- Un sector de los importadores textiles de Zofri alza la voz ante la crisis, revelando que han destinado recursos propios para implementar plantas de tratamiento orientadas a gestionar mermas que sitúan entre el 5% y el 8% de sus volúmenes.
- La cifra contrasta drásticamente con los informes socioambientales que estiman que hasta un 65% de la ropa usada ingresada termina abandonada o en vertederos ilegales, abriendo una interrogante inevitable sobre el verdadero paradero de los excedentes.
- Gremios exigen esclarecer si los bultos no declarados responden a entregas clandestinas a vertederos, vacíos de trazabilidad o posibles ilícitos aduaneros, en un escenario marcado por la reciente implementación de la Ley REPy tensiones internacionales
El lucrativo pero cuestionado negocio de la importación de ropa usada a través de la Zona Franca de Iquique (Zofri) enfrenta su momento de mayor escrutinio estructural. A las recurrentes imágenes satelitales que convirtieron a la pampa de Alto Hospicio en un símbolo global del descarte de la moda rápida, se suma ahora un profundo debate económico, normativo y de fiscalización sobre la discrepancia entre los volúmenes que ingresan al país, los volúmenes efectivamente comercializados y el destino real de los excedentes textiles.
El problema, que mueve cifras multimillonarias y da sustento a miles de familias en la Región de Tarapacá, transita hoy por una delgada línea entre la economía circular formalizada y la sombra de la opacidad operativa.
Dos estructuras argumentales frente a un mismo desierto
Para comprender la magnitud de la crisis actual, es indispensable cruzar las dos grandes lecturas que dominan el debate público y sectorial:
- La visión de los importadores organizados (AUIT A.G.): Desde el gremio se recalca que una fracción importante del empresariado importador ha asumido una responsabilidad activa frente al residuo. Prueba de ello es la inversión en infraestructura de valorización local —como la Planta de Reciclaje Textil de Alto Hospicio, dimensionada para procesar más de 60 toneladas diarias y exportar fibra procesada para la industria de colchones.Este sector sostiene que las mermas operativas directas o residuos propios del proceso de selección se mueven en un rango acotado,del orden del 5% al 8% de sus importaciones. Su principal preocupación radica en que las normativas internacionales y nacionales se diseñen con base en evidencia real, protegiendo los entre 2.500 y 8.000 empleos —en su mayoría femeninos— que dependen de la cadena de valorización y selección.
- La visión ecosistémica y del dumper ambiental (Observatorios y Dossieres): En la vereda opuesta, diagnósticos independientes y recopilaciones de antecedentes recuerdan que la Zofri recibe anualmente entre 59.000 y 156.000 toneladas de ropa usada proveniente de diversas latitudes globales. Bajo este modelo comercial —caracterizado por la venta de fardos o «pacas» cerradas de 45 a 50 kilos que se transan «a ciegas» al peso—, los comerciantes logran rentabilizar sus inversiones vendiendo cerca del 40% del contenido en ferias locales como La Quebradilla. Informes ambientales estiman que hasta un65% del volumen total ingresado queda sin salida comercial, derivando en una crisis de pasivos ambientales que ha proliferado en más de 70 mini vertederos ilegales y quemas clandestinas en los alrededores de Alto Hospicio.
El nudo crítico: ¿Dónde están los diferenciales y a dónde van a parar?
La colisión entre ambas realidades abre un abismo estadístico y logístico que las autoridades no han terminado de resolver.Si los importadores formales reportan mermas de proceso controladas (5% a 8%), la gran pregunta que cruza la industria y las policías es ineludible:¿Dónde queda el porcentaje restante?
Las dudas operativas apuntan directamente a tres hipótesis complejas que las organizaciones del sector exigen esclarecer:
| Hipótesis de Desvío | Descripción Operativa / de Control | Implicancia Normativa |
|---|---|---|
| ¿Entrega sistemática a vertederos clandestinos? | Si una proporción masiva de los fardos importados no logra colocarse en el mercado formal ni regional, surge la sospecha de si parte de esos volúmenes son derivados de forma irregular a basurales clandestinos para eludir los costos de disposición final autorizada. | Evasión de responsabilidad ambiental y riesgo sanitario crónico. |
| ¿Un problema de delito aduanero y subdeclaración? | La opacidad en la trazabilidad de los fardos abre flancos sobre si existen distorsiones en los registros de peso, valor o destino de la mercancía al momento de cruzar los controles de la Zona Franca, ingresando excedentes que luego escapan por canales informales. | Posible infracción a la ordenanza de aduanas y comercio ilícito. |
| ¿O dónde están los bultos ausentes? | La falta de un registro digital estricto de trazabilidad por fardo individual dificulta fiscalizar si parte de la ropa es derivada de contrabando hacia países vecinos o si existen subdeclaraciones masivas de stock que la institucionalidad actual no logra auditar con precisión. | Falta de trazabilidad transfronteriza y vacíos en la fiscalización estatal. |
Nota: Tabla estructurada en base a las interrogantes planteadas por los actores del sector y los antecedentes de control aduanero y ambiental en la región.
Hacia una respuesta institucional bajo presión
Este escenario de incertidumbre ocurre en un momento bisagra para la gobernanza ambiental de Chile.Con la reciente declaración de los textiles como «producto prioritario» bajo la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP) y los fallos de los Tribunales Ambientales que exigen planes de remediación a diez años, la presión sobre los importadores y el Estado es total.
Sin embargo, los gremios advierten que la normativa corre el riesgo de fracasar si se construyese de espaldas a la realidad económica regional.Mientras se afinan los reglamentos de la Ley REP y se discute la posición de Chile en foros globales como el Convenio de Basilea, el sector insiste en que la solución no pasa por la prohibición ciega o por asfixiar el empleo local, sino por una fiscalización inteligente que distinga entre el importador formal comprometido con la valorización y las rutas oscuras del descarte ilegal.
La interrogante sigue abierta en la pampa nortina: esclarecer el destino de los diferenciales de ropa usada no es solo un asunto de estadísticas aduaneras, sino una condición de supervivencia para la salud, el medio ambiente y la dignidad de la Región de Tarapacá.