Chile se propuso una meta ambiciosa: dejar atrás la cultura del “usar y tirar” para abrazar la economía circular. La Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) fue el vehículo elegido para este viaje. Sin embargo, a medida que avanzamos en 2026, la sensación es agridulce. Si bien los camiones de reciclaje ya recorren más barrios y el concepto de “Sistemas de Gestión” es parte del léxico empresarial, hay un motor que todavía tose y amenaza con detener la marcha: la fiscalización.
El principio de “el que contamina, paga” es el corazón de la ley. Pero para que este principio sea efectivo, alguien debe vigilar que, efectivamente, se pague (o se recicle). Hoy nos enfrentamos a un escenario donde la normativa avanza más rápido que los ojos que deben controlarla.
La brecha de la “Cifra Negra”
Uno de los mayores obstáculos actuales es el rastreo de los “free riders” o empresas que, debiendo estar adheridas a un sistema de gestión, operan bajo el radar. La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ha hecho esfuerzos, integrando datos con Aduanas para identificar a quienes importan productos prioritarios sin reportar su destino final. Sin embargo, el volumen de datos es abrumador.
Falta una plataforma de trazabilidad en tiempo real que sea infalible. Sin una integración total de datos entre el Ministerio de Salud, Aduanas y la SMA, la fiscalización sigue siendo una reacción “ex post” y no una prevención “ex ante”.
El cuello de botella municipal y regional
La fiscalización no puede ser solo centralizada. Mientras en comunas del sector oriente de Santiago el sistema fluye, en regiones y zonas rurales la Ley REP es casi un fantasma.
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Falta de recursos locales: Los inspectores municipales no tienen la formación ni la facultad técnica para fiscalizar el cumplimiento de metas de recolección en puntos limpios o centros de acopio.
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Gestión de datos: La brecha entre lo que las empresas declaran y lo que realmente llega a las plantas de valorización sigue siendo amplia. Se requiere una “auditoría de campo” que hoy la SMA, con su limitada dotación, difícilmente puede cubrir a cabalidad.
Sanciones que no muerden
Aunque las multas pueden llegar a cifras astronómicas, el proceso sancionatorio en Chile es lento. Una empresa puede estar en incumplimiento hoy y recibir una sanción efectiva en tres años. Para que la fiscalización sea una herramienta disuasoria, necesitamos:
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Procedimientos sancionatorios simplificados: Específicamente para infracciones de reporte.
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Mayor presencia territorial: No basta con revisar planillas Excel; se necesita fiscalización presencial en los gestores de residuos para evitar el “maquillaje” de cifras.