Productores de norte a sur —desde el secano de O’Higgins hasta Chiloé y Magallanes— reportan pérdidas millonarias y piden avanzar con urgencia en herramientas legales de control
Organizaciones de productores ganaderos de distintas regiones del país manifestaron su creciente preocupación por el aumento sostenido de ataques de jaurías de perros asilvestrados y de libre deambular contra el ganado ovino, caprino y bovino, un fenómeno que golpea con especial fuerza a la pequeña y mediana agricultura familiar campesina.
Un problema que no da tregua
El fenómeno se repite de un extremo a otro del país. En Tierra del Fuego (Magallanes), un ataque reciente de perros asilvestrados dejó 43 ovinos muertos en un solo predio, reabriendo el debate sobre la protección de la ganadería en la zona austral. En la provincia de Chiloé, pequeños productores ovinos han debido adoptar rondas nocturnas y medidas de vigilancia permanente ante ataques que, según denuncian, generan pérdidas económicas superiores incluso a las del abigeato, sin contar con seguros que cubran los animales perdidos.
Un estudio del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) Rayentué, realizado en el secano de O’Higgins, reveló que el 88% de los pequeños agricultores de la zona sufrió ataques de jaurías en una sola temporada, poniendo en riesgo la viabilidad misma de la crianza ovina familiar. El mismo estudio precisa que gran parte de estos episodios corresponde a perros con dueño o de libre deambular y no exclusivamente a jaurías ferales puras, lo que —afirman los gremios— exige una estrategia integral que combine tenencia responsable, control poblacional y herramientas de defensa efectivas para el productor.
A nivel nacional, cifras oficiales registran 30 fallecimientos de personas por ataques de jaurías de perros entre 2018 y 2024, un promedio de cinco muertes al año, cifra que ilustra la magnitud del problema más allá de las pérdidas productivas.
La voz de los productores
“Esto ya no es un problema aislado ni anecdótico. Familias campesinas que viven de sus rebaños están viendo cómo el trabajo de años desaparece en una sola noche, sin que existan hoy herramientas ágiles para actuar ni compensaciones por las pérdidas. Necesitamos que el Estado entienda que la seguridad del ganado también es seguridad alimentaria y arraigo rural.”
Contexto legislativo
Los gremios ganaderos siguen de cerca la tramitación en el Congreso de un conjunto de mociones refundidas (boletines 16.962-01, 18.269-01 y 18.400-01) que buscan, entre otros puntos, definir legalmente al perro asilvestrado como especie dañina y exótica invasora, regular la captura mediante trampas no letales con denuncia previa, y eximir de responsabilidad penal por maltrato animal a quien actúe en legítima defensa propia, de terceros o del ganado ante un ataque actual o inminente. La iniciativa fue aprobada en la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural de la Cámara de Diputadas y Diputados y continúa su trámite hacia la sala y, posteriormente, el Senado.
Si bien el proyecto ha generado un debate transversal —incluidas objeciones de agrupaciones animalistas que lo consideran una medida insuficiente frente al abandono animal, causa raíz del problema—, las organizaciones de productores insisten en que se trata de un primer paso indispensable, que debe ir acompañado de políticas de tenencia responsable, esterilización y control poblacional canino a largo plazo.