Mientras el exsubsecretario Manuel Monsalve vuelve al arresto domiciliario total y su defensa pelea por no adelantar ni un día la antesala del juicio, la funcionaria que lo denunció lleva dos años sin respuesta, sin sueldo durante meses y vigilada por la misma policía que debía protegerla. El caso es un espejo incómodo para un país donde se cometen 58 delitos sexuales al día y apenas uno de cada doce termina en condena.

Han pasado más de dos años desde la noche del 22 de septiembre de 2024. Desde entonces, el Estado de Chile ha tenido tiempo para casi todo: una comisión investigadora, un informe aprobado por la Cámara, siete cargos de Contraloría, una expulsión partidaria, un cambio de gobierno y una seguidilla de medidas cautelares que suben y bajan como un ascensor. Lo único que no ha tenido es tiempo para un juicio.

El lunes 5 de octubre debía comenzar la preparación del juicio oral contra Manuel Monsalve, el hombre que manejaba la seguridad del país desde la Subsecretaría del Interior. No comenzó. Una notificación mal hecha bastó para que el tribunal moviera todo al 3 de marzo de 2027. La abogada de la víctima, María Elena Santibáñez, lo resumió en una palabra: «horrible». Tiene razón. En la justicia penal, el tiempo no es neutro: cada mes que pasa juega en contra de quien denuncia y a favor de quien espera.

Monsalve tiene derecho a defenderse, y nadie debiera discutirlo. Se presume inocente, y así debe tratarlo la ley hasta que un tribunal diga otra cosa. Pero una cosa es el debido proceso y otra muy distinta es un proceso que no termina. La defensa pidió reabrir la investigación cuando ya estaba cerrada, y lo logró. Pidió rebajar la cautelar dos veces, y lo logró dos veces, hasta que la Corte de Apelaciones lo revirtió dos veces. Ahora recurre para que la audiencia no se adelante. Cada paso es legal. El resultado, en conjunto, es demoledor.

El poder al servicio propio

Lo que hace este caso especialmente grave no es solo el delito que se investiga, sino lo que vino después. Antes de que existiera una denuncia, la jefa nacional de Inteligencia de la PDI recibió en La Moneda la petición de revisar cámaras de seguridad del restaurante, del hotel y de calles del centro de Santiago. Sin orden judicial, invocando funciones de inteligencia. Detectives se acercaron al entorno de la funcionaria. Contraloría formuló un cargo por hostigamiento que describe a efectivos de la PDI simulando ser repartidores. La herramienta más sensible del Estado, la que existe para proteger a los chilenos, habría sido usada para cuidar a un solo hombre.

Y el gobierno de entonces, que se presentaba como feminista, tardó cerca de 70 horas en sacarlo del cargo. El propio expresidente Boric terminó reconociendo que no hizo todo lo que tenía que hacer. La comisión investigadora fue más lejos: habló de un manejo deficiente y negligente, y de la distancia entre el discurso y la práctica cuando la violencia de género ocurre dentro de casa. Tanto la exministra Tohá como el expresidente y el exministro Cordero irán al estrado como testigos. No es un detalle: es la radiografía de un poder que primero pensó en sí mismo.

Los nombres del poder en el expediente

La lista de exautoridades que aparecen en la causa, como testigos de la Fiscalía o señaladas por la comisión investigadora de la Cámara, es la foto completa de un gobierno que no supo reaccionar:

  • Gabriel Boric, expresidente de la República: testigo º 27 de la Fiscalía. Reconoció que su gobierno debió actuar más rápido, y la comisión investigadora le atribuye responsabilidad política.

 

  • Carolina Tohá, exministra del Interior y jefa directa de Monsalve: Recibió el aviso de la denuncia desde la PDI y pidió el sumario a Contraloría. La comisión la reprocha.
  • Luis Cordero, exministro de Justicia, luego subsecretario del Interior en reemplazo de Monsalve y después ministro de Seguridad:
  • Ana Lya Uriarte, exjefa de gabinete presidencial y exministra Segpres:
  • Antonia Orellana, exministra de la Mujer: la comisión le reprocha no haber actuado de
  • Miguel Crispi, exjefe de asesores del Presidente: se negó a responder a la comisión invocando confidencialidad, y el informe le atribuye responsabilidad política.
  • Eduardo Cerna, director general de la PDI en 2024: alertó a Tohá, removió a su jefa de Inteligencia y meses después la recontrató como
  • Cristina Vilches, exjefa nacional de Inteligencia de la PDI: ejecutó la revisión de cámaras pedida por Monsalve y fue llamada a retiro Es testigo.
  • Gabriel de la Fuente, exjefe de gabinete de Monsalve, y Luppy Aguirre, exjefa jurídica de Interior: testigos.

Ninguno de ellos está imputado: declararán sobre lo que supieron y cuándo lo supieron. Pero que la cúpula entera del Ejecutivo de la época tenga que sentarse frente a un tribunal para explicar cómo manejó una denuncia de violación contra uno de los suyos dice mucho del país que somos.

La víctima, castigada por el mismo Estado

Mientras tanto, ¿qué ha recibido la mujer que denunció? Amenazas: según su abogada, le advirtieron que podía «aparecer muerta». Una internación en la UCI en Curanilahue.

Licencias médicas rechazadas en serie por la Compin y un aviso de que no le pagarían el sueldo, e incluso que podría tener que devolver lo ya pagado. Una expareja que la grabó en su intimidad, incluso en una sesión con su psiquiatra, e intentó vender información sobre ella. Filtraciones que la devuelven, una y otra vez, a la portada. Y una demanda laboral contra su propio empleador, el Estado, porque nadie activó los protocolos de protección.

Eso, en cualquier idioma, se llama revictimización. Y la ejerce el mismo aparato que después pide a las mujeres que confíen y denuncien.

El país detrás del caso

El caso Monsalve no es una anomalía. Es la versión con poder y apellido de lo que miles de mujeres viven en silencio. En 2024 se registraron en Chile 4.542 casos policiales de violación y casi 14 mil de abuso sexual: al menos 58 agresiones sexuales al día, una cada 25 minutos. Ese mismo año, solo el 8,3% de las denuncias por delitos sexuales terminó en condena. Si una funcionaria con abogada experta, cámaras, testigos y cobertura nacional lleva dos años esperando, ¿qué le queda a la temporera, a la estudiante o a la trabajadora de casa particular que denuncia a su patrón?

La respuesta corta es: muy poco. Y eso es lo que debiera indignarnos.

Lo que viene

Si el tribunal le da la razón a la Fiscalía, Monsalve arriesga 14 años de cárcel efectiva e inhabilitación perpetua para cargos públicos. La querella pide 17. Si es absuelto, tendrá derecho a reclamar que el sistema lo expuso sin condena. Ambos escenarios exigen lo mismo: un juicio, pronto, con reglas claras. Ni el acusado ni la víctima merecen otro año de limbo.

La Corte de Apelaciones tiene ahora en sus manos la posibilidad de adelantar la audiencia. Debiera hacerlo. Porque una justicia que llega en 2027 para hechos de 2024 no es prudente: es tardía. Y en materia de violencia sexual, la justicia tardía es una señal brutal para cada mujer que todavía duda si vale la pena denunciar.