Naciones Unidas negocia un Convenio Marco sobre Cooperación Tributaria Internacional que vincularía la política de impuestos con los derechos humanos, según documentos de la organización. La propuesta plantea que la tributación debe promover la redistribución de riqueza y financiar derechos sociales. El punto en debate es si decisiones como tasas de impuestos, exenciones o incentivos a la inversión podrían pasar a revisarse bajo criterios internacionales de cumplimiento de derechos humanos.
La Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos envió en julio una carta al Senado chileno sugiriendo que rebajas a la tributación empresarial y mecanismos de invariabilidad tributaria sean evaluados bajo estándares de derechos humanos y movilización de recursos fiscales, según reportó La Tercera. Esto significa que una reforma tributaria podría analizarse no solo en términos de competitividad o atracción de inversiones, sino también desde el cumplimiento de obligaciones internacionales, según advierte la abogada Claudia Valdés, socia de PwC Chile, en columna publicada por ese medio.
El sistema tributario internacional ya incluye normas internas, tratados bilaterales, estándares de la OCDE y reglas contra la evasión fiscal. Crear una arquitectura bajo la ONU con principios propios inspirados en derechos humanos podría generar conflictos interpretativos y duplicidades regulatorias, según el análisis de Valdés. También existe preocupación por el impacto sobre garantías como el debido proceso, la proporcionalidad y la seguridad jurídica de los contribuyentes.
Qué significa para tu bolsillo: El convenio está en negociación y no hay efecto directo. Si Chile lo firma sin reservas, futuras decisiones sobre impuestos empresariales o incentivos a la inversión podrían ser cuestionadas internacionalmente si no cumplen estándares de redistribución, según el análisis. Eso podría afectar el empleo y los precios, pero el impacto concreto dependerá de cómo se implemente el tratado y si Chile hace reservas para proteger su soberanía fiscal.
La pregunta es si una decisión tributaria adoptada por el Congreso debe poder ser cuestionada por no ajustarse a un estándar internacional de justicia distributiva, plantea Valdés. La respuesta definirá el alcance de la soberanía fiscal del país, por lo que sugiere que Chile realice una reserva o declaración interpretativa de ciertos aspectos del convenio.
Fuente: La Tercera.