero un trato digno a las personas. El actual “show aéreo” de La Moneda no es orden, es desesperación comunicacional. Es la dolorosa confirmación de que, ante la incapacidad de ofrecer soluciones complejas a problemas complejos, este Gobierno prefiere optar por la pirotecnia visual, transformando los aviones del Estado en símbolos de la crueldad y la ineficiencia.