El proceso de conteo oficial a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mantuvo al país en vilo. Mientras los primeros avances del escrutinio y los resultados de Lima —bastión histórico del fujimorismo— le daban una ventaja inicial a la líder de derecha, el ingreso paulatino de las actas de las zonas rurales del interior y el sur peruano impulsaron con fuerza a Roberto Sánchez, llegando a registrar un empate técnico que separaba a ambos candidatos por apenas unas decenas de miles de votos.
La balanza terminó por inclinarse definitivamente a favor de Fujimori gracias a la incorporación de los últimos lotes de actas pendientes de las regiones amazónicas remotas y, de manera crucial, el procesamiento del voto en el extranjero, donde la candidata de Fuerza Popular históricamente consolida un fuerte respaldo.
El fantasma de los 40,000 votos
Para Keiko Fujimori, este triunfo rompe una racha de tres derrotas consecutivas en el balotaje (2016 ante Kuczynski y 2021 ante Castillo), procesos que se habían definido en su contra precisamente por márgenes mínimos de alrededor de 40,000 sufragios. En esta ocasión, la diferencia porcentual final se situó por debajo del 0.3%, consolidando la tendencia de un electorado profundamente polarizado y dividido en dos mitades casi exactas.
“Serán días para convocar a la unidad, no a la división. El país ha hablado y nos exige gobernar para absolutamente todos los peruanos”, señalaron fuentes cercanas al entorno de Fuerza Popular, manteniendo la cautela hasta la resolución de las últimas actas observadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE).
Los desafíos inmediatos para el periodo 2026-2031
La victoria de Fujimori la convierte en la llamada a asumir la presidencia el próximo 28 de julio, con el reto titánico de otorgar estabilidad a una nación que ha visto desfilar a ocho mandatarios en los últimos diez años debido a constantes crisis institucionales y destituciones.
Con un Congreso que se proyecta fragmentado y una oposición liderada por Sánchez que mantiene una fuerte representación y arrastre en el Perú profundo, la nueva administración enfrentará una presión inmediata por responder a las demandas urgentes de seguridad ciudadana, reactivación económica e inclusión social en las regiones postergadas.