La lluvia intensa y el fenómeno observado recientemente en Estación Central reabrieron el debate sobre la preparación de Chile frente a los eventos extremos. Álex Godoy, investigador del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Universidad del Desarrollo, advierte que el desafío no consiste solamente en enfrentar las emergencias, sino en transformar la planificación urbana, la inversión pública y las decisiones productivas a partir de la evidencia científica.

Por Paulina Silva

La lluvia comenzó a poner a prueba a Santiago en plena primavera. Calles anegadas, granizos, interrupciones de servicios y daños en viviendas e infraestructura marcaron las jornadas recientes. En Estación Central, el fenómeno observado recientemente añadió un episodio inusual a una emergencia que obligó a activar los sistemas de respuesta y dejó en evidencia la vulnerabilidad de distintos sectores de la capital.

La emergencia instaló una pregunta que va mucho más allá del pronóstico del tiempo, ¿están preparadas nuestras ciudades para enfrentar los riesgos ambientales de un clima que cambia? La respuesta también depende de las decisiones que se toman mucho antes de que llegue la lluvia, como dónde se construye y cuánto se invierte en prevención.

La experiencia de Álex Godoy en evaluaciones del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES) y en el Comité Científico Asesor para el Cambio Climático de Chile aporta un marco relevante para comprender los desafíos que enfrenta el país, y desde esa perspectiva propone mirar la contingencia a largo plazo.

Su planteamiento parte de una distinción fundamental, ‘Un evento meteorológico extremo, como una lluvia intensa o el fenómeno observado recientemente en Estación Central, no puede atribuirse automáticamente al cambio climático. Para eso necesitamos estudios específicos que permitan establecer esa relación. Sin embargo, estos episodios ocurren en un contexto climático que efectivamente está cambiando’.

Para Godoy, la intensidad de una lluvia no explica por sí sola la magnitud de sus consecuencias, el riesgo no depende solo de la intensidad del fenómeno, sino también de dónde se construye, cómo se diseñan las ciudades y qué tan vulnerables son sus infraestructuras.

Durante décadas, la planificación de infraestructura se apoyó en los registros históricos, suponiendo que el pasado sería representativo del futuro, pero esa premisa es cada vez menos confiable. Godoy plantea que los escenarios climáticos futuros deben incorporarse en el diseño de sistemas de drenaje, viviendas, hospitales, redes eléctricas y transporte. En términos concretos, esto supone proteger quebradas, recuperar humedales urbanos y restringir la ocupación de áreas expuestas a inundaciones o remociones en masa.

Chile cuenta con instrumentos como el Atlas de Riesgos Climáticos y la Ley Marco de Cambio Climático. El desafío, advierte el investigador, consiste en transformarlos en decisiones concretas en cada territorio, para lo cual es importante fortalecer las capacidades técnicas y financieras de los municipios.

‘Una ciudad resiliente no es aquella que nunca enfrenta una emergencia, sino aquella que anticipa los riesgos, reduce los daños y mantiene funcionando sus servicios esenciales cuando ocurre un evento extremo’

El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 contempla una reducción cercana al 60% en la asignación específica destinada a cambio climático y la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC). Esta cifra corresponde a lo contemplado en el proyecto y debe distinguirse de una reducción efectivamente ejecutada.

Para Godoy, la responsabilidad fiscal y la adaptación climática no son objetivos incompatibles. Es legítimo evaluar resultados y mejorar su eficiencia, pero reducir capacidades preventivas sin considerar los costos futuros puede terminar aumentando el gasto destinado a emergencias y reconstrucción.

La existencia de planes no garantiza, por sí misma, que los riesgos estén disminuyendo. No se trata de exigir que el Estado impida todos los fenómenos naturales, sino de determinar si utiliza adecuadamente el conocimiento disponible. La evaluación debe traducirse en indicadores verificables, como cuántas personas han reducido su exposición a inundaciones o si los sistemas de alerta permiten que las comunidades actúen a tiempo.

‘El verdadero indicador de éxito de una política de adaptación no debería ser cuántos planes elaboramos o cuánto presupuesto ejecutamos, sino cuánto logramos reducir el riesgo y proteger efectivamente a las personas

El desafío climático tampoco corresponde exclusivamente al Estado, las empresas y los sectores productivos deben revisar cómo utilizan los recursos naturales y enfrentan los riesgos ambientales. Para Godoy, las transformaciones deben expresarse en resultados medibles, y su planteamiento invita a superar una discusión que suele enfrentar crecimiento económico y protección ambiental como si fueran necesariamente incompatibles.

Al mirar hacia el futuro, Godoy identifica una tarea prioritaria, mejorar la capacidad de Chile para anticipar riesgos y tomar decisiones integradas. El cambio es institucional y cultural, supone dejar de considerar la sustentabilidad como una restricción al desarrollo y entenderla como una condición para mantener el bienestar, la competitividad y la calidad de vida en el largo plazo.

‘Si pudiera resumir esa aspiración en una idea, sería contribuir a que Chile aprenda a anticipar su futuro, en lugar de limitarse a reaccionar frente a él’.

La idea que atraviesa el análisis de Godoy es que la adaptación no debe activarse únicamente cuando los daños ya son visibles. Debe formar parte de la planificación habitual del país, desde las decisiones locales de infraestructura, hasta las grandes estrategias de desarrollo.