Cada cierto tiempo, al ritmo de las fluctuaciones en el precio de las materias primas o de los informes de rendimiento productivo, resurge en el debate público chileno un fantasma ideológico que parecía sepultado en los anales del siglo XX: la privatización de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco). Quienes defienden esta postura suelen vestir su argumento con ropajes de eficiencia técnica, argumentando que el Estado es un administrador rígido, que la burocracia ahoga la innovación y que los millonarios recursos requeridos para los llamados “proyectos estructurales” de la minera estatal estarían mejor financiados por el capital privado, aliviando de paso las siempre presionadas arcas fiscales.
Mirada desde la superficie de la teoría económica más ortodoxa, la premisa puede sonar atractiva. Sin embargo, cuando se contrasta con la realidad histórica, la gobernanza pública y la soberanía estratégica del país, la idea de privatizar Codelco no solo pierde fuerza, sino que se revela como un profundo error de cálculo para el futuro de Chile.
En primer lugar, hay que hablar de números fríos. Codelco no es una empresa pública deficitaria que requiera un rescate; es, por definición, el gran motor que sostiene la red de protección social del Estado chileno. Desde su nacionalización en 1971, la minera ha entregado más de 120 mil millones de dólares en excedentes directos al fisco. Hablamos de recursos que financian escuelas, hospitales, infraestructura vial y bonos sociales. Privatizar Codelco significaría renunciar a perpetuidad a la captura total de esa renta minera en favor del bienestar común, trocándola por una recaudación vía impuestos que, como bien sabemos, suele ser mucho más elástica y propensa a resquicios de optimización tributaria.
El segundo argumento clave radica en la gobernanza y la visión de largo plazo. La minería del cobre es una industria de ciclos largos y de inversiones que tardan décadas en madurar. Mientras una corporación privada cotizada en bolsa vive bajo la tiranía del resultado trimestral y la rentabilidad inmediata para sus accionistas, una empresa del Estado como Codelco puede —y debe— sostener una estrategia de largo aliento. Los retrasos y sobrecostos recientes en proyectos como Chuquicamata Subterránea o El Teniente son problemas reales de gestión que deben ser fiscalizados y corregidos con la máxima severidad técnica, pero no justifican la entrega del patrimonio. Son desafíos propios de la complejidad geológica de yacimientos envejecidos, retos que las mineras privadas también enfrentan a diario de manera silenciosa.
Finalmente, en el escenario global de 2026, el cobre y el litio ya no son simples commodities; son minerales estratégicos críticos para la transición energética y la descarbonización del planeta. Poseer una corporación estatal de la envergadura de Codelco le otorga a Chile un asiento en la mesa de la geopolítica mundial y una capacidad de negociación internacional que ninguna otra nación latinoamericana posee. Es una herramienta de diplomacia económica y de soberanía industrial indispensable.
El verdadero debate que Chile debe dar no es si privatizamos o no Codelco, sino cómo la modernizamos profundamente. El camino pasa por dotar a su directorio de una autonomía aún mayor, blindándola definitivamente de los ciclos políticos de turno; por inyectarle lógicas de eficiencia y flexibilidad laboral propias del sector privado; y por acelerar su transformación tecnológica hacia una minería sustentable con menor huella hídrica y de carbono.
Codelco sigue siendo, con creces, el sueldo de Chile. Y los sueldos de la casa no se venden para pagar el arriendo del mes; se administran con rigor, se cuidan y se defienden con visión de futuro.