Un mensaje que circula en redes sociales asegura que los internos condenados por violaciones a los derechos humanos recibieron con molestia el ingreso del exdirector general de la PDI, a quien califican de delincuente y cuestionan que comparta el recinto con quienes consideran sus camaradas.

La llegada del exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa Valenzuela, a Punta Peuco habría generado malestar entre algunos de los internos que cumplen condena en ese establecimiento penitenciario, según una publicación que comenzó a circular en redes sociales.

El mensaje señala que durante la noche del miércoles 21 y la madrugada del jueves 22 de octubre ingresó al recinto el exjefe policial para cumplir una condena de 17 años de presidio efectivo por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos.

La publicación, atribuida a personas vinculadas a los denominados presos políticos militares, sostiene que su llegada no habría sido bien recibida por los internos, quienes cuestionarían que Espinosa comparta el recinto con condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

«Este tipo es un delincuente y no debe estar junto a quienes defendieron nuestra Patria entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990», señala el mensaje difundido en redes sociales.

Hasta ahora, esa declaración constituye un antecedente de circulación pública, pero no permite establecer por sí sola cuántos internos comparten esa postura ni si se han producido protestas o incidentes al interior del penal.

La diferencia que reivindican los internos

El eventual rechazo tendría relación con una distinción que algunos de los condenados de Punta Peuco han defendido durante años: se consideran presos políticos militares y rechazan ser equiparados con delincuentes comunes.

Desde esa perspectiva, sostienen que su situación estaría vinculada al contexto político y militar en que ocurrieron los hechos por los que fueron condenados, mientras que el caso de Espinosa corresponde a delitos relacionados con el uso irregular de recursos públicos y la falsificación documental.

La controversia pone de manifiesto una diferencia de percepción entre los propios reclusos. Sin embargo, la denominación de presos políticos que algunos utilizan para describirse no cambia la naturaleza de las condenas impuestas por los tribunales.

Las sentencias por graves violaciones a los derechos humanos establecen responsabilidades penales individuales que deben distinguirse de las interpretaciones políticas que los condenados puedan sostener sobre su actuación durante la dictadura.

De máxima autoridad policial a condenado por corrupción

El caso de Espinosa tiene una particular relevancia institucional. Quien encabezó la PDI terminó condenado por delitos vinculados al manejo irregular de recursos públicos y otras conductas ilícitas.

Su eventual convivencia penitenciaria con exmilitares y antiguos agentes del Estado condenados por violaciones a los derechos humanos abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la composición de Punta Peuco y las diferencias que sus internos establecen entre sus respectivas situaciones judiciales.

Más allá de las categorías que los propios reclusos reivindiquen, todos deben cumplir las resoluciones judiciales y someterse a las normas penitenciarias aplicables, sin que su antigua posición institucional les otorgue privilegios especiales.

Por ahora, el supuesto malestar debe entenderse a partir de la publicación difundida en redes sociales, mientras no existan testimonios directos u otros antecedentes independientes que permitan confirmar su alcance.

La situación vuelve a instalar una paradoja: algunos internos rechazan compartir espacio con un condenado por delitos económicos porque consideran que su situación es distinta de la propia, aunque todos se encuentran privados de libertad por decisiones judiciales que deben cumplirse conforme a derecho.