El ministro de Justicia de José Antonio Kast enfrenta el cuestionamiento transversal del sector de izquierda tras la firma de 56 decretos que beneficiaron a abusadores de menores y criminales de lesa humanidad.
Trayectoria y Perfil del Secretario de Estado
Fernando José Rabat Celis (53 años), abogado civilista egresado con honores de la Universidad de los Andes y académico de la Universidad del Desarrollo, asumió la titularidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el 11 de marzo de 2026, bajo la administración del Presidente José Antonio Kast.
A lo largo de su trayectoria profesional en el estudio jurídico Rodríguez, Vergara y Cía. —donde ejerció junto a Pablo Rodríguez Grez, histórico fundador de Patria y Libertad y abogado de cabecera de Augusto Pinochet—, Rabat integró de manera directa los equipos de defensa penal del exdictador en causas emblemáticas como el Caso Riggs y la Operación Colombo. Asimismo, en 2018 representó a Lucía Hiriart ante la Corte Suprema con el objetivo de anular el comiso de bienes y fondos millonarios pertenecientes a la familia Pinochet.
La Crisis de los Decretos de Reducción de Condena
Entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, el Ministerio de Justicia suscribió 56 decretos de rebaja de condena otorgados a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad (29 por violación y 27 por abuso sexual), un beneficio legal que la Ley 21.421 prohíbe de forma explícita desde febrero de 2022. A este hecho se sumó la concesión de reducciones de pena a dos reclusos del penal Punta Peuco condenados por violaciones a los Derechos Humanos (secuestro calificado y tortura), así como a tres integrantes vinculados a la organización criminal Tren de Aragua.
Pese a que el ministro sostuvo que actuó bajo el mandato constitucional de no aplicar normas de forma retroactiva y respondiendo a fallos judiciales, revisiones de la prensa y debates parlamentarios evidenciaron que la inmensa mayoría de los actos administrativos no contaban con una orden judicial expresa que obligara al Ejecutivo a otorgar la rebaja.
| Categoría de Beneficio / Caso | Cantidad de Decretos | Detalle Político-Judicial |
| Violación de menores | 29 | Beneficio otorgado pese a exclusión de Ley 21.421 (2022) |
| Abuso sexual de menores | 27 | Incluye rebaja de 36 meses a condenado por violar a su hija |
| Presos de Punta Peuco (DD.HH.) | 2 | Condenados por secuestro calificado y torturas |
| Redes vinculadas al Tren de Aragua | 3 | Condenados por extorsión a mujeres migrantes en La Serena |
El Cuestionamiento del Sector de Izquierda y el Debate Ético
| Desde la llegada de Rabat al gabinete en marzo de 2026, diversas bancadas de la oposición progresista y organismos de derechos humanos reprocharon su pasado profesional. Tras la revelación del caso de las rebajas de pena, la izquierda ha coordinado acciones legislativas y penales, planteando una discusión de fondo sobre la representatividad en el ministerio: «¿Es éticamente sostenible y adecuado que una persona cuya trayectoria jurídica estuvo ligada a la defensa técnica de Augusto Pinochet y su entorno familiar sea quien encabece las políticas públicas de derechos humanos y resguardo a las víctimas en Chile?» |
Estado Actual de la Contingencia
Actualmente, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 68 votos a favor una resolución que solicita formalmente al Presidente José Antonio Kast la remoción del ministro Rabat. En paralelo, seis bancadas de la oposición impulsan la presentación de una Acusación Constitucional, complementada por denuncias interpuestas ante la Fiscalía Nacional por presunta prevaricación administrativa.
A pesar de que las encuestas registran un 77% de desaprobación ciudadana hacia la gestión del titular de Justicia y de que el mandatario reconoció públicamente que ‘el Estado les falló a las víctimas’, el Ejecutivo ha decidido mantener a Rabat en su cargo. El desenlace del libelo acusatorio en el Congreso Nacional definirá en los próximos días la viabilidad política de su permanencia en el gabinete.
