Carta abierta de la Asociación Gremial de Usuarios Importadores Textiles de Zona Franca de Iquique

A.G. (AUIT A.G.) a las autoridades y a la ciudadanía de la Región de Tarapacá

El 10 de julio el Gobierno activó el plan “Modo Empleo”, con la meta de generar 50 mil puestos de trabajo en cuatro meses y un paquete de $50 mil millones en subsidios a la contratación —50% del ingreso mínimo para hombres y 60% para mujeres— disponible desde el 15 de julio. La señal es correcta y la urgencia es real: en Tarapacá la desocupación llegó a 9,0% en el trimestre marzo–mayo de 2026 y casi tres de cada diez ocupados trabajan en la informalidad.

Como asociación gremial adherimos a ese esfuerzo. Pero queremos advertir algo que hoy no está en la conversación regional: hay una decisión en curso en Ginebra que puede restarle a Tarapacá más empleos de los que cualquier subsidio alcance a crear.

Se trata de la discusión sobre textiles usados y residuos textiles en el Convenio de Basilea, que avanza hacia la COP18 de Panamá, en abril de 2027. Si esa discusión termina exigiendo que toda la clasificación de la ropa usada se realice en el país exportador, o sometiendo la totalidad de los movimientos de textiles usados al procedimiento de consentimiento fundamentado previo, el trabajo de revisar, separar, seleccionar y preparar prendas —que hoy se hace en galpones de la Región de Tarapacá— se hará antes del embarque, en otro país. No es una discusión ambiental abstracta: es una discusión sobre dónde se genera el valor y dónde queda el empleo.

Y aquí aparece una contradicción que corresponde resolver ahora. Mientras el Ejecutivo declara que el empleo deja de ser tarea de un solo ministerio para pasar a ser prioridad de todo el país, la línea que Chile ha venido sosteniendo en esta materia empuja en sentido inverso: la Estrategia de Economía Circular para Textiles al 2040, del Ministerio del Medio Ambiente, plantea promover la incorporación de los residuos textiles no peligrosos al ámbito del Convenio de Basilea, sujetos a mecanismos de notificación, autorización y control. Esa orientación se fijó en octubre de 2025, bajo la administración anterior y antes de que el empleo fuera declarado prioridad de Estado, y hasta donde conocemos no fue acompañada de una evaluación de impacto laboral ni de un análisis territorial de sus efectos sobre Tarapacá.

No la objetamos por ambiental. La objetamos por incompleta. Una posición país construida solo sobre el eje ambiental, sin ponderar empleo, actividad económica y capacidad instalada regional, es una posición construida con la mitad de la evidencia. Revisarla no es retroceder en materia ambiental: es aplicarle a la política exterior ambiental el mismo criterio que el propio Gobierno acaba de instalar con Modo Empleo.

Detrás de esta actividad regional no hay solo importadores. Hay clasificadoras y clasificadores, transportistas, bodegueros, comerciantes mayoristas y minoristas, arrendadores de galpones y servicios logísticos. Es, precisamente, el tipo de empleo formal y de proximidad que el plan Modo Empleo busca sostener.

Por qué es importante para Tarapacá

Es empleo femenino.La clasificación textil es una de las pocas actividades de la región que absorbe mano de obra femenina en volumen, sin necesidad de experiencia, estudios o capacitación previa. Según estimaciones del sector, las mujeres ocupan la mayor parte de los puestos de selección en Tarapacá. El propio informe de la Secretaría del Convenio reconoce que este sector sostiene medios de vida formales e informales de manera especialmente relevante para las mujeres, en comercialización y clasificación, y advierte que medidas mal diseñadas o aplicadas de forma inconsistente pueden agravar su vulnerabilidad. Conviene además mirar la coyuntura regional: la recuperación del empleo en Tarapacá viene siendo empujada por las mujeres, con un alza de 13,4% en la ocupación femenina en doce meses y una desocupación femenina de 8,2% en el trimestre marzo–mayo. Golpear la clasificación local es golpear exactamente el segmento que Modo Empleo busca proteger con su subsidio reforzado del 60% del ingreso mínimo.

Es un pilar del ecosistema de la Zona Franca.Los importadores textiles no son un rubro más: son usuarios que arriendan sitios y galpones en el Barrio Industrial y contratan de forma permanente almacenaje, agencias de aduana, transporte terrestre, seguros y servicios financieros. En 2025, con ventas totales del sistema franco por US$4.624 millones CIF, el rubro prendas de vestir alcanzó US$715 millones y creció 29%, uno de los desempeños más fuertes del período. Toda esa infraestructura existe porque la selección se realiza aquí. Si deja de realizarse en Tarapacá, deja de ser necesaria: los galpones, el almacenaje, el transporte y los servicios asociados pierden su razón de ser en la región, y con ellos desaparece el empleo que sostienen.

Son recursos directos para las comunas.Por mandato legal vigente desde 1990, Zofri S.A. transfiere anualmente el 15% de sus ingresos brutos a once municipios de Tarapacá y Arica y Parinacota. En febrero de este año esa transferencia significó más de $4.800 millones para las siete comunas de Tarapacá —Iquique, Alto Hospicio, Camiña, Colchane, Huara, Pozo Almonte y Pica—, con un aporte acumulado que supera los $147 mil millones solo en la región. Dichos fondos no pueden usarse en gasto corriente: financian exclusivamente proyectos de inversión, infraestructura y equipamiento comunitario. La cadena es directa y verificable: menos actividad comercial significa menores ingresos brutos, y menores ingresos brutos significan una transferencia menor al año siguiente. El impacto no se reparte de manera uniforme. Las comunas del interior, con presupuestos propios reducidos, son las que más dependen de este mecanismo para pavimentar, iluminar y equipar. Una decisión adoptada en Ginebra puede terminar restando obras en Colchane y en Camiña.

Qué se está discutiendo realmente

Por decisión BC-17/21, la Conferencia de las Partes del Convenio de Basilea incorporó los textiles usados y los residuos textiles al programa de trabajo 2026–2027 e invitó a las Partes y observadores a presentar antecedentes hasta el 15 de noviembre de 2025. Con esos insumos, la Secretaría preparó el documento UNEP/CHW/OEWG.15/INF/22, discutido en la decimoquinta reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta (OEWG-15), celebrada en Ginebra entre el 23 y el 26 de junio de 2026.

Ese informe no propone una sola solución: ordena un abanico de opciones. Entre ellas, directrices técnicas de manejo ambientalmente racional (A1) y criterios para distinguir textiles reutilizables de residuos textiles (A2); certificación de instalaciones de clasificación y exportación (B1); trazabilidad, inspección y fiscalización de los movimientos, en particular en los países exportadores(B2); fortalecimiento de la certificación e inspección en los países importadores (B3); armonización entre los códigos de Basilea y los códigos aduaneros del Sistema Armonizado (C2); e infraestructura, innovación y protección de los trabajadores del sector (D1 a D3).

En el otro extremo del abanico está la propuesta de listar todos los textiles usados y residuos textiles en el Anexo II —salvo prueba en contrario—, sometiéndolos por defecto al consentimiento previo. El propio informe recoge las advertencias sobre esa vía: cargas administrativas y demoras, acumulación de material, interrupción de sistemas de recolección, reducción de la capacidad de clasificación y reciclaje, menor disponibilidad de ropa de segunda mano asequible y efectos adversos sobre el empleo y las pymes de toda la cadena de valor, con impacto agravado sobre trabajadoras del sector de selección. En OEWG-15 no hubo consenso: se acordó seguir reuniendo información y desarrollar orientación técnica antes de considerar nuevas medidas regulatorias en la COP18.

Dónde está Chile

De los 191 Estados Parte del Convenio, doce presentaron antecedentes en el llamado de noviembre de 2025: Angola, Azerbaiyán, Bangladesh, China, República Democrática del Congo, la Unión Europea y sus Estados miembros, Japón, Mónaco, Mozambique, Noruega, Yemen y Zambia. A ellos se sumaron veintidós observadores, incluidos gremios de comerciantes de ropa usada de África y de Europa que defendieron con datos su empleo local.

Chile no figura entre las Partes que presentaron antecedentes, pese a ser el mayor importador de textiles usados de América Latina. La orientación sectorial señalada al inicio de esta carta, en cambio, sigue plenamente vigente.

No cuestionamos el objetivo ambiental. Cuestionamos que la posición nacional se construya sin la evidencia productiva y laboral de la región que concentra el flujo. Una posición país sobre textiles usados que no incorpore a Tarapacá está incompleta.

Lo que proponemos

Nuestra posición se sostiene en tres pilares: trazabilidad, control y reutilización.

  1. Que Chile respalde en la COP18 las opciones que ordenan el comercio sin destruirlo: criterios técnicos para distinguir textil reutilizable de residuo (A2), certificación e inspección de instalaciones en origen y destino (B1–B3), armonización con los códigos aduaneros (C2) e infraestructura y protección de trabajadores (D1–D3).
  2. Que Chile no respalde el listado indiscriminado de todos los textiles usados en el Anexo II ni la aplicación universal del consentimiento previo, por ser desproporcionado respecto del problema que se busca corregir y contrario al objetivo de circularidad.
  3. Que la Cancillería y el Ministerio del Medio Ambiente convoquen formalmente a la Región de Tarapacá

—Gobierno Regional, parlamentarios, municipios y sector privado— antes de fijar la posición nacional, y que esa posición se construya sobre datos regionales verificables de volúmenes, reutilización, venta y fracción residual.

No pedimos excepciones: ofrecemos capacidad

Este gremio no está pidiendo quedar al margen de la regulación ambiental. Está invirtiendo para cumplirla. En Alto Hospicio se construye la que será la mayor planta de reciclaje textil del país, orientada a hacerse cargo de la fracción no reutilizable mediante reciclaje y valorización, en línea con la Ley REP y con la responsabilidad extendida del productor.

Eso es exactamente lo que el país dice buscar: industria nueva, empleo formal nuevo y una cadena que cierre su ciclo en el mismo territorio donde genera actividad. Clasificar en Tarapacá y reciclar en Tarapacá no es un privilegio regional: es la única forma de que la trazabilidad sea verificable y de que el empleo se quede aquí.

Chile puede llegar a Panamá 2027 con una posición técnica, documentada y coherente con su propia política de economía circular. Para eso necesita mirar al norte antes de fijarla.