El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, especificó este viernes las facultades que el Ejecutivo busca mantener en el proyecto de Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública. El secretario de Estado realizó estas declaraciones tras encabezar un operativo de fiscalización nocturna en el centro de Concepción, donde participaron Carabineros, la PDI, Senda y el Servicio de Impuestos Internos.
Según Arrau, la posibilidad de limitar temporalmente la movilidad de personas en determinadas zonas y la intervención de comunicaciones constituyen atribuciones que el gobierno considera centrales en la iniciativa. El ministro explicó que la restricción de desplazamiento permitiría realizar intervenciones focalizadas en sectores específicos, mientras que la interceptación de telecomunicaciones sería útil para desarticular organizaciones de crimen organizado y terroristas. Arrau aclaró que ambas facultades operarían de manera temporal y acotada.
La propuesta ha generado cuestionamientos dentro del oficialismo, particularmente respecto a los 240 días de vigencia sin autorización del Congreso y la afectación de comunicaciones. El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, y el senador RN Andrés Longton anunciaron indicaciones para exigir acuerdo entre el Presidente y el Congreso desde el inicio, revisión cada 30 días y eliminación de la intervención de comunicaciones.
Arrau señaló que aspectos como plazos, mecanismos de control y penas anexas son modificables durante la tramitación legislativa. No obstante, reiteró que el Ejecutivo busca mantener el registro de organizaciones criminales, el estado de excepción policial y las facultades mencionadas. El ministro argumentó que el registro evitaría tener que acreditar la existencia de estas organizaciones en cada investigación.
Fuente: La Tercera.