Por Humberto García Díaz | Director La Conexión
El mapa de las causas penales contra figuras políticas en Chile exhibe una radiografía inquietante: expedientes que se arrastran por más de una década sin sentencia firme y una antesala de juicio oral que se ha convertido en un laberinto interminable. Cuando procesos de alta connotación pública demoran entre dos y once años en llegar a una definición, cabe preguntarse con legítima severidad si estamos frente a la complejidad natural de causas difíciles o ante una falla estructural que termina erosionando la credibilidad del sistema judicial.
Lo primero que resulta imperativo cuestionar son los motivos reales detrás de estas dilaciones.Es evidente que toda defensa tiene el derecho constitucional a ejercer los recursos que la ley le franquea, pero la acumulación sistemática de reaperturas de investigación tras el cierre, sucesivas postergaciones de audiencias preparatorias, disputas de competencia territorial que hacen rebotar un expediente entre regiones e inhabilitaciones en cadena de magistrados dibuja un patrón difícil de ignorar. A ello se suman problemas de gestión interna que tampoco admiten excusas fáciles: agendas judiciales colapsadas durante meses, rotación de fiscales en causas sensibles, notificaciones fuera de plazo y sentencias cuya redacción toma casi un año. El caso SQM es el ejemplo más elocuente de este fracaso colectivo: tras más de once años y 559 audiencias, el tribunal terminó absolviendo a los acusados precisamente porque el Estado violó su derecho a ser juzgados en un plazo razonable. Cuando la demora se convierte en el fundamento mismo de una absolución, la justicia deja de resolver el fondo y se rinde ante su propia lentitud.
Pero tan grave como la parálisis procesal es la exposición permanente de estas investigaciones en la esfera pública. Resulta legítimo interrogarse por qué, en causas que deberían tramitarse con rigor técnico y reserva, la prensa y la opinión pública parecen tener acceso constante a piezas de carpetas investigativas, solicitudes pendientes y movimientos internos mucho antes de que exista siquiera una acusación formal o un juicio oral. Esta filtración continua transforma cada trámite preliminar en un espectáculo político, instalando un juicio paralelo donde los intervinientes litigan tanto en los titulares como en los estrados.
Esa dinámica impide precisamente lo que cualquier Estado de derecho debiera garantizar: un proceso natural, sobrio y tranquilo. La justicia necesita tiempo institucional y serenidad para ponderar pruebas, escuchar a las partes y dictar fallos fundados, lejos de la presión ambiental de las redes sociales y de las trincheras partidistas.Sin embargo, cuando los plazos se estiran artificialmente y el contenido de las investigaciones circula sin control, se produce una doble distorsión: para la ciudadanía, se instala la sospecha de una impunidad diseñada a la medida del poder; para los imputados —amparados por la presunción de inocencia—, el proceso interminable y expuesto se transforma en una condena anticipada antes de que un tribunal haya oído a un solo testigo.
Nadie gana con una justicia atrapada entre la lentitud burocrática y el ruido mediático.Si el Ministerio Público, los tribunales y los propios litigantes no recuperan la sobriedad procesal, la oportunidad en los plazos y el resguardo efectivo de las etapas investigativas, seguiremos acumulando causas millonarias y años de litigio que, al final del camino, no dejan ni verdad judicial ni confianza pública.

