Durante décadas, en Chile, tirar algo a la basura era un acto de desvanecimiento: lo que salía de nuestra vista dejaba de existir. Hoy, en pleno 2026, la Ley REP (Responsabilidad Extendida del Productor) ha terminado con esa ilusión, instalando una verdad incómoda pero necesaria: quien pone un producto en el mercado es responsable de su destino final.
Sin embargo, el tránsito desde el entusiasmo del decreto a la eficacia del camión recolector no ha estado exento de baches.
1. El despertar de los Sistemas de Gestión
A tres años del inicio régimen para neumáticos y envases, los Sistemas de Gestión (como ReSimple o GIRO) han dejado de ser nombres en un papel para convertirse en actores cotidianos. Hoy vemos los camiones del reciclaje recorriendo comunas que antes no tenían sistema alguno. No obstante, el desafío de la trazabilidad sigue siendo el nudo crítico. En 2026, declarar toneladas no es suficiente; la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) está exigiendo pruebas de que ese plástico no terminó en un vertedero clandestino, sino que volvió a la cadena productiva.
2. El ciudadano: El eslabón más débil (y el más fuerte)
Aunque las metas de recolección para este año son ambiciosas, chocamos con un dato cultural duro: solo el 26% de los chilenos declara reciclar de forma constante. Podemos tener los mejores sistemas de gestión del mundo, pero si el vecino no separa su cartón o limpia su envase de yogurt, el sistema colapsa por contaminación de materiales. La Ley REP nos ha recordado que no somos solo “consumidores”, sino “generadores de residuos”. La educación ambiental ya no es un ramo electivo en el colegio; es una competencia básica de supervivencia urbana.
3. La descentralización: La deuda pendiente
Mientras las comunas del sector oriente de Santiago o ciudades como Concepción muestran avances notables, las regiones extremas y las zonas rurales siguen mirando el reciclaje como un lujo metropolitano. Los costos logísticos de mover residuos desde Arica o Magallanes hacia las plantas de valorización en el centro del país siguen siendo una barrera que los incentivos actuales no logran derribar del todo. Sin una infraestructura de pre-tratamiento regional, la Ley REP corre el riesgo de ser una ley para las capitales.
4. La amenaza del “Greenwashing” Corporativo
En 2026, la fiscalización ha entrado en una fase punitiva. Ya no basta con “adherir” a un sistema de gestión; las empresas están bajo la lupa por su compromiso real con el ecodiseño. Aquellas marcas que siguen lanzando al mercado envases multimaterial imposibles de reciclar están enfrentando no solo multas millonarias, sino un castigo reputacional por parte de un consumidor chileno que es cada vez más exigente y menos tolerante al maquillaje verde.