Una norma publicada en el Diario Oficial el sábado pasado autoriza al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Presupuestos (Dipres) a revisar si los beneficios sociales que entrega el Estado llegan a quienes cumplen los requisitos para recibirlos. La medida, incluida en la ley de Presupuesto 2027 que se tramita en el Congreso, busca detectar inconsistencias mediante el cruce de información entre registros públicos ya existentes, sin solicitar datos nuevos a las personas, según informó La Tercera.

La primera fase de este sistema abarcará 22 programas repartidos en seis ministerios, según detalla el Informe de Finanzas Públicas. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social concentra ocho programas bajo revisión: Pensión Garantizada Universal, Subsidio Único Familiar, exención del 7% de salud, Aporte Familiar Permanente, Subsidio al Empleo Joven y Bono al Trabajo de la Mujer, entre otros. Le siguen Economía con cinco programas de Corfo y Sercotec; Agricultura con cuatro iniciativas del Indap y la Comisión Nacional de Riego; Educación con tres (Subvención Escolar Preferencial, Integración Escolar y Gratuidad universitaria); y Vivienda con los subsidios habitacionales DS49 y DS01.

Según Hacienda, el sistema cruzará datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), el Registro Social de Hogares, el Registro Civil y la Policía de Investigaciones para verificar si los beneficiarios cumplían los requisitos al recibir cada ayuda y si los siguen cumpliendo. El gobierno señala que cada inconsistencia detectada se revisará caso a caso, pues muchas veces se trata de datos desactualizados o errores administrativos. La norma no cambia los requisitos ni los montos fijados por ley para cada beneficio.

Qué significa para tu bolsillo: Si recibes alguno de estos 22 beneficios (pensión básica, subsidio familiar, bono mujer trabajadora, gratuidad universitaria o subsidio de vivienda, por ejemplo), el Estado verificará automáticamente que sigues cumpliendo las condiciones. Si detecta un error o un dato desactualizado, podrían solicitar aclarar la situación o, en casos de pago indebido, pedir la devolución.

El gobierno proyecta extender este mecanismo de forma gradual a todos los programas sociales del país, convirtiéndolo en parte del ciclo presupuestario anual. Según el Informe de Finanzas Públicas, la meta es que toda la oferta programática pase cada año por estos chequeos de manera automatizada.