El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) oficializó esta semana modificaciones a la Ley de Plásticos de un Solo Uso, con el objetivo de facilitar la fiscalización y adecuar la normativa a las capacidades técnicas actuales del comercio.
Los ajustes buscan dar mayor claridad operativa a los establecimientos regulados, sin retroceder en el propósito central de la ley: reducir la generación de residuos plásticos desechables y avanzar hacia modelos de consumo más sostenibles.
Principales ajustes a la normativa
1. Artículos de madera, papel o cartón:
Se permite su uso al interior de restaurantes y locales de comida sin exigir certificaciones previas de biodegradabilidad, ante la falta de procedimientos formales para acreditarlas. La medida entrega certeza a los locales mientras se desarrollan los mecanismos de verificación correspondientes.
2. Plazo para retornables y reglamento:
Se extiende de seis meses a dos años el plazo para la vigencia del reglamento y la exigencia de cuotas mínimas de botellas retornables en supermercados. Esta ampliación otorga margen para adecuar la logística industrial, la infraestructura y los procesos de distribución necesarios para su correcta implementación.
3. Certificación para delivery:
Para pedidos de comida para llevar, se aceptarán ensayos de laboratorio y certificaciones internacionales mientras no opere el esquema oficial de certificación. Esto permite mantener la continuidad operativa del delivery bajo estándares verificables.
Desde el MMA señalaron que estas modificaciones responden a la experiencia recogida durante la implementación de la ley y a un trabajo de diálogo con el comercio, municipios y fiscalizadores, con el fin de contar con una normativa aplicable, proporcional y fiscalizable en todo el territorio.
Agenda ambiental paralela
Paralelamente, la delegación de Chile participa en la COP31 en Antalya, Turquía, liderada por la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo.
De acuerdo con País Circular, las prioridades del país en la cumbre incluyen financiamiento climático, reducción de metano y postular a Valparaíso como sede del Tratado de Alta Mar (BBNJ).
Con ello, Chile reafirma su compromiso con la acción climática internacional y con el fortalecimiento de la gobernanza oceánica, en paralelo al perfeccionamiento de su normativa ambiental interna.
