Cuarenta y ocho gremios empresariales de todo el país firmaron este miércoles una declaración pública en la que respaldan el veto presidencial a la parte de la reforma tributaria que modifica el régimen de pago a 30 días a empresas de menor tamaño. Las organizaciones solicitan al Congreso aprobar ese veto para que la materia se discuta en un futuro proyecto denominado Estatuto Pyme 2.0, según informó La Tercera.
La ley de pago a 30 días obliga a las empresas grandes a pagar a sus proveedores pyme en un plazo máximo de 30 días corridos desde que reciben la factura. El Congreso había aprobado modificaciones a esa norma dentro del proyecto de reconstrucción, pero el Ejecutivo decidió vetarlas. Los gremios firmantes sostienen que, aunque la modificación perseguía un propósito legítimo, el diseño aprobado generaría un efecto contrario: un régimen punitivo frente a eventuales incumplimientos podría llevar a empresas a reemplazar proveedores pyme por otros de menor riesgo, reduciendo así las oportunidades de negocio para las empresas de menor tamaño.
En la declaración, los gremios plantean que cualquier cambio a la normativa de pago a 30 días debe contar con sustento técnico y generar incentivos. Por esa razón, consideran que la decisión del Ejecutivo de retirar la materia del proyecto de Ley de Reconstrucción para abordarla de forma específica en el Estatuto Pyme 2.0 permite una discusión más detallada. Según señalan, esta iniciativa fue comprometida por los ministros de Hacienda y Economía y por el Presidente Kast, y sería construida junto con los gremios representativos de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Qué significa para tu bolsillo: Si eres dueño de una pyme que vende a empresas grandes, la ley actual te garantiza que te paguen en 30 días. El cambio que se discutía podría haber hecho que las empresas grandes prefieran no comprarte por miedo a multas si se atrasan en el pago, lo que te dejaría sin clientes. El veto busca evitar ese riesgo mientras se diseña una norma alternativa.
El futuro Estatuto Pyme 2.0, según la declaración, incorporaría una agenda de medidas orientadas a fortalecer el emprendimiento, mejorar el acceso al financiamiento, impulsar la productividad, reducir trabas regulatorias y generar condiciones para el crecimiento de las empresas de menor tamaño. Los firmantes expresan que esperan que el Congreso respalde el veto presidencial para que la discusión se dé en ese marco, donde podrá construirse una regulación capaz de fortalecer el pago oportuno sin generar efectos adversos para las empresas que se busca beneficiar, según informó La Tercera.