El caso Sartor entró en una nueva etapa. El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de Michael Clark, Pedro Pablo Larraín Mery, Carlos Larraín Mery y Sergio Yáñez, investigados por delitos que incluyen administración desleal, estafa, lavado de activos y fraude a la Ley de Mercado de Valores.

La decisión muestra la gravedad que el tribunal atribuyó a los antecedentes presentados durante la formalización y convirtió un complejo caso financiero en una crisis que golpea directamente a Azul Azul, la concesionaria que administra el fútbol profesional de Universidad de Chile.

El origen del caso Sartor

Sartor Administradora General de Fondos recibía recursos de personas e instituciones para invertirlos y obtener rentabilidad. Su obligación era administrar ese dinero en beneficio de los aportantes.

La investigación sostiene que ocurrió algo distinto. Entre 2021 y 2024, recursos pertenecientes a los fondos habrían sido destinados a financiar sociedades relacionadas con los controladores, directores y ejecutivos del propio grupo.

En términos simples, Sartor habría utilizado dinero ajeno para favorecer negocios vinculados a quienes tomaban las decisiones.

La Comisión para el Mercado Financiero, CMF, sancionó administrativamente a antiguos directores y ejecutivos de Sartor AGF. Según el organismo, estos privilegiaron los intereses de empresas relacionadas por sobre los fondos administrados y entregaron información falsa al mercado y al regulador. Las multas superaron las 367 mil UF.

Además, la CMF detectó deterioros de al menos un 47% en el valor de los fondos rescatables. Detrás de esas cifras existen inversionistas que perdieron una parte considerable de su patrimonio.

En diciembre de 2024, la CMF revocó la autorización de existencia de Sartor AGF y ordenó su liquidación. Actualmente, ese proceso está a cargo de Ricardo Budinich y busca recuperar y liquidar los activos para proteger los intereses de los aportantes.

Cómo entró Azul Azul en la trama

La conexión con Universidad de Chile comenzó en 2021, cuando Tactical Sport, un fondo ligado a Sartor, compró a Carlos Heller el paquete controlador de Azul Azul por aproximadamente US$15,5 millones.

Michael Clark asumió como representante del nuevo controlador y posteriormente llegó a la presidencia de la concesionaria. En diciembre de 2024, Inversiones Antumalal, una sociedad de su propiedad, acordó adquirir el 90% de las cuotas de Tactical Sport por cerca de US$5,7 millones.

La Fiscalía investiga el origen y la estructura de esas operaciones. Entre los puntos bajo indagación se encuentran la eventual utilización de recursos vinculados a Sartor para financiar la compra de Azul Azul, posibles conflictos de interés y la omisión de una oferta pública de adquisición de acciones.

También se busca establecer quién controlaba realmente la concesionaria y qué papel desempeñaron las distintas sociedades utilizadas en la operación.

Azul Azul no aparece solamente como una empresa administrada por uno de los imputados. La adquisición de su control forma parte de los hechos que el Ministerio Público intenta esclarecer.

La liquidación cambia el control de Azul Azul

El 13º Juzgado Civil de Santiago decretó en julio la liquidación forzosa de Asesorías e Inversiones Sartor, sociedad matriz del grupo. Como liquidador concursal fue designado el abogado y académico Eduardo Godoy Hales.

Este proceso es distinto de la liquidación de Sartor AGF. Godoy no administra los fondos de inversión ni dirige Azul Azul. Su responsabilidad es tomar el control de los activos de Asesorías e Inversiones Sartor, protegerlos y procurar su realización en beneficio de los acreedores.

Uno de esos activos resultó decisivo ya que el 29 de julio, el liquidador e Inversiones Antumalal dejaron sin efecto la compraventa mediante la cual Michael Clark había adquirido el 90% de las cuotas de Tactical Sport. Como consecuencia, esas cuotas regresaron al patrimonio de Asesorías e Inversiones Sartor.

Tactical Sport posee el 63,07% de las acciones serie B de Azul Azul lo significa que la sociedad en liquidación volvió a controlar indirectamente el paquete mayoritario de la concesionaria.

Azul Azul no está en liquidación y tampoco enfrenta un problema de insolvencia, manteniendo su funcionamiento deportivo y administrativo con normalidad. Lo que se encuentra sometido al proceso concursal es la sociedad propietaria de las cuotas del fondo que controla la concesionaria.

El destino del paquete accionario deberá ser resuelto dentro de la liquidación y en ese contexto el liquidador ha señalado que cualquier venta será sometida a la junta de acreedores y se realizaría mediante un procedimiento público, competitivo y encargado a una institución especializada. Su tarea no consiste en elegir discrecionalmente al próximo dueño, sino en obtener las mejores condiciones para los acreedores.

La prisión preventiva de Clark tampoco entrega el control personal de Azul Azul al liquidador. El directorio encabezado por Cecilia Pérez continúa ejerciendo sus funciones mientras no se adopten decisiones societarias que modifiquen su composición.

La Universidad de Chile queda atrapada

La Universidad de Chile no es propietaria de Azul Azul, no administra el club profesional y no está imputada en la investigación. La concesionaria es una sociedad privada a la que se entregó la gestión del fútbol mediante un contrato que se extiende hasta 2052.

El vínculo institucional sigue siendo profundo: Azul Azul utiliza el nombre Universidad de Chile, la letra “U”, el chuncho, los colores y otros símbolos pertenecientes a la casa de estudios.

Esa asociación tiene un costo reputacional, ya que cada noticia sobre Sartor, Michael Clark o el origen del control de Azul Azul aparece vinculada públicamente con la Universidad de Chile, aunque la institución no haya participado en las operaciones investigadas.

El Senado Universitario había advertido que las sanciones contra Clark y las acciones judiciales relacionadas con Sartor vulneraban principios de probidad, transparencia e integridad. También pidió revisar las condiciones bajo las cuales la concesionaria utiliza el nombre y los emblemas universitarios.

La prisión preventiva del expresidente de Azul Azul eleva considerablemente la presión y la universidad deberá decidir hasta dónde está dispuesta a mantener su identidad asociada a una sociedad cuyo control indirecto quedó dentro de un proceso de liquidación concursal.

Una crisis que supera al fútbol

La salida de Clark de la presidencia y su reemplazo por Cecilia Pérez no resolvieron el problema. El conflicto alcanza la estructura mediante la cual se adquirió el control de Azul Azul y deja dudas sobre la independencia del actual gobierno corporativo respecto de quienes protagonizaron esa operación.

El caso tampoco afecta solamente a los accionistas o a la dirigencia. Compromete al club, a sus trabajadores, a sus jugadores y a una comunidad de hinchas que identifica a Universidad de Chile como algo muy distinto de una concesionaria.

Durante años, las sociedades anónimas deportivas prometieron profesionalizar la administración del fútbol chileno. El caso Sartor expone el riesgo contrario: que un club histórico termine convertido en una pieza dentro de operaciones financieras que sus seguidores nunca conocieron ni pudieron controlar.

La liquidación abre ahora una posibilidad de ordenar la propiedad de Azul Azul. Un proceso competitivo, con compradores identificados y reglas que impidan conflictos con otros clubes, puede entregar una claridad que la concesionaria no ha tenido durante los últimos años.

El futuro de la “U” se definirá en buena medida fuera de la cancha. La junta de acreedores y el proceso dirigido por el liquidador determinarán el destino del paquete controlador. La Universidad de Chile, mientras tanto, tendrá que proteger su nombre y exigir certezas sobre quién administrará uno de los principales símbolos deportivos del país.