La gestión ante una situación de catástrofe o emergencia pública no es solo una tarea técnica o logística; es, fundamentalmente, la manifestación más concreta del compromiso del Estado con la protección y dignidad de sus habitantes. Cuando las alarmas se encienden, el tiempo de respuesta, la asignación de recursos y la presencia de las autoridades en el terreno envían un mensaje directo a la ciudadanía sobre su valor y prioridad dentro del país.

Recientemente, la evidente asimetría entre la celeridad aplicada para coordinar e intervenir en comunas de altos ingresos, como Las Condes, en comparación con la lentitud y dilatación observadas al activar los protocolos de emergencia en la Región de Coquimbo, ha vuelto a encender un debate profundo y doloroso en la opinión pública.

Mientras en la Región Metropolitana —y particularmente en el sector oriente de la capital— los despliegues de contingencia, los comités de crisis y la atención mediático-institucional suelen activarse en cuestión de minutos u horas, en las zonas regionales o rurales de Coquimbo las comunidades con frecuencia deben esperar días, batallando con la burocracia, la falta de conectividad y la lentitud en la toma de decisiones centralizadas antes de ver una respuesta efectiva del aparato estatal.

Esta brecha distributiva en la acción del Estado nos obliga a formular una interrogante incómoda pero ineludible: ¿Acaso en Chile existen ciudadanos de primera y segunda clase?

La desigualdad del mapa de la urgencia

El principio de equidad territorial establece que todo habitante de la República, independientemente de su código postal, ingresos o ubicación geográfica, tiene derecho al mismo nivel de protección ante el riesgo. Sin embargo, la realidad práctica muestra un contraste marcado:

  • Centralismo presupuestario y operativo: La concentración de medios técnicos, logística avanzada y capacidad de despliegue inmediato en la capital genera una ventaja estructural sobre las regiones.

  • Visibilidad mediática y política: La presión ejercida sobre las autoridades varía drásticamente según la cobertura mediática de la zona afectada, priorizando los centros de mayor densidad urbana o peso económico.

  • Procesos burocráticos diferenciados: Mientras que en zonas con mayor capacidad instalada los decretos y la liberación de fondos se agilizan con celeridad, en provincias la tramitación administrativa para decretar zonas de catástrofe o emergencia suele verse atascada en filtros interinstitucionales.

Descomposición de la confianza pública

Cuando una familia de Coquimbo ve cómo los recursos y la presencia gubernamental tardan en llegar mientras observa la inmediatez con la que se atienden contingencias en Las Condes, la sensación de abandono trasciende la contingencia puntual. Se transforma en un sentimiento de injusticia estructural.

El Estado no puede permitir que la efectividad de sus protocolos de protección civil dependa de la ubicación geográfica o del nivel socioeconómico de los afectados. Cada hora de demora en la activación de una emergencia en regiones no solo expone vidas y patrimonio, sino que mina progresivamente la cohesión social y la confianza en la institucionalidad pública.

Hacia una verdadera equidad territorial en la gestión del riesgo

Para superar esta brecha, resulta indispensable avanzar de manera urgente en:

  1. Descentralización real del SINAPRED y organismos de respuesta: Dotar a las regiones de autonomía presupuestaria y capacidad operativa directa para decretar e intervenir sin depender de la ratificación centralizada.

  2. Criterios estandarizados e e indicadores transparentes: Establecer tiempos máximos obligatorios de respuesta institucional ante catástrofes, aplicables por igual a todas las comunas del país.

  3. Fiscalización y rendición de cuentas: Monitorear de manera independiente la velocidad de asignación de recursos fiscales durante y después de la emergencia.

Chile no puede seguir operando bajo una lógica donde la velocidad de la ayuda estatal dependa del lugar donde se resida. La seguridad pública y el resguardo ante la emergencia son derechos fundamentales, y el Estado tiene el deber imperativo de garantizar que en nuestro país no haya ciudadanos con más derechos que otros.