El Ministerio de Justicia otorgó los beneficios entre marzo y septiembre por vía administrativa. Tras días de críticas transversales, la cartera suspendió la tramitación de nuevos decretos, pero las rebajas ya concedidas siguen vigentes.

Entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dictó 56 decretos exentos que redujeron las penas de personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes: 29 por violación y 27 por abuso sexual. En ese periodo, la cartera rechazó una sola solicitud. La información fue revelada el miércoles 21 de octubre por el medio Interferencia, a partir de una respuesta de la Subsecretaría de Justicia vía Ley de Transparencia, y confirmada luego por el ministro Fernando Rabat.

Consultado sobre cuántos de los beneficiados ya dejaron la cárcel, el ministro respondió que «la gran mayoría tiene que haber salido». Hasta ahora, el Gobierno no ha entregado una cifra exacta de liberados ni el detalle de cada caso: fechas de los delitos, extensión de las condenas originales o cuánto tiempo se descontó a cada uno.

Cómo funciona la rebaja de condena

El beneficio está regulado por la Ley N° 19.856, que premia el comportamiento sobresaliente de las personas privadas de libertad. Cada año, una comisión en Gendarmería califica la conducta de los internos y remite el listado al Ministerio de Justicia, que resuelve. Quienes califican pueden descontar dos meses por cada año de condena, y tres meses por año una vez cumplida la mitad de la pena.

En febrero de 2022 entró en vigencia la Ley N° 21.421, que excluyó de este beneficio a los condenados por determinados delitos sexuales contra menores de edad. Sin embargo, la exclusión no se aplica a delitos cometidos antes de esa fecha, y ese es el centro de la disputa.

Según Interferencia, ninguna de las 56 rebajas se concedió por orden judicial: las solicitudes llegaron al ministerio y este las acogió. Los decretos se firman «por orden del Presidente de la República».

La defensa del Gobierno

El ministro Rabat sostuvo inicialmente que la cartera se limitó a seguir la jurisprudencia de la Corte Suprema, que en diversos recursos de amparo había resuelto que la prohibición de 2022 no puede aplicarse retroactivamente a delitos anteriores, por el principio constitucional de irretroactividad de la ley penal. «Es el cumplimiento de sentencia de la Corte Suprema», afirmó.

Rabat también señaló que el Presidente José Antonio Kast no conocía las resoluciones, adoptadas exclusivamente por su ministerio, y apuntó a que la administración anterior también dictó más de 275 resoluciones que concedieron beneficios en esta materia.

Las voces críticas

La versión del Ejecutivo fue cuestionada desde varios frentes. La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, recordó que «fue el ministro de Justicia quien dictó decretos», aunque reconoció que actuó dentro de sus facultades legales.

Además, un fallo de la segunda sala de la Corte Suprema de febrero de 2026 (Rol N° 7.527-2026) sostuvo que la rebaja de condena es una mera expectativa sujeta a requisitos legales, y admitió aplicar la exclusión de 2022. Según académicos consultados por la prensa, la jurisprudencia del máximo tribunal no es uniforme: en diciembre de 2025 había acogido la tesis de la irretroactividad.

El gobierno anterior, de acuerdo con CIPER, se oponía en tribunales a conceder estas rebajas. El exministro de Justicia Jaime Gajardo marcó la diferencia: a su juicio, no es lo mismo que el condenado deba litigar contra el ministerio a que el beneficio se otorgue con la sola presentación de la solicitud.

La Defensoría de la Niñez calificó las decisiones como «un retroceso para la protección efectiva de la niñez» y exigió al ministerio los antecedentes que motivaron el cambio del criterio histórico de la cartera, que hasta ahora rechazaba estos beneficios. El defensor Anuar Quesille anunció que evaluará acciones legales.

Las críticas también surgieron desde el oficialismo y la centroderecha, incluyendo a figuras como Evelyn Matthei y Karla Rubilar. El Partido Comunista desistió de una interpelación al ministro y pidió una sesión especial de la Cámara, mientras otros parlamentarios evalúan una acusación constitucional.

Entre los beneficiados por rebajas en el mismo periodo figuran además al menos dos condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Suspensión y proyectos de ley

El viernes 23 de octubre, el Ministerio de Justicia anunció la suspensión de la tramitación de los decretos de rebaja de condena en curso, argumentando que identificó un vacío legal respecto de los condenados antes de 2022. La cartera respaldará proyectos con discusión inmediata, entre ellos uno para que la resolución de estas rebajas quede en manos de los jueces. El comunicado no anuncia que las rebajas ya otorgadas vayan a revertirse.

En el Congreso se anunciaron al menos cinco iniciativas transversales. La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), presentó un proyecto para eliminar la excepción de la Ley 19.856 y endurecer las exigencias para conceder rebajas. «Las leyes deben proteger a las personas más vulnerables», afirmó. El presidente de Republicanos, senador Arturo Squella, anunció otra moción junto a Andrés Longton (RN), Iván Flores (DC), Karim Bianchi (Ind.) y Pedro Araya (PPD), y diputados de RN ingresaron una reforma constitucional con el mismo fin.

Queda abierta una pregunta jurídica de fondo: cómo una nueva ley podría aplicarse a delitos anteriores a 2022 sin chocar con el mismo principio de irretroactividad que se invocó para otorgar las rebajas. El propio Ejecutivo ha advertido que cualquier iniciativa debe respetar el artículo 19 de la Constitución.