Chile destinará US$2.397 millones a sus Fuerzas Armadas en 2026, pero esa cifra —la que aparece en los titulares— es apenas una parte de lo que el país realmente gasta en su aparato de defensa. Un desglose ítem por ítem del presupuesto, sus fuentes de financiamiento y lo que queda fuera de la partida oficial.
Cifras a partir de la Ley de Presupuestos 2026 y el informe SIPRI 2025Actualizado: septiembre 2026
US$2.397 MPartida Defensa, Presupuesto 2026 (DIPRES)
1,52%del PIB en gasto militar, según SIPRI 2025
US$5.327 Mgasto militar total bajo definición SIPRI
US$3.093 Men pensiones militares, fuera de la partida Defensa
Cuando el Gobierno anuncia el presupuesto de Defensa, la cifra que circula es la de la partida institucional de las Fuerzas Armadas: US$2.397 millones para 2026, un alza marginal de apenas 0,3% respecto del año anterior, según el proyecto de Ley de Presupuestos tramitado en el Congreso. Pero esa cifra es solo el gasto corriente y de inversión de Ejército, Armada, Fuerza Aérea y sus organismos dependientes. No incluye, por ejemplo, las pensiones de quienes ya vistieron el uniforme —un ítem que, contabilizado aparte, supera con holgura al propio presupuesto operativo—. Tampoco coincide con la cifra que reporta el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), que usa una definición más amplia y sitúa el gasto militar chileno en US$5.327 millones, equivalentes al 1,52% del PIB.
Esta investigación desglosa el gasto en defensa de Chile en sus componentes: quién se lleva cada peso dentro de las Fuerzas Armadas, en qué se gasta —sueldos, bienes y servicios, o inversión—, de dónde sale el financiamiento desde que se derogó la histórica Ley Reservada del Cobre, y qué presiones fiscales enfrenta la partida en el ajuste de cuentas públicas de 2026.
Por institución
Quién se lleva cada dólar dentro de Defensa
De los US$2.397 millones consolidados para 2026, el Ejército concentra la mayor proporción, seguido por la Armada y la Fuerza Aérea. El resto se reparte entre organismos dependientes —sanidad militar, industria bélica estatal, subsecretarías— que rara vez aparecen en la conversación pública sobre “gasto en Defensa”.
Partida presupuestaria 2026, por entidad (% del total consolidado)
Ejército 32,2%
Armada 23,9%
Otros organismos FF.AA. 17,3%
Fuerza Aérea 14,5%
Sanidad (todas las ramas) 9,0%
Otras entidades 2,8%
Cifras redondeadas según conversión a dólares reportada por Infodefensa a partir del proyecto de Ley de Presupuestos 2026 de DIPRES.
Por tipo de gasto
Sueldos primero, armamento después
El desglose interno del Ejército —la rama que concentra un tercio del presupuesto y que DIPRES detalla con mayor granularidad— retrata un patrón que se repite en Armada y Fuerza Aérea: la enorme mayoría del gasto no compra material bélico, sino que paga sueldos. El 89% de la partida del Ejército se destina a personal: remuneraciones de oficiales, tropa profesional y, desde este año, un nuevo estímulo para los conscriptos que cumplen el Servicio Militar.
Composición del gasto del Ejército, 2026 (%)
Personal 89,0%
Bienes y servicios 10,4%
Transferencias corrientes 0,5%
Seguridad social 0,1%
Dentro del 10,4% de “bienes y servicios de consumo” —el ítem que financia la operación diaria— la mayor porción va a alimentación (US$22,1 millones), seguida de servicios básicos como electricidad y agua (US$16,9 millones), mantenimiento y reparaciones (US$5,6 millones) y el nuevo bono para conscriptos (US$5,7 millones). Las operaciones en la Antártica —mantenimiento de bases y la operación Glaciar Unión— suman otros US$2,6 millones. La inversión en activos no financieros nuevos equipamiento, vehículos, infraestructura permanente representa apenas una fracción residual de la partida corriente: gran parte de las compras de material mayor no se financia por esta vía, sino por el Fondo Plurianual de Capacidades Estratégicas, que se explica más abajo.
El ítem que no aparece en la partida Defensa
Las pensiones militares cuestan más que las Fuerzas Armadas mismas
Aquí está el hallazgo que rara vez se cruza con el debate presupuestario: el Estado chileno destinó en 2025 US$3.093 millones a pagar retiros, pensiones y montepíos a través de CAPREDENA (Caja de Previsión de la Defensa Nacional) y DIPRECA (Carabineros e Investigaciones), beneficiando a 174.546 personas. Ese monto —que se contabiliza en la partida de Trabajo y Previsión Social, no en Defensa— es 29% más alto que todo el presupuesto operativo consolidado de las Fuerzas Armadas para 2026. El 93,6% de ese gasto previsional lo financia directamente el fisco; solo el 6,4% proviene de las cotizaciones de los propios uniformados.
Dos partidas, un mismo origen: presupuesto militar vs. pensiones militares (US$M)
Para dimensionar
Un estudio de DIPRES de 2012 proyectó que el gasto fiscal en pensiones de las Fuerzas Armadas crecería en promedio 2,6% anual, hasta bordear US$4.200 millones hacia 2050. El sistema de pensiones de las FF.AA. y de Orden fue excluido de la reforma previsional tramitada en el Congreso, lo que mantiene ese gasto fuera de cualquier ajuste paramétrico aplicado al resto de los trabajadores.
Financiamiento
El fin del cobre como caja militar
Durante 61 años, el 10% de las ventas de cobre de Codelco fue directamente a las arcas de las Fuerzas Armadas, sin pasar por el escrutinio del Congreso ni de la Contraloría: la llamada Ley Reservada del Cobre, vigente desde 1958. Ese mecanismo —blindado, opaco y dependiente del precio internacional del metal— fue derogado en 2019 y reemplazado por un sistema plurianual con controles democráticos explícitos.
1958 Nace la Ley Reservada del Cobre
El 10% de las ventas de Codelco se destina, de forma reservada, a la compra de material bélico para el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
2019 El Congreso deroga el mecanismo
Se aprueba un nuevo sistema de financiamiento con dos fondos: el Fondo Plurianual de Capacidades Estratégicas, que financia material bélico e infraestructura según un programa de cuatro años, y el Fondo de Contingencia Estratégico, reservado para escenarios de guerra, crisis internacional o catástrofes que dañen capacidades militares.
2020–2032 Transición de doce años
Los recursos que antes iban directo a las FF.AA. pasan gradualmente al Tesoro Público, sujetos a decisiones de Gobierno y Congreso. Los nuevos fondos quedan bajo control del Congreso Nacional y la Contraloría General de la República.
2026 Las obligaciones se postergan
El proyecto de Ley de Presupuestos 2026 incorpora una disposición que permite diferir compromisos del Fondo Plurianual de Capacidades Estratégicas, en medio del ajuste fiscal general.
Comparación regional
Chile, a mitad de tabla en Sudamérica
Medido como porcentaje del PIB —la métrica que usa SIPRI para comparar países con economías de tamaño distinto—, Chile no lidera el gasto militar sudamericano ni está entre los más bajos. Colombia, en guerra irregular contra grupos armados, casi duplica el esfuerzo relativo chileno; Argentina, en pleno ajuste fiscal, gasta menos de la mitad.
Gasto militar como % del PIB, 2025 (SIPRI)
La tendencia de largo plazo, sin embargo, es a la baja: el gasto militar chileno equivalía a 2,6% del PIB en 2008 y hoy apenas supera el 1,5%. El informe SIPRI de abril de 2025 registró, aun así, un repunte de 1,58% en el gasto militar chileno respecto del año previo, en línea con un alza generalizada del gasto militar mundial.
Presión fiscal 2026
Un presupuesto que crece en el papel, pero se aprieta en la práctica
El alza de 0,3% que muestra la partida 2026 esconde una historia más tensa. El Congreso Nacional rechazó en una primera votación la partida presupuestaria de las Fuerzas Armadas, que solo fue repuesta tras la aprobación de la Cámara de Diputados en una segunda instancia. En paralelo, las propias Fuerzas Armadas advirtieron al Senado sobre insuficiencia de recursos para sostener capacidades operativas.
El trasfondo es fiscal: con un déficit estructural que los analistas sitúan por sobre el 3% del PIB y una deuda pública que se acerca al 40% del PIB, el equipo económico solicitó a todos los ministerios —Defensa incluida— un recorte transversal de 3% sobre sus partidas, parte de un plan que apunta a reducir el gasto fiscal en US$6.000 millones a lo largo de 18 meses. Aplicado a Defensa, ese recorte equivaldría a unos US$72 millones menos sobre el consolidado de US$2.397 millones.
Modernización
Lo que el presupuesto corriente no compra
El grueso del material bélico mayor —aviones de combate, buques, vehículos blindados— no sale de la partida corriente que administra cada rama día a día, sino del Fondo Plurianual de Capacidades Estratégicas. La Fuerza Aérea opera actualmente diez cazas F-16 Block 50 adquiridos bajo el proyecto “Peace Puma”; analistas de defensa estiman que Chile necesitaría al menos 24 unidades adicionales para sostener su capacidad aérea, con eventuales negociaciones con Turquía antes de fin de década, además de una flota de entre 12 y 36 vehículos aéreos no tripulados de combate proyectada para 2025-2026. La compra peruana de aviones F-16 en 2025 reabrió, de paso, el debate público chileno sobre el equilibrio de fuerzas en la región.