n conversación con el espacio radial Turno AM, la exministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, arremetió duramente contra el Presidente José Antonio Kast tras la decisión del Ejecutivo de mantener su respaldo al ministro de Justicia, Fernando Rabat. La controversia política estalló tras conocerse la concesión de rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por delitos de abuso y violencia sexual contra menores de edad.

Durante la entrevista, Vallejo calificó de insostenible la permanencia del titular de Justicia en el gabinete ministerial y criticó el blindaje prestado por el Mandatario ante la gravedad de los hechos.

“Por razones menos graves han sacado ministras”, aseveró la exautoridad, remarcando el severo contraste de criterios en la exigencia de responsabilidades políticas frente a decisiones que atentan directamente contra la confianza en el sistema de justicia y la protección integral de la infancia.

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Críticas a la gestión de la crisis y responsabilidad política

La exsecretaria de Estado sostuvo que la señal entregada por el Gobierno al mantener en el cargo al ministro Rabat mina la credibilidad de las instituciones encargadas de velar por la seguridad de los más vulnerables. A su juicio, los decretos firmados por la cartera de Justicia no solo representan un error de evaluación política, sino un retroceso en los compromisos del Estado en materia de derechos humanos y protección a la niñez.

Vallejo hizo hincapié en el doble rasero que, a su parecer, ha mostrado la actual administración al evaluar la continuidad de sus colaboradores. Recordó que en periodos anteriores se exigieron dimisiones e inmediatas responsabilidades ante contingencias de menor impacto social, mientras que en este caso —que involucra benefactores de condenas por abusos a menores— se ha optado por un cierre de filas desde La Moneda.

Cuestionamiento al mensaje de impunidad

En el transcurso de la conversación radial, Vallejo enfatizó que las explicaciones entregadas desde el Ministerio de Justicia hasta la fecha resultan insuficientes para aminorar la alarma pública. Señaló que la rebaja de penas a agresores sexuales de menores transgrede el sentido común y la reparación debida a las víctimas.

Asimismo, instó al Presidente de la República a reconsiderar su postura y asumir el costo político que implica una decisión de esta envergadura, advirtiendo que sostener al ministro de Justicia debilita la postura ética del Ejecutivo frente a delitos de alta connotación social.

Claves del conflicto

  • Respaldo presidencial en debate: La permanencia de Fernando Rabat al frente del Ministerio de Justicia ha generado un amplio rechazo opositor y cuestionamientos dentro del propio espectro político.

  • Contraste de criterios: La exvocera subrayó la asimetría con la que se han aplicado las exigencias de renuncia en comparación con episodios de menor severidad en la historia reciente.

  • Alarma institucional: Las organizaciones y figuras públicas continúan advirtiendo sobre el peligroso precedente que sientan estas medidas en la persecución y sanción de delitos sexuales contra menores.