Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República (CGR) al Programa de Integración Urbana de Campamentos —ejecutado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)— dejó al descubierto un grave fallo de control interno: 168 personas beneficiarias del subsidio de arriendo continuaron figurando como titulares activas y recibiendo aportes estatales tras su fallecimiento.

Como consecuencia de la falta de regularización oportuna, se generaron pagos y una sobrevaluación de gastos elegibles por un total de $110.884.553 CLP. La CGR determinó que estos montos deberán ser corregidos ante el BID por incumplir las condiciones de financiamiento del programa. Los contratos afectados ya se encuentran totalmente terminados y la Subsecretaría de Vivienda instruyó un sumario administrativo para determinar responsabilidades.

1.  Contexto Operativo y Normativo del Beneficio

El Subsidio de Arriendo (regido por el DS N.º 52 de 2013 del MINVU) consiste en un aporte estatal mensual destinado a complementar el pago del arriendo de una vivienda para familias vulnerables sin solución habitacional definitiva. En el caso específico de personas mayores y personas con discapacidad, el beneficio cuenta con la particularidad de poder renovarse de forma indefinida mientras subsistan las condiciones de vulnerabilidad, lo que impone una exigencia estricta de fiscalización y control periódico de la vigencia civil de los titulares.

Por su parte, el Programa de Integración Urbana de Campamentosutiliza este mismo instrumento como solución habitacional transitoria para hogares que residen en campamentos a lo largo del país, mientras se desarrollan y concretan las obras definitivas de radicación o erradicación. Este programa opera bajo estrictas normativas internacionales de rendición de cuentas debido a su cofinanciamiento mediante el préstamo BID (Ficha de proyecto CH-L1163).

2.  Detalle Paso a Paso de la Irregularidad

El proceso que condujo a la observación de la Contraloría se estructuró en las siguientes etapas críticas:

1. Asignación Original Válida:Las 168 personas involucradas obtuvieron el subsidio de arriendo cumpliendo legítimamente con los requisitos de vulnerabilidad en su No se trató de una asignación fraudulenta inicial.
2. Decesos no Registrados Oportunamente:Los titulares fallecieron durante el período de ejecución del programa (principalmente en el ciclo 2024–2025). Sin embargo, los sistemas de gestión del MINVU no reflejaron el deceso en tiempo real.
3. Continuidad de Desembolsos:Al no actualizarse el estado del contrato en los registros administrativos, los pagos mensuales continuaron depositándose de manera automática a nombre de los titulares fallecidos, sin evaluar si existía un núcleo familiar habilitado para suceder en el beneficio.
4. Acumulación de Demoras Administrativas:El organismo contralor detectó retrasos graves en la gestión de los SERVIU regionales, alcanzando un caso extremo una demora de 133 días corridosdesde el deceso hasta la baja definitiva del contrato.

3.  Cronología de Término de Contratos y Montos

Ante la presión ejercida por el preinforme de la CGR, los equipos ministeriales procedieron a regularizar los contratos de arriendo asociados a los beneficiarios fallecidos. El proceso de cierre se concentró principalmente entre finales de 2024 y agosto de 2025, con dos casos excepcionales cerrados en febrero de 2026.

4.  Causas Raíz e Identificación de Responsabilidades

El análisis técnico y las respuestas institucionales permitieron individualizar las fallas sistémicas que permitieron la ocurrencia de estos pagos:

• Falta de Interoperabilidad Tecnológica:Inexistencia histórica de un canal de comunicación automatizado y en tiempo real entre las bases de datos del MINVU/SERVIU y el Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI).
• Ausencia de Cruces Sistemáticos:Falta de un protocolo institucional obligatorio de verificación trimestral o mensual del estado vital de los beneficiarios activos en programas de subsidio habitacional
• Omisión Regional:Demoras en las oficinas de los SERVIU regionales para procesar las notificaciones de fallecimiento y dictar las resoluciones de término de contrato o sustitución de beneficiario.

5.  Respuesta Institucional y Acciones Correctivas

Las autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo implementaron un plan de mitigación y corrección administrativa:

1. Consulta Trimestral Obligatoria:A partir de agosto de 2025, el MINVU institucionalizó un cruce sistemático trimestral con el Registro Civil para detectar de manera temprana a beneficiarios
2. Cierre del 100% de Casos:La totalidad de los 168 contratos objetados se encuentran actualmente finiquitados, evitando la continuidad de los pagos irregulares.
3. Sumario Administrativo (Resolución Exenta º 1051):En julio de 2026, la Subsecretaría de Vivienda instruyó un sumario formal a cargo de la Dirección Jurídica del Ministerio para establecer responsabilidades administrativas individuales por la falta de control.
4. Instrucción de Reintegro de Fondos:Se ordenó a todos los SERVIU del país iniciar los procesos de cobranza y recuperación de los fondos pagados irregularmente durante los años previos.

6.  Conclusiones y Recomendaciones de Política Pública

El caso de los subsidios de arriendo pagados a personas fallecidas evidencia que el principal punto de vulnerabilidad en la administración de recursos públicos no reside necesariamente en el diseño original del beneficio, sino en la fragilidad de los controles posteriores y en la desarticulación digital entre servicios del Estado.

• Interoperabilidad Real y Permanente:Consolidar una pasarela de datos en tiempo real entre el MINVU y el SRCeI que inhabilite automáticamente los beneficios sociales ante el registro de defunción.
• Extensión del Protocolo:Ampliar la verificación trimestral de vigencia vital a la totalidad de los programas de subsidio de arriendo y habitacionales del MINVU, más allá del Programa de Integración Urbana de Campamentos.
• Transparencia y Auditoría Continua:Publicar los informes consolidados finales de la CGR para permitir un seguimiento ciudadano riguroso de la recuperación de los fondos fiscales.