Lo que hace más de dos décadas se comercializó como un exclusivo santuario natural de baja densidad terminó convertido en el epicentro de una feroz batalla judicial y ambiental. El conflicto en torno al proyecto Oasis de La Campana escaló a niveles inéditos tras confirmarse que los controladores de la inmobiliaria interpusieron 15 demandas civiles por más de $1.000 millones cada una contra vecinos, residentes y activistas locales, sumando una exigencia indemnizatoria que supera los $15.000 millones de pesos.
El trasfondo de esta ofensiva judicial es la férrea oposición de la comunidad a la expansión desmedida del loteo en un área de altísimo valor ecológico, colindante con el Parque Nacional La Campana y parte de la Reserva de la Biosfera La Campana-Peñuelas, declarada por la UNESCO.
De «reserva ecológica» a megaloteo de más de 2.000 parcelas
Según los antecedentes recopilados por las organizaciones locales y los expedientes administrativos, el conflicto estalló cuando los propietarios originales del proyecto —concebido inicialmente con un número acotado de parcelas y estrictas normas de conservación— denunciaron que la actual administración inmobiliaria modificó unilateralmente las reglas del juego para impulsar una subdivisión masiva que proyecta superar las 2.000 parcelas habitacionales.
Los habitantes advierten que esta urbanización encubierta amenaza directamente la supervivencia del bosque esclerófilo y de uno de los últimos relictos de palma chilena (Jubaea chilensis), especie endémica catalogada en peligro de extinción. A ello se suma la crisis hídrica estructural que golpea a la cuenca de Hijuelas y Ocoa: los vecinos denuncian que la apertura de caminos, el movimiento de tierras y la perforación indiscriminada de pozos están agotando las napas subterráneas y secando las quebradas que abastecen tanto a la flora nativa como a las comunidades rurales de la zona.
El golpe de la SMA: Cargo gravísimo por elusión ambiental
La arremetida civil de la empresa contra los residentes ocurrió en paralelo al avance de las fiscalizaciones estatales. Tras múltiples denuncias ciudadanas respaldadas por informes técnicos y sobrevuelos, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló un cargo gravísimo contra la inmobiliaria titular del proyecto.
La autoridad ambiental determinó que la empresa incurrió en elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ejecutando obras de urbanización, apertura de vías de tránsito, intervención de cauces y subdivisión predial a gran escala sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA). De acuerdo con la normativa vigente, una infracción de carácter gravísimo expone a la compañía a multas de hasta10.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA) —equivalentes a más de $8.600 millones de pesos—, además de la eventual clausura de las obras o la revocación de permisos sectoriales.
¿Justicia o intimidación? El debate por las demandas SLAPP
Lejos de paralizar las obras o someter el proyecto a evaluación ambiental, la respuesta empresarial apuntó directamente al patrimonio de quienes encabezaron las denuncias. En las acciones ingresadas ante la justicia civil, la inmobiliaria acusa a los vecinos de provocar «daño moral, desprestigio comercial y lucro cesante» por difundir alertas en medios de comunicación y redes sociales sobre la ilegalidad de las ventas de terrenos y el impacto ecológico del proyecto.
«Estamos frente a un manual de manuales de intimidación corporativa: cuando no pueden justificar la legalidad de sus obras ante la autoridad ambiental, intentan quebrar económicamente a los ciudadanos que se atrevieron a fiscalizar», señalaron desde la defensa de los residentes demandados.
Organizaciones socioambientales y expertos en derecho público han catalogado estas acciones como demandas estratégicas contra la participación pública (conocidas internacionalmente como SLAPP). El mecanismo busca generar un «efecto amedrentador» (chilling effect): obligar a ciudadanos comunes a costear defensas judiciales millonarias durante años, desincentivando así que otras comunidades denuncien delitos o irregularidades ambientales por temor a perder sus ahorros o viviendas.
El caso —que mantiene a los representantes de la inmobiliaria citados a absolver posiciones ante el Juzgado de Letras de La Calera— ha abierto un flanco político sobre la urgencia de implementar efectivamente el Acuerdo de Escazú en Chile, tratado que obliga al Estado a garantizar un entorno seguro y libre de represalias judiciales para los defensores de la naturaleza.

