Por María Paz Arzola| Ministra de Educación
El reciente despacho a ley del proyecto que flexibiliza la instalación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) es una buena noticia para las familias y para la educación pública. Nos permite asegurar mejores condiciones durante la transición hacia este nuevo sistema, poniendo en el centro lo más importante: que los estudiantes aprendan y sus colegios funcionen bien.
¿Qué cambia concretamente? Que un SLEP que todavía no esté preparado no recibirá los establecimientos hasta contar con las condiciones necesarias para administrarlos adecuadamente. Y, especialmente, que los municipios con buen desempeño académico y financiero podrán mantener sus colegios por más tiempo, mientras el SLEP al que deben traspasarlos alcanza condiciones equivalentes. No se trata de detener la reforma, sino de asegurar que el cambio de sostenedor sea una mejora efectiva para las comunidades educativas. En todo caso, el plazo máximo para completar los traspasos se mantiene en 2035, dando tiempo para que esas condiciones se construyan.
Esta flexibilidad es necesaria. La educación pública enfrenta dificultades que no podemos desconocer ni seguir postergando. Nos encontramos con déficits importantes y dotaciones que crecieron considerablemente en los últimos años, sin una justificación suficiente. Estamos haciéndonos cargo de esa realidad: suplementando recursos, pero también ordenando las dotaciones y mejorando la gestión, porque no basta con poner más recursos si no se administran responsablemente.
La educación pública necesita sostenibilidad, buenos equipos y una gestión que esté al servicio de las escuelas. Cumplir un calendario de traspasos no puede ser más importante que asegurar las condiciones para educar. Este proyecto nos permite avanzar con responsabilidad, corregir dificultades y dar certezas a las familias y estudiantes que han confiado en la educación pública.
